El Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó el miércoles, a la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Representantes, un proyecto para suspender desalojos y lanzamientos contra ocupantes de asentamientos irregulares durante la pandemia. La iniciativa ingresó al órgano parlamentario a menos de un mes del ultimátum puesto por la Justicia para que algunas de las familias que residen en el asentamiento Nuevo Comienzo abandonen el predio, en el que viven unas 280 familias.
“Decláranse suspendidos, durante la vigencia del estado de emergencia nacional sanitaria declarado por el Poder Ejecutivo con motivo de la pandemia originada por el covid-19 y por los 90 (noventa) días posteriores al cese de la declaratoria, los desalojos y lanzamientos iniciados contra ocupantes precarios de inmuebles en asentamientos irregulares, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica y sin posibilidad de acceder a una alternativa habitacional decorosa para sí y las personas con las que conviva”, establece el primer artículo del proyecto.
La semana pasada, la jueza Diovanet Olivera convocó a audiencia a cuatro familias que viven en Nuevo Comienzo, a quienes se les dispuso la prohibición de ingresar al predio a partir del 4 de abril. La diputada del MPP Cecilia Cairo, integrante de la comisión y una de las impulsoras de la iniciativa, se comunicó con los vecinos de Nuevo Comienzo para informarles sobre el proyecto. “Yo les había dicho a los vecinos que me parecía que había que hacer alguna acción legislativa, ya que la acción de la ONU no había sido suficiente, porque al ser un tema penal no impide que el procedimiento continúe”, señaló a la diaria la legisladora.
Cairo afirmó que los legisladores de la coalición “plantearon que se tenían que juntar como coalición para analizar el tema, y me parece que es lógico. Lo que les dije es que tenemos una espada de Damocles en la cabeza y que tiene que haber una respuesta medio rápida para frenar ese proceso”. “Si entramos en los tiempos parlamentarios normales, me temo que no lleguemos a tiempo”, advirtió la diputada, y destacó que “no hubo un no” por parte de la coalición, lo que le da “esperanza”.
En la misma línea, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry comentó a la diaria que “hay un compromiso de la coalición de analizarlo con la mayor celeridad posible”. “Nuestro planteo es una medida excepcional en el marco de la excepcionalidad que estamos viviendo por la pandemia”, apuntó, y dijo que confía en que “prospere, porque en los integrantes de la comisión hay conocimiento de la realidad y capacidad para tener la empatía de ponerse en el lugar de estas familias y de estos gurises en esta situación”.
“Acá no estamos comprometiendo a una expropiación, no estamos pidiendo que se comprometan a una solución inmediata en términos de vivienda, lo que estamos diciendo es que esto hay que seguir construyéndolo y no agravar la situación sanitaria exponiendo a estas familias a una situación de muchísima más vulneración que la que ya están viviendo”, reflexionó Etcheverry.
En tanto, la presidenta de la comisión, Elsa Capillera, representante de Cabildo Abierto, sostuvo que el proyecto “está muy bien explicado y dentro de lo que sería correcto”, aunque apuntó que “no es fácil decir sí o no” sin analizarlo en profundidad. Uno de los aspectos que no la convencen, señaló, es el plazo de 90 días posteriores al cese de la declaración de emergencia sanitaria, dado que si, por ejemplo, la pandemia “termina en setiembre”, es difícil que “el Ministerio de Vivienda [MVOT] haga casas para 280 personas en 90 días”.
“Tenemos que tener la seguridad de a quien corresponde, que es el MVOT, sobre tiempo, fecha, lugar y todo eso, para poder tomar una decisión”, apuntó Capillera, y adelantó que va a proponer citar a las autoridades del ministerio a la comisión por este asunto. Asimismo, indicó que cada integrante del oficialismo va a tratar el tema en su bancada y el miércoles que viene “llevará cada uno su posición”. La diputada consideró que lo importante es “tener seguridad” sobre el proyecto “y darle seguridad a la gente”.
El ingreso del proyecto fue recibido con expectativa en Nuevo Comienzo. “Esperemos que se apruebe. Estamos haciendo la fuerza y esperando a ver qué va a pasar”, dijo a la diaria Fabiana Molina, una de las habitantes del asentamiento ubicado en Santa Catalina. Molina explicó que desde que la Justicia intimó nuevamente a algunas de las familias a abandonar el terreno “la gente está otra vez con miedo, ven un helicóptero y se persiguen. No están tranquilos, se levantan temprano a hacer guardias, la gente que sale temprano va mandando mensajes al grupo: ‘está todo tranquilo’”, manifestó. “Vivimos con miedo por no tener dónde vivir”, agregó.
Los citados en esta última audiencia fueron formalizados por el delito de usurpación y en algunos casos por el delito de hurto de energía eléctrica, y se les propone el acuerdo de archivar el expediente a cambio de irse del lugar, por lo que tienen que elegir entre abandonar su vivienda o ir a juicio, con la posibilidad de ser condenados con penas de entre tres y seis meses de prisión. Molina señaló que las familias intimadas “no tienen a dónde ir”. “Acá van a estar, porque si se van a la calle también es un delito”, apuntó.