En la reunión del directorio del INAU celebrada el miércoles, la representante del Frente Amplio, Natalia Argenzio, propuso que ese organismo rescinda los convenios que suscribió con la Intendencia de Paysandú para la gestión de ocho centros CAIF y el Centro Siempre.
Tal como fue informado por la diaria, a pocos días de finalizar 2020 la comuna sanducera, de modo unilateral, lanzó un llamado a licitación para gestionar los recursos humanos de esas instituciones educativas.
El llamado estuvo abierto entre el 23 y el 30 de diciembre. A Ganar fue la única oferente en esa convocatoria, y desde el pasado 1º de febrero está a cargo de esos centros de enseñanza, sin haber mediado la intervención del organismo rector en las políticas de infancia.
El directorio del INAU no ha mostrado una posición uniforme sobre este asunto. El 13 de enero Argenzio propuso al presidente Pablo Abdala (Partido Nacional) y al vicepresidente Aldo Velázquez (Cabildo Abierto) citar a la Intendencia de Paysandú a una instancia de diálogo “para escuchar su versión de lo sucedido”, así como “la aplicación de la medida de no innovar” en esos convenios y solicitar informes a diversas subdirecciones de ese ente, “a los efectos de recabar la información necesaria para la dilucidación de la situación y sus consecuencias jurídicas sobre INAU”, recordó la directora.
Abdala votó en contra de ese planteo, mientras que Velázquez se abstuvo de tomar posición al respecto. No obstante, Argenzio requirió los informes a diversas reparticiones de ese organismo; y también lo hizo a la comuna sanducera, sin recibir respuesta de sus autoridades.
Claros apartamientos
De acuerdo al informe realizado por el área jurídica del INAU, la Intendencia de Paysandú tomó “claros apartamientos” de disposiciones del Código Civil, del reglamento general de convenios del INAU y del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) al resolver el traspaso de la gestión de esos centros a un tercero de modo unilateral. Además, la comuna sanducera desvirtuó “la esencia política pública consagrada en nuestra normativa en lo referente al posicionamiento de INAU como rector de las políticas de infancia, vulnerando de esta forma también los derechos de niños y niñas atendidas en los mismos”.
El informe sostiene que “cualquier apartamiento de estos principios” trae aparejado “como consecuencia una situación de incumplimiento con el correlativo resarcimiento de daños y perjuicios que derivarán de la rescisión del contrato”.
Asimismo, establece que la Intendencia de Paysandú “debió cumplir con la ejecución del Proyecto de atención en los términos por las cuales fue evaluado”, “que incluye la selección del personal que cumpla con los requisitos y perfiles de casa caso, según modalidades de atención” y que “toda designación de una persona jurídica para la gestión de proyectos con el Organismo requiere como presupuesto necesario la evaluación de la propia entidad y de su proyecto”.
“Únicamente a INAU le compete la selección de las entidades y/o proyectos mediante llamado público y abierto que efectuará el mismo organismo o por designación directa del directorio de INAU, por lo cual la licitación llevada a cabo por la Intendencia de Paysandú es nula a los efectos del ordenamiento jurídico vigente, por lo que es responsabilidad absoluta de la Intendencia de Paysandú las consecuencias jurídicas de la misma y todas las responsabilidades que de ella deriven”.
En función de esos elementos, Argenzio solicitó al directorio del INAU la rescisión de los convenios con la Intendencia de Paysandú y “disponer la realización de llamados públicos abiertos a organizaciones de la sociedad civil interesadas en gestionar los proyectos, con el debido proceso, en el marco de la política pública socioeducativa que garantice la protección y promoción de los derechos de niños y niñas”.
Así las cosas, el próximo miércoles 10 el directorio del INAU deberá resolver si rescinde el convenio con la Intendencia de Paysandú o si finalmente avala la tercerización de la gestión de los centros de primera infancia ejecutada por el intendente Nicolás Olivera. “Mi propuesta se discutió el miércoles 3, y se decidió tomar una determinación el miércoles 10 de febrero, de modo que los restantes directores puedan estudiar el informe de Jurídica”, dijo Argenzio a la diaria. “Espero que el directorio resuelva la rescisión de esos convenios, porque es la única forma de salvaguardar las trayectoria que tienen las políticas de primera infancia en el Uruguay. Todo lo que hagamos tiene que ser en el marco de la ley, y si se mantienen vigentes esos convenios se pondrá en riesgo una política de Estado que ha pasado por los diferentes gobiernos de los diversos partidos políticos que fueron sucediéndose en el gobierno nacional”, concluyó.