Ayer dejó de funcionar el equipo de fiscales dedicados a la operación Lava Jato, que desde 2014 investigó una serie de esquemas de corrupción vinculados, entre otras cosas, a la estatal Petrobras y la constructora Odebrecht, y que derivó en causas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La disolución del equipo, vinculada a una decisión adoptada en diciembre por el Ministerio Público y ejecutada ahora, llega mientras se multiplican las preguntas sobre la imparcialidad de quienes participaron en la investigación, incluido el exjuez y exministro Sérgio Moro y el fiscal de la causa, Deltan Dallagnol.
La continuidad del equipo especial de fiscales comenzó a ser cuestionada el año pasado, cuando las investigaciones dejaron de dar nuevos resultados. A su vez, en ese entonces el medio digital The Intercept empezó a revelar conversaciones a través de Telegram entre los fiscales del equipo, incluido Dallagnol, y el entonces juez de la causa, Sérgio Moro, que generaron dudas acerca de sus motivaciones al impulsar la causa.
De Lava Jato a Caso Odebrecht
Las investigaciones de la Operación Lava Jato trascendieron las fronteras de Brasil. Las confesiones de los ejecutivos del grupo Odebrecht tuvieron un efecto dominó que sacudió los cimientos en más de una decena de países de América Latina.
El escándalo, que pronto pasó a ser llamado Caso Odebrecht, salpicó a presidentes y expresidentes del continente acusados de haber participado en una de las mayores redes de sobornos de la historia.
Entre los investigados figuraba el exmandatario peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por presunto lavado de activos provenientes de coimas de Odebrecht.
De acuerdo con la Fiscalía brasileña, en los últimos siete años la Lava Jato registró un total de 735 pedidos de cooperación internacional, datos que “demuestran la seriedad y eficacia de la operación”.
El futuro de los fiscales
Pese a que el grupo de trabajo de la Lava Jato deja de existir, algunos de sus integrantes pasarán a actuar en el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) para dar continuidad a los trabajos, informó ayer la Fiscalía de Paraná, estado en el que estaba asentado el equipo. “El legado del grupo Lava Jato es innegable y loable, considerando los avances que tuvimos en discutir temas tan importantes y caros a la sociedad brasileña”, afirmó el coordinador del núcleo de la Lava Jato en el Gaeco, Alessandro José de Oliveira.
En los siete años en que estuvo vigente la operación fueron llevadas a cabo 1.450 órdenes de allanamiento, 211 conducciones coercitivas, 132 mandatos de prisión preventiva y 163 de arresto temporal. En total fueron devueltos a las arcas públicas unos 811 millones de dólares gracias a 209 acuerdos de colaboración con algunos de los acusados de participar en tramas corruptas.
Las críticas la operación
La Lava Jato no ha estado exenta de críticas. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.
Las conversaciones reveladas por The Intercept generaron un enorme revuelo y pusieron en tela de juicio la imparcialidad de los fiscales, pues insinuaban que, de forma ilegal, Moro coordinó acciones del proceso que llevó a Lula a la cárcel en uno de los casos de corrupción.
En 2019, Moro pasó a ser ministro de Justicia en el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, adversario político de Lula, aunque renunció el año pasado enemistado con el gobernante, a quien acusó de interferir políticamente en la Policía Federal.
Las investigaciones sobre Lula
Tras pasar un año y siete meses entre rejas, Lula responde hoy en libertad ante varios procesos judiciales iniciados en el marco de la Lava Jato. Esta semana el Supremo Tribunal Federal validó como auténticas –y, por tanto, como prueba– las conversaciones reveladas por The Intercept. Los abogados de Lula han argumentado que estos diálogos revelan una motivación política de Moro y los fiscales.
En esas conversaciones, los interlocutores acuerdan procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablan de operar a periodistas y defienden haber cometido ilegalidades ya que estaban respaldados por “apoyo popular y de los medios”, recordó la agencia de noticias Télam.
La validación de esas conversaciones como prueba podría derivar en la anulación de algunas de las iniciativas judiciales impulsadas por Moro y Dallagnol, los más involucrados en esos diálogos.