El plan que trazó el gobierno en la ley de urgente consideración (LUC) –cuando se descartó la desmonopolización de Ancap– para reformar el mercado de combustibles aún no entró a regir de forma íntegra, y mientras el gobierno evalúa si realiza un ajuste en el precio ya definió que con la siguiente actualización se pondrán en práctica las nuevas reglas. En paralelo, avanza el trabajo entre varios ministerios para enviar en las próximas semanas un proyecto de ley al Parlamento para modificar la mezcla de biodiésel en el gasoil y crear un impuesto a las emisiones, confirmaron fuentes oficiales.
¿Qué implica el nuevo esquema para los combustibles? Del lado del consumidor pueden no verse los cambios, al menos de forma inmediata, pero el plan gradual –que tiene varias etapas que se implementarán durante tres años– culminará con un mercado menos regulado, con precios liberados dentro de la cadena y un valor al público que estará alineado al precio de paridad de importación (PPI). Esto es un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre cuánto costaría a un importador abastecer al mercado en las mismas condiciones que Ancap.
El objetivo del gobierno es que ese nuevo escenario haga que tanto Ancap como el resto de los actores de la cadena ganen en eficiencia al competir y así se reduzcan “los costos nacionales”: aquellos sobre los que se puede incidir.
Sin embargo, otra es la visión que tienen el Frente Amplio (FA) y la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, que denuncian que el esquema definido afecta a la empresa estatal y generará las condiciones para que la coalición de gobierno insista con la desmonopolización. Según el director de Ancap por la oposición, Walter Sosa, la Ursea “fija precios de paridad de importación irreales y subvaluados para perjudicar” a la petrolera.
El factor “X” que se contempla para Ancap
“Las definiciones están cerca”, dijo un informante del Poder Ejecutivo en referencia a la decisión del gobierno de ajustar las tarifas de combustible e iniciar el nuevo esquema para la fijación del precio, para lo que es necesario emitir un decreto estableciendo las condiciones. Graficó como “un dilema” a definir el hecho de que se quiere implementar el mecanismo pero a la vez, por la pandemia y otros factores globales, el mercado de crudo está en un momento de extrema volatilidad.
¿Qué pasará cuando rijan las nuevas reglas? El gobierno establecerá un factor denominado “X” que representa, según la fuente, “los sobrecostos” que tiene Ancap: lo que se le reconoce por encima del PPI a la empresa para que gradualmente mejore su eficiencia y la búsqueda de que ese valor vaya disminuyendo. Tres años después de la vigencia de las nuevas reglas, se prevé que la tarifa al público de la nafta y el gasoil sean iguales al PPI. Ese valor teórico que calcula la Ursea, y será la referencia, tuvo un proceso de actualización y en noviembre la diaria informó que Ancap iba a recurrir por vía administrativa el cálculo, por entender que se toman valores no ajustados a la realidad del negocio. Esto significa que para Ancap el PPI debería ser más alto que el que calcula la Ursea. El director Sosa informó en diálogo con M24 que esta semana fueron rechazados los dos recursos que interpuso el directorio del ente.
“Tanto la metodología como los valores tienen inexactitudes, errores conceptuales y, por lo tanto, son irreales y están subvaluados, lo que estaría determinando caprichosamente una pérdida para Ancap de 100 millones de dólares al año”, sostuvo. Con diferencia en la evaluación, los números dichos por Sosa fueron ratificados tiempo atrás por una fuente del directorio de Ancap, quien indicó que la estrategia pasa por intentar incorporar los puntos del reclamo cuando se actualice el PPI, ya que está contemplada una revisión periódica del cálculo.
Las definiciones a tomar sobre el biodiésel y ALUR
Como el esquema detallado estará vigente en un mediano plazo, en procura de lograr una rebaja más inmediata en el costo del gasoil –la prioridad que definió el gobierno, por ser insumo de los sectores productivos– el gobierno modificará la Ley de Biocombustibles, que obliga a mezclar al menos 5% de biodiésel de producción nacional. La subsidiaria de Ancap, Alcoholes del Uruguay (ALUR), produce el biodiésel que se mezcla con el gasoil y el bioetanol para las naftas.
Luego de que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) incluyera la propuesta en un informe que envió al Parlamento, se formó una comisión, integrada también por las carteras de Economía y Finanzas y Medio Ambiente, para preparar el proyecto de ley. Lo seguro, según el informante del Ejecutivo, es que se reducirá la exigencia de biodiésel y que se creará un impuesto a las emisiones para cumplir con los compromisos ambientales a los que se comprometió Uruguay. Resta definir si se eliminará completamente la mezcla o se permitirá un porcentaje menor, y también qué ocurrirá con la planta Capurro de ALUR que produce biodiésel.
A todo esto, la Coordinadora de Sindicatos de Ancap se declaró en alerta y también Cabildo Abierto (CA) mostró preocupación por los efectos de la medida. Una opción que maneja el Ejecutivo sería “redistribuir” a los trabajadores, que son unos 40. Sin embargo, Sosa cuestionó el posible cierre de la planta Capurro, dado que hay “muchos actores y trabajadores vinculados al proceso” productivo del biodiésel, además de los activos que tiene ALUR y la experiencia acumulada.
Otro asunto a resolver son los varios contratos vigentes entre ALUR y proveedores, siendo el principal el firmado hasta 2028 con la empresa Cousa, que brinda insumos para la producción de biodiésel. Se buscará negociar para culminar el vínculo antes, en el entendido de que el Estado deberá pagar algo pero también que Cousa es una firma que no depende de este negocio para subsistir, explicaron desde el Ejecutivo.