Con modificaciones realizadas dentro de la bancada de legisladores de la coalición de gobierno, ambas cámaras del Parlamento aprobaron este jueves el proyecto de ley que limita el artículo 38 de la Constitución, que establece el derecho de reunión. La norma faculta al Poder Ejecutivo para disolver aglomeraciones en el marco de la pandemia.
En términos prácticos, el proyecto no hacía más que prolongar una medida enviada por el Ejecutivo cuando la pandemia comenzó a crecer en el país durante diciembre. Pero a diferencia de aquella vez, que establecía una vigencia de hasta 90 días, el proyecto enviado ahora por el Ejecutivo determinaba que la limitación del derecho podría renovarse automáticamente cada 30 días, y duraría hasta que culmine la emergencia sanitaria.
Sin embargo, este último punto fue modificado. Antes de que comenzara el debate, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez pidió un cuarto intermedio y en ese impasse, tanto Cabildo Abierto como el sector Ciudadanos del Partido Colorado plantearon reparos respecto de la redacción al resto de la coalición, ya que era necesario definir “plazos específicos”, y no darle una “carta libre” al Poder Ejecutivo sobre la vigencia de la norma. Finalmente, se eligió una redacción que establece que la norma regirá por 120 días o hasta que culmine la emergencia sanitaria.
La miembro informante del proyecto en el Senado, la nacionalista Carmen Asiaín, sostuvo que era un “mandato constituyente y un deber republicano y moral” acompañar el proyecto, y dijo que se imaginaba que la oposición también lo acompañaría, lo que hizo enojar a la bancada frenteamplista.
Eso derivó en que el frenteamplista Charles Carrera dijera que estaba tomando una actitud que “no corresponde”. El senador argumentó que desde que se implementó la norma en diciembre hasta ahora, el país pasó de 181 a 748 fallecidos, de 5.470 a casi 11.000 casos activos, y de 72 a 143 personas en cuidados intensivos. “No existe evidencia de que este instrumento haya dado resultado”.
A diferencia de lo que hizo el gobierno, el FA viene sugiriendo que se reglamente el artículo 44, que establece que el Estado legislará sobre cuestiones de salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social” de la población.
Luego de los argumentos de Carrera, el nacionalista Carlos Camy dijo que podría esgrimirse un razonamiento inverso: “También podría plantearse qué hubiera pasado de no haber estado esta medida. Quizás tendríamos el doble de contagios”.
Cuando la sesión venía subiendo en intensidad, el senador suplente del Frente Amplio y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, confesó que había tenido covid-19, y aseguró que no le desea “a nadie, ni a los que opinan distinto”, que contraigan la enfermedad. “¡Si alguien quiere más contagios y más personas en el CTI, que lo diga!”, expresó, para luego defender el derecho del FA de discrepar con la normativa sin que eso implique otras intenciones.
En Diputados, el debate transcurrió con similares argumentaciones de ambos lados. El miembro informante de esa cámara, el nacionalista Rodrigo Goñi, aseguró que hubo más de 4.000 intervenciones policiales, mientras que el colorado Ope Pasquet dijo que si el FA hubiera sido más crítico con el accionar del Ministerio del Interior, debería haber llamado a su titular, Jorge Larrañaga, durante el verano, cuando la norma estuvo en vigencia. A su vez, Eduardo Lust (Cabildo Abierto) aseguró que votaría la norma pero advirtió que esta tenía muchas debilidades en su redacción que no fueron corregidas.