El Frente Amplio (FA) analizará esta semana cómo proceder respecto del otorgamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de una serie de exoneraciones tributarias a la empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Si bien horas después de conocerse públicamente la resolución, el viernes, Alfie anunció que renunciaría a estos beneficios, hasta ahora no hay ninguna resolución del MEF que deje sin efecto la del 11 de febrero.
El Partido Socialista (PS) fue el primer sector de la oposición en pedir públicamente la renuncia de Alfie y de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en el entendido de que se trata de un acto “absolutamente reñido con la ética en la gestión pública”, y aunque aún no hubo pronunciamientos oficiales, en otros sectores suena fuerte la idea de que el director de la OPP debería dar un paso al costado. La fuerza política analizará el tema hoy en el seno del Secretariado Ejecutivo y de la bancada de senadores, mientras que los diputados lo harán mañana.
El coordinador de la bancada de la cámara alta, Óscar Andrade, dijo a la diaria que “lo más probable es que exista una interpelación” a la ministra Arbeleche, pero sostuvo que por ahora “están abiertas todas las posibilidades”. Asimismo, afirmó que “es probable” que el Partido Comunista acompañe “una propuesta similar” a la del PS. “Yo planteé lo de la renuncia [de Alfie] porque ya lo había planteado antes”, señaló, en referencia a la participación del jerarca en el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo, que calificó como un episodio “igual o más grave que este”: “En la OPP no podía haber asumido alguien que decidió participar en un juicio contra el Estado por 3.600 millones de dólares”, consideró Andrade.
El senador cuestionó que Alfie no renunciara al beneficio tributario desde el momento en que asumió su cargo. “Estuvo desde marzo a febrero integrando la OPP y lo dejó correr, hasta que se enteró por la prensa”, apuntó. Asimismo, señaló que ahora “hay que ver cómo se hace efectivo el no cobro”, dado que el secreto tributario impide conocer los movimientos que hacen las empresas, “pero esos son detalles”, aseguró. “Lo grueso hoy es cómo no se le pidió la renuncia”, consideró. Para Andrade, Arbeleche debería aclarar si sabía que estaba firmando la exoneración para un jerarca del gobierno: “Si se distrajo y no miró, o si sabía y no le pareció mal”.
Por su parte, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera afirmó que en su sector no hay “dudas” de que “el presidente de la República lo debería destituir o [Alfie] debería renunciar, porque es una persona que ya ha actuado, en reiteración real, en situaciones que no son éticas”, y señaló que en el caso de Aratirí quedó demostrado que el exministro de Economía trabajó “en contra de los intereses del pueblo uruguayo”.
En cuanto a los beneficios que recibió la empresa de Alfie, Carrera señaló que surgen “inconvenientes éticos”, pero advirtió que “puede surgir un tema legal”, dado que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que asesora al MEF para la aplicación de esta ley, está integrada por un representante de la OPP. Esto podría implicar que uno de los delegados de la comisión que aprobó el beneficio para la empresa de Alfie estaba sujeto a su jerarquía en el momento de la tramitación.
Carrera informó que los legisladores de la 609 presentarán una petición administrativa ante el Poder Ejecutivo “para que se haga público el expediente de Aratirí y se conozca cuál es el tenor del informe y de las declaraciones de Alfie en este juicio”, así como una solicitud de acceso a la información pública para conocer el expediente de la Comap sobre la empresa de Alfie. Por otra parte, el legislador advirtió que “hay que tener en cuenta que hay una resolución de la ministra de Economía que le otorga un beneficio”, por lo que “se debe dictar una resolución que la anule; no es que el presidente y él se ponen de acuerdo y dejan sin efecto esa resolución”.
En una resolución del 11 de febrero el MEF resolvió promover la inversión en equipamiento por la instalación de un nuevo local a una empresa que lleva el mismo nombre que el director de la OPP, Isaac Alfie Stochek, y la exime de pagar IRAE por hasta 401.000 pesos. La ley de inversiones prevé que las empresas puedan utilizar los beneficios con retroactividad, es decir, en un período previo a la resolución del Poder Ejecutivo, mediante un mecanismo de aprobación ficta, por lo que Alfie podría ya haber usado los beneficios. En ese caso, la empresa debería pagar los impuestos que no pagó, pero la Dirección General Impositiva no puede exigir esa devolución mientras no haya una resolución del MEF que deje sin efecto la anterior.
En la Vertiente Artiguista también hay un “sentir general de que Alfie debería dar un paso al costado o que se le pida la renuncia”, dijo a la diaria la senadora Amanda Della Ventura. La legisladora señaló que “por más que ahora, frente a la reunión con el presidente, [Alfie] eche para atrás con eso, había tenido tiempo desde que asumió para renunciar a esa solicitud y no lo hizo”.