Con consenso de todo el espectro político, en 2018 se volvió ley la iniciativa que declaró de interés general la agroecología y creó una comisión honoraria nacional para que elaborara un Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas. Dicha comisión al día de hoy está presidida por el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, quien fue elegido por el actual gobierno, e integrada por 12 miembros más: seis representantes de ministerios y la academia, y seis elegidos por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones sociales vinculadas a la temática.
En febrero del año pasado, la comisión honoraria presentó un documento preliminar del Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas, que se elaboró durante cinco meses y contó con el aporte de más de 100 personas. Tras el cambio de gobierno, la comisión estuvo acéfala por seis meses y no pudo reunirse formalmente, ya que el miembro convocante era el presidente. De todas formas, las organizaciones sociales continuaron el trabajo y, en mayo, elaboraron un documento para presentar en el marco de la Ley de Presupuesto para obtener recursos para la implementación de la ley, algo que finalmente no sucedió.
Una vez convocada la primera sesión de la comisión luego de que asumiera su nuevo presidente, en agosto del año pasado, Blasina manifestó varias discrepancias con el plan preliminar. Ante los reparos, los demás integrantes de la comisión resolvieron que presentara por escrito sus valoraciones. En febrero de este año presentó el documento con sus objeciones.
Luego de varios meses de trabajo, este jueves, dos horas antes de la sesión en la que se evaluarían las modificaciones al Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas consensuado, Blasina envió una misiva a los integrantes de la comisión, a la que accedió la diaria, en la que adelantó que no apoyaría varios puntos incluidos en el plan y que, como asesor del ministro, se veía en la “obligación ética y profesional” de recomendar al ministro que no avale con su firma los puntos objetados, de modo que “si persisten, mi recomendación al ministro será que no los avale”.
En el documento del plan nacional, Blasina cuestionó el apartado de análisis de antecedentes y fundamentos, ya que consideró que responden a una lógica de enfrentamiento que no comparte. También criticó los ejemplos de experiencias exitosas de políticas públicas mencionadas, como el Programa de Agricultura Urbana en Cuba, así como la visión que prima en el plan sobre las exportaciones del sector agro, ya que se señala que se ha basado en un “número reducido de productos primarios, con predominio del capital financiero y la promoción de empresas transnacionales”.
En la carta, Blasina destacó que la comisión es uno de los ámbitos del Estado donde “más se escucha la voz de la organizaciones sociales”, y adelantó que, de llegar a un plan por consenso, se convertirá en uno de los “espacios de política más participativa de Uruguay”. No obstante, afirmó que el gobierno “no terceriza la política agropecuaria a ninguna organización” y el encargado de “diseñar, implementar y evaluar todas las políticas agropecuarias de Uruguay, incluida la de agroecología” es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Entre las consideraciones para no avalar algunas propuestas, Blasina sostuvo que las políticas agropecuarias deben “ser laicas”, en particular las de agroecología. “Deben asentarse sobre valores universales como la sustentabilidad, la protección de la salud humana, de los animales y de la naturaleza, la equidad, la no discriminación, las oportunidades para jóvenes y mujeres, la estabilidad del clima, entre otras, sin entrar en dicotomías que terminan referidas a aspectos político partidarios o a filosofías particulares”, apuntó.
En ese sentido, señaló que las políticas agropecuarias tienen que ser “inclusivas”, no discriminatorias, por lo tanto, tienen que “estar orientadas a todos los productores, de todos los tamaños, ya sea que destinen su producción al mercado interno como a la exportación, más allá de que se trate de forma diferenciada y preferencial a los pequeños y que habitan en el predio”, argumentó.
También sostuvo que la gobernanza no puede abrirse a “instituciones que no existen en el presente y que no se sabe cómo se van a configurar. Los núcleos territoriales pueden llegar a constituirse en un espacio de trabajo interesante una vez que quede claro en qué van a consistir, pero tal y como están planteados, quedan muchos aspectos confusos y, por lo tanto, hasta tanto no se clarifique cómo se constituyen y qué objetivos específicos tienen, no serán recomendados al ministro”, adelantó.
Según manifestó en la carta, sus reparos responden a que varios elementos son “altamente contradictorios” con las políticas que los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca han “sostenido históricamente: laicidad, inclusividad, vocación exportadora, fundamentación sólida, ejemplos globales, trazabilidad, políticas de uso y manejo del suelo”, enumeró. “La fundamentación se debe basar en aspectos permanentes y no en casos particulares ocurridos varios años atrás”, afirmó.
