La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez fue recluida en la mañana de este lunes en una cárcel femenina de la ciudad de La Paz por orden de la jueza Regina Santa Cruz, que dispuso contra ella cuatro meses de detención preventiva por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso “Golpe de Estado”.
Áñez había sido detenida en la madrugada del sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni, y desde allí fue trasladada a La Paz, en el marco del juicio por la crisis poselectoral de 2019 abierto por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Además de Áñez, también fueron detenidos por el mismo caso los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes también quedaron a disposición de la Justicia el viernes.
Este lunes, de acuerdo a lo que consignó la Agencia Boliviana de Información, el Ministerio de Justicia presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades en contra de Áñez y sus ministros. Una por el préstamo pedido el año pasado al Fondo Monetario Internacional por casi 350 millones de dólares; otra por la prórroga ilegal de una concesión de obra pública a una empresa; otra por vulneración de los derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile, a quienes no se les permitió retornar a territorio boliviano en el marco de la pandemia de coronavirus, y una última acusación por restringir la libertad de expresión en el marco de la crisis sanitaria.
El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, dijo este lunes que la detención preventiva de cuatro meses determinada para Áñez debe ser una medida excepcional, y aseguró que lo que se busca es una condena de 30 años para la expresidenta de facto.
“La detención no debe ser la regla, debe ser la excepción; lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque ha habido masacres sangrientas, madres que han quedado sin hijos en Senkata, en Sacaba, en Montero y en la zona sur de La Paz”, aseguró Lima en declaraciones consignadas por el diario boliviano El Deber.
Además, el ministro dijo que el exlíder cívico y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, “definitivamente” debe dar cuentas al país sobre el caso del supuesto golpe de Estado. “Tiene que presentarse, tiene que presentar sus memoriales, tiene que apersonarse [ante el Ministerio Público] y tiene que ser parte de este proceso; definitivamente, él es una persona que en este caso debe darle cuentas al país”, afirmó Lima.
La detención de Áñez generó enormes repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional, y en este sentido este lunes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su preocupación por el presunto “abuso de mecanismos judiciales” en los casos de aprehensión y posterior detención preventiva de la expresidenta de facto Áñez y de dos de sus ministros.
Además, sugirió la creación de una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción durante el último período de gobierno de Evo Morales y “obviamente” de Áñez, de acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón.
Además, Almagro, sin referirse a algún caso en particular, planteó la necesidad de remitir las denuncias de eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional, para su “juzgamiento imparcial” y la identificación de responsabilidades.
“La Secretaría General de la OEA manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”, se establece en un comunicado publicado por el organismo.
Vale recordar que el papel de la OEA fue clave en la caída de Morales en noviembre de 2019, ya que la misión de la entidad internacional, basada en una metodología errónea, pocas horas después de las elecciones denunció la existencia de un fraude, motivo en que se basó una furibunda reacción de las fuerzas políticas y corporativas opuestas al MAS, de la Policía, y de las Fuerzas Armadas, que terminaron forzando la renuncia y la salida de Morales del país y la llegada al poder de Áñez.