El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, inició un sumario administrativo contra tres funcionarios de la cancillería involucrados en la compra de diez engrampadoras eléctricas por un valor de 4.000 dólares, que derivó en el inicio de una investigación administrativa en marzo, según informó Desayunos informales el martes. La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (AFUMREE) cuestionó la decisión, en función de que la investigación interna concluyó que no hubo actos irregulares o ilícitos, sino que “no hubo idoneidad” en el manejo de los recursos.
Una fuente del gremio, que prefirió reservar su identidad, dijo a la diaria que de la investigación administrativa surgió que “el procedimiento fue el correcto” y que “no hubo dolo” en el proceder de los trabajadores que, según indicó, se desempeñan en esa cartera desde hace unos 20 a 30 años. Para el sindicato -que nuclea a los funcionarios técnico-administrativos y profesionales-, el inicio de un sumario “es una medida extrema” en el entendido de que “no hay elementos evidentes” que lo justifiquen en la investigación.
“La necesidad existe, se cubrió, se tomó una decisión. El importador indicó que podía hacer un descuento de 10% si se adquirían diez, que fue lo que se adquirió, no se adquirieron 50 ni 100. Están en uso, y las que no, están stockeadas. Por el monto la compra tampoco requería mayor autorización que la que se tomó; hubo un proceder dentro de todos los parámetros normales y habituales”, argumentó la fuente.
Este tipo de engrampadoras son “muy requeridas en las áreas que tienen mayor atención al público, donde sabemos que ha habido temas de atención excesiva, hasta en épocas de pandemia”, indicó, porque “facilitan” el trabajo y ayudan a “cuidar la salud” de los administrativos. “Una compañera nos contaba que le quedó tendinitis en la mano a raíz del esfuerzo que implica tener que estar engrampando ese cúmulo de hojas”, comentó.
Si bien el costo de las abrochadoras puede resultar “llamativo”, “es lo que salen los insumos”, explicó la fuente. “La forma de transparentar el tema ante la opinión pública era marcar que la necesidad existe”, consideró. En la carta enviada a Bustillo, el sindicato plantea que los funcionarios “se han desempeñado en esta casa por más de 20 y/o 30 años, habiendo trabajado para gobiernos de todos los partidos políticos”, y “ahora están siendo víctimas de una persecución mediática y política”. “Sin tener en cuenta el informe administrativo elevado por la Dirección de Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y careciendo de elementos que determinen la existencia de actos o hechos irregulares, igualmente se inició un proceso de sumario administrativo”, menciona la carta. Desde el sindicato entienden que el inicio de un sumario representa “una pérdida de la reputación profesional y laboral” para los involucrados.
“Entendemos que si el tema no hubiera salido a la prensa no se habría tomado este accionar. Si el ministro, antes de que finalice la investigación administrativa, en una entrevista en Canal 4 indica que se va a ‘tomar el toro por las astas’, es como que ya hay una decisión”, apuntó la fuente del sindicato. Si bien los tres funcionarios sumariados están afiliados al sindicato, el gremio descartó que en este caso haya persecución sindical.
En la carta afirman que en el procedimiento del sumario “ha habido incongruencias y los funcionarios en cuestión vieron afectada su dignidad y su honradez”, y manifiestan su repudio por la medida, a la vez que reiteran que “los referidos funcionarios son víctimas de una persecución política y mediática sin precedentes”.