El presidente de la comisión honoraria dijo que si bien no desconoce el trabajo previo que desembocó en el plan preliminar, ahora se debe “construir el pasaje a un plan consensuado” para construir un plan que trascienda gobiernos y se instale como “una política de Estado que sirva de base a los gobiernos por venir, sean del partido que sean”.
Consultado por la diaria, Blasina se negó a hacer declaraciones hasta que culmine el proceso de discusión.
Una perla más en el collar
Hugo Bértola, delegado de la Red de Agroecología del Uruguay en la comisión, dijo a la diaria que desde que Blasina preside la comisión han tenido un “sinnúmero de cortocircuitos”. Según dijo, el ingeniero agrónomo se ha tomado atribuciones y consumado decisiones que no le corresponden. “Esto es una perla más de un collar”, afirmó.
Para Bértola, es necesario distinguir que Blasina tiene dos cargos diferentes: por un lado, es asesor en temas de vivienda y producción del MGAP; por otro, es el presidente de la comisión. “Muchas veces, no creo que por inexperiencia, se actúa confundiendo los roles. La ley lo designó como un integrante en una comisión de 13 participantes. La comisión se crea con un espíritu de representar a toda la sociedad civil involucrada en la agroecología, pero también a toda la institucionalidad pública. Más allá de que tiene doble voto, es un miembro más, y su opinión muy valiosa puede ser, pero no tiene más valor que la del resto”.
“Lo que ha sucedido es que ha habido un ninguneo y un no reconocimiento del trabajo que se hizo hasta fines de febrero de 2020. La comisión ha sido empantanada y desautorizada”, afirmó. Bértola sostuvo que Blasina desconoce el proceso que llevó a 100 personas vinculadas a colectivos relacionados con la agroecología y funcionarios estatales y no estatales a concretar la versión preliminar del plan. “Permanente y machaconamente plantea que un plan como el que nosotros redactamos no soportaría el menor análisis crítico de cualquier organismo internacional, sin reconocer que esos organismos valoran positivamente el caso uruguayo”, afirmó.
De alguna manera, afirma Bértola, en la carta sostiene que lo que defina el MGAP está “por encima de todo y traiciona la propia visión de políticas públicas, porque la política de Estado significa que todo el que entre se compromete a lo que todos votamos y no a lo que cada uno interprete a su manera”.
Según explicó, el problema de fondo es el sujeto principal del plan: el productor familiar. “Cuando se pone el sujeto principal refleja un drama del país, porque son los productores que habitan la campaña y el territorio que han sufrido, pero que se pongan como sujeto principal no significa exclusivo”, apuntó. “Hay muchas cosas que se pusieron en rojo, que si no las sacamos... Ese es el espíritu democrático y laico”, ironizó.
¿Qué implica la negativa del ministro?
“No tiene consecuencia”, afirmó Bértola, y agregó que la ley aprobada crea la comisión honoraria y le otorga el cometido de desarrollar el plan. En concreto, en el artículo 4, se establece que la comisión honoraria será la encargada de “elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica”.
“Si se lee atentamente la ley, esta comisión tiene la potestad de elaboración del plan, su instrumentación y monitoreo, entonces, cuando el legislador encomienda eso no se trata de una comisión que elabora y después si me gusta o no me gusta lo apruebo. Si la ley encomienda la instrumentalización, es una comisión que tiene establecida sus funciones y nadie puede alterar eso, salvo por una ley que la modifique o la derogue”, explicó Bértola. En suma, opinó que la carta de Blasina es un “chantaje”, cuyo planteo es que si se mantienen esos puntos del documento preliminar, “él le va a recomendar al ministro que no avale el plan nacional y que no le ponga el sello, sin entender que cuando la ley fue aprobada se transformó en política pública”.
Bértola entiende que eso es “despotismo” y opina que quizás se está buscando que abandonen la comisión o pidan la renuncia de Blasina. “Ese es un espacio que contribuimos en conformar, pero ya es un logro de la sociedad. Nosotros somos guardianes celosos de no ir para atrás. No vamos a caer en una cosa de poner y sacar a fulano, porque es mucho más responsable nuestra actitud. Lo que sí cuidaremos es que no se distorsione la ley, que es lo que está sucediendo. Si hay discrepancias que planteen que se anule el plan unánimemente aprobado y propongan elaborar otro sería nefasto, pero más frontal, más claro”, concluyó.