El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo lugar a un recurso cursado por el abogado Juan Ceretta y solicitó al Estado uruguayo la suspensión de los desalojos del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina, o que se otorgue una vivienda alternativa para sus habitantes, en una carta que envió el jueves. Si bien el pronunciamiento no tiene carácter preceptivo y no hay un procedimiento para obligar a Uruguay a hacer cumplir este tipo de resoluciones, Ceretta afirmó que el país históricamente “ha ratificado siempre” estas recomendaciones, por lo que sería “impensado” que no cumpla con lo pedido.
El fiscal a cargo del caso, Diego Pérez, consideró que “desde el punto de vista de la obligación del Estado de brindar una solución” el pronunciamiento es “bienvenido”, pero advirtió que a nivel penal “no genera ninguna consecuencia”, por lo que “no va a parar ningún procedimiento” y “no va a evitar que la gente que se tenga que ir se vaya”. En ese sentido, aseguró que “se le están generando falsas expectativas a la gente” que habita en el asentamiento, y advirtió que su equipo maneja la posibilidad de cambiar la estrategia que venía desarrollando, por considerar este movimiento una muestra de “mala fe” de la defensa.
“Esta estrategia es hasta poco inteligente. ¿Qué juez va a venir y decir 'usted siga cometiendo el delito, quédese ahí'? Para mí hay una notoria mala fe, una notoria mala intención de confundir las cosas. Nosotros nos vamos a encargar de aclararlas y nos obligarán a cambiar la estrategia”, adelantó Pérez en diálogo con la diaria. El fiscal afirmó que hablar de “desalojos” en este caso es una “interpretación antojadiza” porque, en cambio, se trata de “medidas cautelares que fueron acordadas con las defensas y los propios imputados, que fueron, del elenco de medidas cautelares, las más beneficiosas”.
“Nosotros teníamos y tenemos argumentos como para pedir la prisión preventiva de las personas, [pero] encontramos la mejor manera de contemplar los intereses de todos los involucrados”, aseguró Pérez, y agregó que “la alternativa” que le queda a la Fiscalía “es hacer un juicio” y “condenar a las personas”, lo cual se había “tratado de evitar”. “A mí no me causa ninguna gracia hacer este tipo de acciones, porque acá se ha intentado decir que yo prácticamente disfruto de echar gente a la calle; es todo lo contrario. Pero obviamente tengo obligaciones como fiscal”, manifestó.
El delito base por el que se investigó a los ocupantes de los terrenos pertenecientes a Devralix SA es usurpación, pero Pérez y su equipo mantienen la hipótesis de que se trata de una “ocupación organizada” por tratarse de una “zona estratégica para determinadas actividades ilícitas”. “Hay gente que está operando en contra de una solución para la gente realmente necesitada, porque el interés de la ocupación es otro”, aseguró Pérez. Hasta el momento, la causa acumula unos 50 imputados. La ocupación comenzó en enero de 2020, y llegaron a vivir allí más de 700 familias. Un año y un mes después, se estima que quedan entre 200 y 300 familias.
Para Ceretta, esta intervención de la ONU es “una oportunidad” para Uruguay, en el sentido de que “si lo soluciona amistosamente, en un ámbito de diálogo y negociación, va a quedar bien parado” frente al organismo internacional. En su opinión, si el gobierno realoja a estas familias, el problema “se acabó”. En tanto, “si el gobierno no da una solución, hay que ver qué decide el juez, porque ahí sería el Poder Judicial el que estaría desoyendo, ya no sería solamente la Fiscalía”, señaló, y consideró que el Poder Judicial no está “tan desalineado con las recomendaciones de Naciones Unidas”. “Normalmente, en este tipo de resoluciones su eficacia depende del Estado vinculado. Si esta resolución se dicta en Corea del Norte, no sirve para nada. Si se dicta respecto de Venezuela, no va a servir para nada. Ahora, Uruguay tiene un lugar de prestigio y de consideración en el ámbito internacional que a nuestro juicio debería considerar”, añadió.
La propuesta de la IM
En diciembre, la directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo (IM), Adriana Gorga, y el director de Tierras y Hábitat de la comuna capitalina, Sebastián Moreno, recibieron a una delegación de las familias que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo. En esa reunión, según supo la diaria, los jerarcas manifestaron a los vecinos que la IM tiene tierras para realojar a las familias, pero no cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para la construcción de las viviendas. “Tierra hay, lo que no está es el compromiso del MVOT para la construcción de las viviendas”, sostuvieron las fuentes.
la diaria intentó comunicarse con la ministra de Vivienda, Irene Moreira, pero no obtuvo respuesta. En tanto, fuentes del MVOT sostuvieron que hay “sintonía” entre la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y Moreira en cuanto a la necesidad de darle prioridad a este asunto.
El rol del Mides
El jueves, cuando llegó la misiva de la ONU a la Cancillería, desde allí se remitió a los organismos que se consideraron “competentes” en este caso: el Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Sin embargo, fuentes del Mides consultadas por la diaria afirmaron que el rol de este ministerio es secundario en estos ámbitos, y que en la primera línea debería estar el MVOT: “La solución habitacional es un tema de Vivienda. El Mides puede tener participación, como en todos los trabajos de realojo, en lo que tiene que ver con algún trabajo de censo que se puede hacer dentro del asentamiento para saber la gente que hay y la situación en la que está, pero el tema de fondo, que es vivienda, no es un tema de este ministerio”, indicaron. En ese sentido, señalaron que “si Vivienda no está enterado, el Mides lo va a tener que poner en conocimiento, porque es un actor fundamental en todo esto, junto con el Plan de Mejoramiento de Barrios y la IM”.
Fabiana Molina vive desde hace un año en Nuevo Comienzo con su familia. En diálogo con la diaria, afirmó que la respuesta de la ONU generó “tranquilidad” en los vecinos, aunque están al tanto de que es una prórroga temporal. “Tenemos que esperar por el Estado, que es el que se tiene que hacer cargo. Por ahora sabemos que por dos meses va a estar todo tranquilo: no va a entrar la Policía, no va a haber más allanamientos ni nada de eso”, expresó.
Molina afirmó que también están al tanto de que “el fiscal va a seguir trabajando, porque es su trabajo, porque los dueños quieren su terreno”, pero destacó que “en una mesa de mediación en la que estuvimos sentados con el fiscal él dijo que le gustaría que si sale una solución la gente que fue procesada también la tuviera; él tiene su parte humanitaria”, afirmó. No obstante, “también está el tema de que nos procesan por ocupar un terreno privado, pero si nos tiran a la calle también nos procesan por andar en la calle, porque es un delito”, señaló Molina, que actualmente ejerce la vocería de las familias de Nuevo Comienzo.