El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue denunciando ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas sociales de 2019. El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia enviaron este jueves un escrito a la fiscal general de la corte, la abogada Fatou Bensouda, en el que piden que el tribunal investigue, acuse e inicie un juicio contra Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales.
“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, aseguró Garzón en diálogo con el portal de investigación chileno Ciper. “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, agregó al medio Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
El movimiento social chileno comenzó en octubre de 2019, luego de que el gobierno aumentara el precio del boleto del transporte público, que fue la acción que terminó de incendiar a los chilenos tras años de desigualdad social. Se sucedieron una serie de manifestaciones por todo el país que fueron duramente reprimidas por la Policía y terminaron con una treintena de muertos y miles de heridos, que según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos fueron 51 heridos de bala, 180 por balines, 198 por disparos de armas de fuego no identificadas y 1.554 por perdigones. A ellos se suman 1.446 personas que sufrieron golpes o intoxicación por inhalación de gas y las 347 con heridas en los ojos.
Durante las primeras semanas de las protestas el gobierno de Piñera apoyó la actuación de las fuerzas de seguridad y se calificaron los casos de abuso policial como “hechos aislados”, según señala el documento presentado a la CPI. Pasado el tiempo varios ministros reconocieron el uso excesivo de fuerza por parte de los carabineros y Piñera terminó anunciando una reforma total del cuerpo y destituyó a dos ministros de Interior que se encargaron de su funcionamiento.
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Uno de los principales argumentos para iniciar esta acción es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019 que debían ser investigadas por el Ministerio Público, detalla el medio local.
De acuerdo con el documento presentado, al que accedió Efe, los actos que se denuncian fueron “ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y son “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”. Para dar sustento al escrito, citan informes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto del estallido elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De hecho, el Alto Comisionado fue de las primeras instituciones en advertirle al gobierno chileno que Carabineros había “incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
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A partir de este momento comienza un lento proceso, que se estima puede tardar años, ya que la fiscalía de la CPI analizará si los hechos son de su competencia, si los crímenes son de lesa humanidad y si se demuestra que el sistema judicial chileno no cumple con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo de casos.