Miguel Ángel Toma, exsecretario de Presidencia (2015-2020), realizó una solicitud amparado en la ley de acceso a la información pública para conocer los expedientes que lleva Presidencia sobre su accionar. En diciembre, a Toma se le inició un sumario administrativo y, mientras espera el final del proceso, acusa al gobierno de ejecutar “un linchamiento político”.
Aparte de sumariado, Toma fue separado del cargo de fiscal de gobierno —puesto que mantuvo en reserva mientras fue secretario de Presidencia— por seis meses. La investigación iniciada responde a una contradicción entre las declaraciones del funcionario ante Presidencia y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), cuando dio explicaciones sobre los viajes realizados entre 2018 y 2019 junto con una contadora de la secretaría antilavado en el marco de los juicios por el Plan Cóndor.
El pedido que hizo Toma ante Presidencia fue “acceder y reproducir —en papel o en versión electrónica— a los tres expedientes que me atañen”, según un decreto de fecha 27 de enero, que avalaba hacer pública esa información. En ese decreto se menciona que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) “ha dictaminado que se trata de un instrumento válido” para llegar a los datos solicitados, “a pesar de que el interesado posea otros mecanismos para acceder directamente a la información”. También se aclara que de la revisión de “los expedientes al día de la fecha no se advirtieron documentos con carácter confidencial o secreto de terceros, ni reservado”.
Luego de que en setiembre apareciera la primera información de prensa sobre los viajes de Toma, el asunto tomó estado político y generó, entre otras cosas, que Presidencia iniciara una investigación administrativa. Esto recayó sobre el número dos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Ariel Sánchez, quien —según el decreto de diciembre que resuelve iniciar el sumario y la separación del cargo— halló que “existe una clara contradicción” en las explicaciones del ex secretario de la Presidencia y de allí surgen “hechos irregulares”.
Posteriormente, Toma anunció que iba a recurrir el sumario y apuntó contra el presidente Luis Lacalle Pou como responsable. De hecho, realizó una presentación denunciando persecución política ante la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), que rechazó expedirse sobre el tema tras alegar que Toma ocupa como fiscal de gobierno “un cargo político, ajeno al ámbito del Ministerio Público Fiscal” y que la investigación “tiene vinculación con su tarea anterior”.
Este lunes el diario El Observador informó que Toma presentará un documento para recurrir la decisión de Lacalle Pou de no hacer lugar a una denuncia suya por supuestas filtraciones a la prensa de la investigación administrativa por lo ocurrido en las misiones oficiales. El recurso que prepara sostiene que el Poder Ejecutivo desoyó un informe del área jurídica de Presidencia que recomendaba investigar las irregularidades en el proceso contra Toma.
Según la publicación, la solicitud de investigación fue realizada en octubre y el 6 de enero el presidente la rechazó. El escrito apunta contra Lacalle Pou y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, por desoír el informe del área jurídica y no explicitar los motivos de esa decisión. Además, Toma manifiesta que el gobierno no lo trata “adecuadamente” y está ejecutando un “linchamiento político sin precedentes” desde el retorno de la democracia.