De acuerdo a los datos oficiales difundidos por las autoridades, el miércoles Brasil sobrepasó los 400.000 fallecimientos de personas enfermas de covid-19, la cifra más alta del mundo, sólo superada por Estados Unidos, que suma 575.000 decesos. Pero la situación en la actualidad es diferente en ambos países, ya que mientras en la nación norteamericana 42% de la población ya recibió al menos una dosis de alguna vacuna contra el virus, en Brasil el proceso de inmunización se está desarrollando a un ritmo muy lento, y sólo 14,5% fue inoculada.
La deficiencia en el proceso de vacunación es uno de los muchos puntos que abordará la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que comenzó a trabajar esta semana en el Senado brasileño.
De acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo, en la sesión realizada el miércoles el órgano aprobó los pedidos para que vayan a declarar al Congreso la semana que viene tanto el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga, como todos sus predecesores durante la administración de Jair Bolsonaro, Eduardo Pazuello, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich. Además, también comparecerá la próxima semana ante la CPI Antonio Barra Torres, director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la entidad encargada de autorizar las vacunas que se permiten administrar en el país.
Inicialmente, también se esperaba para la semana que viene la convocatoria del exsecretario especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wanjngarten. Sin embargo, luego de la resistencia de los senadores del gobierno, la solicitud de citación de Wanjngarten se votará la próxima semana.
El presidente de la CPI, Omar Aziz, senador del centroderechista Partido Social Democrático por el estado de Amazonas, aseguró tras la reunión que es “imprescindible” escuchar al exsecretario de Comunicación, especialmente luego de que se revelara que él fue responsable de la compra tardía de la vacuna Pfizer por parte del Ministerio de Salud.
“Queremos saber por qué no compramos los 70 millones de vacunas [de Pfizer]. Ese es el objetivo”, dijo el presidente de la CPI. “Buscamos soluciones, pero también saber por qué no ingresamos a consorcios, por qué no participamos en la compra de otras vacunas”, agregó Aziz.
Instalada el martes, la CPI ya recibió más de 200 solicitudes de Senadores para que se investiguen decenas de temas vinculados a la gestión gubernamental de la pandemia, cuestión que mantiene en alta tensión a Bolsonaro y su círculo.
La sesión realizada el miércoles, la primera de trabajo de la CPI luego de su instalación, estuvo pautada por algunas tentativas de obstrucción de las labores por parte de senadores afines al gobierno, que son minoría dentro del órgano.
Los senadores presentaron cuestiones de orden que se consideraron como simples maniobras dilatorias, como, por ejemplo, determinar el régimen de trabajo presencial en la comisión. Al denegar la solicitud, Omar Aziz abrió la posibilidad de que algunas de las sesiones se realicen en forma semipresencial.
Los legisladores alineados con el gobierno también argumentaron que no tenían acceso al plan de trabajo elaborado por el senador y relator de la CPI, Renan Calheiros. El senador Ciro Nogueira, del derechista Partido Progresistas, uno de los principales líderes del centrão ‒denominación que tienen los partidos de centroderecha que constituyen la base de apoyo de Bolsonaro en el Congreso‒, y Calheiros se sumergieron en una discusión sobre aspectos formales, elevando la temperatura del debate dentro de la CPI.
Irritado, según consignaron medios brasileños, Calheiros dijo que “no vamos a convertir esta investigación parlamentaria en una batalla política electoral”.
El clima de confrontación dentro de la CPI fue confirmado por el senador Otto Alencar, integrante del centrista Partido Social Democrático, quien afirmó que desde el Ejecutivo se intenta intimidar el trabajo del órgano del Senado. En declaraciones realizadas a la cadena CNN Brasil, Alencar dijo que, desde la instalación de la CPI, el martes, viene recibiendo amenazas de todo tipo en su celular. “Me llegaron más de 500 mensajes con todo tipo de amenazas absurdas”, afirmó el senador de 73 años.
Alencar también llamó la atención sobre la forma en que el gobierno de Bolsonaro se está comportando respecto de la CPI, que tiene como objetivo investigar las acciones y posibles omisiones de la gestión federal en la conducción de la pandemia, además de la acción de los estados y municipios durante este período. Según el senador, el gobierno con su actitud está mostrando “casi una declaración de culpabilidad”.