El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) envió este martes un informe a la Asamblea General sobre las reformas en el mercado de combustibles, donde plantea —ratificando las ideas surgidas de un comité de expertos que convocó el gobierno— eliminar la mezcla de biodiésel en el gasoil por los “sobrecostos” que implica, y, como “medida parcialmente compensatoria” crear un impuesto a las emisiones. Además, se propone generar “una nueva regulación” para el supergás, cuyo precio hoy está subsidiado por el Estado, y limitar a “un monto fijo” el subsidio al transporte público dentro del precio del gasoil.
Con este documento culmina una de las etapas definidas en la ley de urgente consideración (LUC), en que la coalición de gobierno acordó, además de dejar de lado la desmonopolización de Ancap, tomar como referencia para los precios al público del combustible la paridad de importación e iniciar un proceso de revisión del mercado que lleve a reformas. Para dar cumplimiento a los planteos, el MIEM deberá en algún caso enviar al Parlamento proyectos de ley y en otros puede actuar por la vía de decretos.
El gobierno aclaró en el mensaje elevado al Parlamento que deben diferenciarse “los resultados esperados” de los “deseados” respecto de los combustibles tras implementar las reformas: “Se espera que la reforma dote a los agentes de los incentivos y las condiciones necesarias para que exista un mercado más competitivo y eficiente, y por lo tanto de combustibles más accesibles para la población. En tal sentido, el resultado deseado es que dichas condiciones sean suficientes para ejercer una presión competitiva en el mercado, que impacte en una baja real del precio de los combustibles”.
Biocombustibles e impuesto a las emisiones
Entre los temas que requieren una modificación legal para realizar reformas están los biocombustibles, que produce Alcoholes del Uruguay (ALUR) —subsidiaria de Ancap— y cuyos costos de producción son trasladados a precios. Según el informe del MIEM, este esquema genera “un fuerte subsidio implícito” a ALUR, porque vende el etanol y el biodiésel más caro —entre 100% y 400%, se menciona— “que sus alternativas importadas”.
Esta regulación para los biocombustibles viene de una ley de 2007 surgida de un acuerdo multipartidario, que obligó a la mezcla con productos de producción nacional como forma de reactivar especialmente el sector azucarero de Bella Unión. El MIEM entiende que “las ventajas de incorporar biocombustibles en cuanto a reducción de emisiones y en la generación de empleos se han visto opacadas por un impacto muy fuerte en los costos de los combustibles, que se han trasladado al usuario final”.
Además, el gobierno evalúa que la planta de etanol de ALUR en Paysandú es “la más eficiente”, la de Bella Unión centrada en el mismo producto “la que más relevancia tiene en la economía local”, y la de Capurro que produce biodiésel aumenta “el precio final del gasoil de forma significativa, sin mejorar el producto final”. Por esto, el MIEM “entiende necesario derogar” la disposición legal que obliga a mezclar 5% de biodiésel, previendo “una reducción del valor del gasoil que pueda ser trasladable al público”.
Sobre la planta de Capurro, cuando en diciembre el comité de expertos del MIEM presentó sus ideas, el abogado Gonzalo Irrazabal aclaró que implica 40 puestos de trabajo y que hay un contrato con la firma Cousa por el servicio de molienda hasta 2028, que debe pagarse “se use o no” la materia prima para producir biodiésel.
A su vez, el informe elevado al Parlamento marca que la decisión sobre el biodiésel puede afectar “los compromisos ambientales asumidos por el país” en materia de emisiones de gases contaminantes. En ese sentido, se menciona como “medida parcialmente compensatoria y de forma de empezar a establecer mecanismos más apropiados de premios y castigos con respecto al cuidado del medioambiente”, evaluar la creación de “un impuesto por emisiones de CO2 (dióxido de carbono)” asociado a la tasa de Imesi e IVA de los combustibles.
El informe también habla sobre otro ítem que incide en el precio final: el fideicomiso del boleto, que se nutre de una tasa aplicada al gasoil (que hoy representa 9% del valor al público) que luego se distribuye entre las empresas de transporte. Una opción planteada es que el impuesto a las emisiones que se aplique al gasoil sea volcado al fideicomiso. Además, se señala que el Poder Ejecutivo “analizará en profundidad todo el instrumento”, porque los incentivos actuales “no son los adecuados” y se buscará “volver a establecer un monto fijo del subsidio”, como decía el decreto original.
Sobre otros asuntos asociados al mercado de combustibles, el MIEM ratificó en gran medida la hoja de ruta que trazó la comisión de expertos, que consta de cuatro etapas en un proceso gradual de tres años, para llegar a un escenario final de precios al público iguales a la paridad de importación en lo que respecta a Ancap y de un mercado secundario —fleteros, distribuidores y estaciones de servicio— sin márgenes prefijados sino en libre competencia.
Regulación del supergás
Acerca del supergás, el informe señala que “es un producto con un alto nivel de subsidio implícito”, lo que “se ve reflejado en la brecha” entre la paridad de importación y el valor al público, que “es inversa a los demás combustibles”. En otras palabras, el precio del supergás está subsidiado por Ancap, que lo vende un 45% por debajo del costo teórico. Se trata de “un subsidio genérico”, según el MIEM, “inconveniente como instrumento de política social, pues se distorsiona el mercado de los energéticos, aumentando el consumo y llegando a sectores que no lo necesitan”.
En ese sentido, se marcó que el subsidio en el supergás debería focalizarse en “el sector socioeconómico más vulnerable y para usos básicos de cocción y calefacción de la vivienda”, y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Además, el MIEM apuntó que ANCAP “participa de la fase de envasado a través de Gasur, en acuerdo con algunos envasadores-distribuidores”, y “los contratos han sido observados por considerarse anticompetitivos”. Ante eso, propone “un proceso de transición donde ANCAP establece nuevos contratos de suministro y se independiza del envasado y distribución”, lo que podría incluir “la venta de las plantas de envasado mediante un proceso competitivo”. En paralelo y con miras a 2023, cuando vencen los contratos vigentes de Ancap, se encomendará a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua la generación de “una nueva regulación para fomentar la mejora de los costos de la cadena”.