El miércoles la mayoría del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) votó en contra de la moción presentada por la representante del Frente Amplio, Natalia Argenzio, para rescindir los convenios que ese organismo suscribió con la Intendencia de Paysandú para la gestión de ocho centros CAIF y el Centro Siempre. El presidente de ese organismo, Pablo Abdala (Partido Nacional), y el vicepresidente, Aldo Velázquez (Cabildo Abierto), sostuvieron que no hubo “cesión del convenio” a un tercero por parte de la comuna sanducera al tercerizar la gestión de los recursos humanos.
Tal como fuera informado por la diaria, a pocos días de finalizar 2020 la comuna sanducera, de modo unilateral, lanzó un llamado a licitación para gestionar el personal que trabaja en esas instituciones educativas.
Argenzio argumentó su pedido con un informe elaborado por el área jurídica de ese organismo, en el que se señala que la Intendencia de Paysandú hizo “claros apartamientos” de disposiciones del Código Civil, del reglamento general de convenios del INAU y del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) al resolver el traspaso de la gestión de esos centros a un tercero de modo unilateral. Además, según el informe de Argenzio, la comuna sanducera desvirtuó “la esencia política pública consagrada en nuestra normativa en lo referente al posicionamiento del INAU como rector de las políticas de infancia, vulnerando de esta forma también los derechos de niños y niñas atendidas en los mismos”.
El informe sostiene que “cualquier apartamiento de estos principios” trae aparejado “como consecuencia una situación de incumplimiento con el correlativo resarcimiento de daños y perjuicios que derivarán de la rescisión del contrato”.
Posturas
Abdala y Velázquez, votaron en contra de la rescisión de los convenios con la intendencia de Paysandú. Abdala dijo a la diaria que no advierte “ninguna ilegalidad en lo que ocurrió, al menos en lo que concierne a INAU, a través de los nueve convenios que tiene firmados con esa intendencia”. “Yo no creo que haya habido una cesión del convenio [a la fundación A Ganar], porque quien sigue oficiando como contraparte de esos proyectos es la Intendencia de Paysandú, y será ella quien deberá rendir cuentas sobre los fondos que le transfiere INAU”, sostuvo.
Para Abdala, los cambios en las modalidades de la contratación del personal por parte de las instituciones que suscriben convenios con el INAU “están permitidos dentro de las posibilidades que contiene el reglamento”. El jerarca dijo mantener una “diferencia conceptual” con Argenzio sobre este tema, “porque ella cree que se ha realizado una subrogación y que será la fundación A Ganar quien va a gestionar los CAIF, mientras que yo sostengo que no será así, que no habrá una sustitución de las partes y quien gestionará la marcha de esos centros como proyectos socioeducativos será la Intendencia de Paysandú”.
Argenzio, en tanto, lamentó que el directorio del INAU no haya acompañado su propuesta. “El directorio acaba de avalar esta irregularidad para que la Intendencia de Paysandú siga con los convenios y con la tercerización del personal. Se está haciendo una innovación nunca vista en los 32 años de ejecución del Plan CAIF, y eso es algo que nos preocupa”, sostuvo. “Al tercerizar la gestión, la intendencia hace una cesión del convenio; es una falta grave que amerita la rescisión”, agregó.
La directora dijo que “no está claro cómo hará la administración de la Intendencia de Paysandú para hacer los pagos de la gestión a la fundación A Ganar” y afirmó que “las tercerizaciones precarizan el trabajo y hacen correr riesgo a las prácticas educativas en el territorio”. Argenzio dijo que seguirá “de cerca este tema, en el rol de contralor” que ejerce en el directorio.