La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes están siendo investigados por acusaciones de sedición y terrorismo en la causa denominada “Golpe de Estado”, deberán pasar seis y no cuatro meses en prisión preventiva, como había sido determinado por la Justicia hace una semana.
El veredicto es producto de un recurso de apelación que planteó la defensa de Áñez, que solicitó la libertad de la expresidenta en virtud de su estado de salud, un cuadro de hipertensión que se agravó desde que fue encarcelada. Así, el sábado se realizó en forma virtual una audiencia que duró más de ocho horas, y finalmente el juez Willy Arias resolvió “confirmar” la resolución que hace unos días determinó la detención preventiva de la exjefa de Estado y sus exministros “con la modificación de que el lapso de detención preventiva se determina a seis meses”, según informó la agencia Efe.
En su decisión, los jueces aceptaron el pedido de los representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, quienes sostenían que se necesitaba más tiempo de cárcel ante el riesgo de que Áñez pudiera fugarse. Las entidades también pidieron la extensión alegando que la necesitaban para poder realizar todos los pasos de la investigación.
Aunque inicialmente un juez había aceptado el pedido de Áñez para ser trasladada a una clínica de la ciudad de La Paz, luego la Justicia revirtió su propio fallo y respaldó la postura de la Procuraduría, que sostenía que los médicos especialistas la podían tratar dentro del penal sin que fuera necesario remitirla a un hospital.
En este marco, se decidió el traslado de cárcel de Áñez, que en la madrugada del sábado fue retirada del penal de Obrajes y llevada al de Miraflores, centro de detención también situado en La Paz, donde se asegura que la expresidenta podrá recibir la debida asistencia médica, de acuerdo con lo que expresó Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, en declaraciones recogidas por el diario La Razón.
En el momento en que estaba siendo retirada de una cárcel hacia la otra, Áñez gritó ante los medios de prensa presentes en el lugar que había sido engañada, ya que según ella le habían dicho que iría a una clínica y no a la cárcel de Miraflores.
Ya en este último centro de detención, Áñez recibió la visita de una representante de las Naciones Unidas. “Estamos cumpliendo con nuestro mandato de la emisión técnica de Naciones Unidas y Derechos Humanos en Bolivia, y con el acuerdo del régimen penitenciario estamos ingresando a la cárcel”, manifestó la directora adjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Julia Vavuchna, de acuerdo con el canal Unitel.
Según se informó, el ingreso de la funcionaria de la entidad internacional se permitió luego de un acuerdo entre el gobierno y las Naciones Unidas, con la finalidad de verificar el trato que está recibiendo la exmandataria de facto, que asumió el poder en noviembre de 2019, luego de que Evo Morales fuera forzado a renunciar.