Un informe dado a conocer por la fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), entidad científica pública de investigación y desarrollo de ciencias biológicas con sede en Río de Janeiro, mostró que la pandemia de coronavirus seguirá en niveles preocupantes durante todo abril. De acuerdo al estudio publicado en su página web, entre los días 4 y 10 de abril la tendencia de alta transmisión de covid-19 se mantuvo en el país, con valores récord en número de muertes –una media de 3.020 por día– y un aumento en el número de casos positivos, aproximadamente 70.200 diarios. En el informe se señaló además que, debido a estas cifras, la sobrecarga en los hospitales continúa en niveles críticos.
La alta proporción de test con resultados positivos revela que actualmente la circulación comunitaria del virus es intensa en todo el país. De acuerdo a los autores del informe, en los próximos días el cuadro epidemiológico observado podría presentar una desaceleración de la pandemia, con la conformación de un nuevo nivel, como pasó a mediados del año pasado, pero con la diferencia de que ahora los números de infectados y muertos son muy superiores a los de aquel período.
Para controlar la diseminación de la pandemia, los investigadores de Fiocruz expresaron que es fundamental que los municipios, en especial aquellos que están en regiones metropolitanas de grandes ciudades, adopten medidas convergentes y sinérgicas. “Las medidas de restricción de la movilidad y de algunas actividades económicas adoptadas en las últimas semanas por algunas alcaldías y estados están produciendo éxitos localizados y pueden producir la reducción de los casos graves en las próximas semanas. Pero estas medidas aún no tuvieron impacto en el número de muertes y en el alivio de las demandas de atención en hospitales”, alertaron los expertos. Agregaron que la flexibilización de las medidas restrictivas puede tener como consecuencia la aceleración del ritmo de transmisión del virus, y por lo tanto de la aparición de casos graves de la enfermedad en las próximas semanas.
Pero mientras se afirma esto desde el área científica, la pandemia sigue siendo un tema relevante en el ámbito político. Este miércoles el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia de la Justicia brasileña, avaló, con el voto de 10 de sus 11 integrantes, un requerimiento preliminar del ministro Luís Roberto Barroso que obligará al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, a instalar una comisión parlamentaria de investigación (CPI) para analizar la gestión de la pandemia que lleva adelante el gobierno federal que encabeza Jair Bolsonaro, algo que no le cayó nada bien al mandatario. “La instalación de una CPI no está sujeta a la discreción del presidente de la cámara legislativa o del pleno. En vista de los requisitos constitucionales, es necesaria la creación de la CPI”, afirmó el ministro Barroso, citando el artículo 58, inciso 3, de la Constitución.
Según consignó el portal Brasil 247, la disposición establece que “las comisiones parlamentarias de investigación, que tendrán facultades de las autoridades judiciales, además de las previstas en el reglamento de las respectivas cámaras, serán creadas por la Cámara de Diputados y el Senado Federal, conjunta o separadamente, a solicitud de un tercio de sus integrantes, para la determinación de un hecho determinado y por un plazo determinado, con sus conclusiones, en su caso, remitidas al Ministerio Público, para que promueva la responsabilidad civil o penal de los infractores”.
Según Barroso, “la idea de la democracia trasciende la idea del puro gobierno de la mayoría, incorporando otros valores, entre los que se encuentran la justicia, la igualdad, la libertad y el respeto de los derechos de las minorías”.
Según el relator, la función del STF debería ejercerse con moderación. En situaciones en que los derechos fundamentales y los supuestos de la democracia no están en juego, el tribunal debe respetar las decisiones del Legislativo, señaló.
Sin embargo, dijo Barroso, en este caso lo que está en juego no son decisiones políticas, sino derechos relevantes, como la vida y la salud. Además, citó, se está discutiendo “el cumplimiento de la Constitución Federal y el derecho de las minorías a fiscalizar el poder público ante una pandemia que ya costó 360.000 vidas, con perspectivas de alcanzar el doloroso y negativo récord de 500.000”.