Una de las declaraciones más fuertes del discurso que el presidente argentino, Alberto Fernández, dio el lunes en el Congreso, en el marco del inicio de un nuevo período de sesiones legislativas, fue sin duda el anuncio del inicio de una querella criminal contra exfuncionarios del gobierno de Cambiemos que favorecieron el endeudamiento de más de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante los legisladores, el presidente expresó que es preciso “determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, consideró el jefe del Estado.
El tema obviamente generó repercusiones, y este martes la directora del Banco Central, Betina Stein, dijo que exfuncionarios como el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, y Luis Caputo, quien durante el gobierno de Mauricio Macri fue presidente del Banco Central y también ministro de Finanzas, podrían verse obligados a responder con su patrimonio si la Justicia verifica que cometieron irregularidades al tomar el crédito con el FMI que endeudó al país en 2018. Stein, en declaraciones radiales citadas por la agencia Télam, equiparó la situación con la de una empresa.
“En una sociedad, frente al proveedor, la sociedad es responsable, e internamente se certifica un crédito que no se debería haber tomado. Y hay medidas para responsabilizar patrimonialmente a los funcionarios, porque esto tiene que ver con la investigación. Ha habido incumplimientos del Convenio Constitutivo del FMI”, explicó la funcionaria.
Uno de los supuestos implicados, Sandleris, escribió este martes en su cuenta de Twitter que “el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas”. Según consignó Tiempo Argentino, los dichos del exjerarca fueron respondidos por Matías Kulfas, actual ministro de Desarrollo Productivo, quien lo rebatió: “El crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019 cancela, en gran medida, deuda intra sector público, que tiene mayor probabilidad de refinanciación”.
El tema, tanto desde el punto legal como técnico, es muy complejo, pero lo que el gobierno de Fernández pretende es que sea la Justicia la que determine las razones de fondo por las que se negoció el préstamo.
De acuerdo con un informe elaborado por las actuales autoridades del Banco Central, una cuarta parte del préstamo se utilizó para financiar la fuga de capitales especulativos, algo que contravendría el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, que establece que “ningún país miembro debe utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
En medio de los tecnicismos y las explicaciones, obviamente juega fuerte la coyuntura política. En ese sentido, fuentes vinculadas a exfuncionarios de primera línea del equipo económico durante el macrismo le dijeron al diario La Nación que al actual gobierno “hay muchos temas que les venían pegando abajo de la cintura, pero principalmente el tema de la vacunación VIP”. Siguiendo esta línea de razonamiento, las fuentes expresaron que “con este tema siempre encontraron lugar para pegarle al gobierno anterior. El tema de la deuda es difícil de entender y la gente pica con ‘el macrismo nos endeudó’. Se sienten cómodos jugando este partido y el de la Justicia. Pero esta es una denuncia política”.
Según su versión, la opción de tomar el préstamo con el FMI fue el único camino que le quedaba al gobierno de Macri.
“Argentina tenía déficit fiscal y deuda a pagar. El endeudamiento se usó para cubrir el déficit y pagar la deuda. Cuando se cerró el mercado fuimos al Fondo, que era más barato. Todo estuvo en el marco de la ley de endeudamiento y el equipo se presentó dos veces en la bicameral del Congreso para dar explicaciones”, explicaron las fuentes a La Nación.