Alex Núñez Sandoval concurrió a una manifestación durante el estallido social en Chile y regresó a su casa. Cuando volvió a salir, esa misma noche, fue abordado por un grupo de carabineros que lo golpearon, con puños y patadas en todo el cuerpo, antes de abandonarlo en la vía pública. Horas después, Alex murió como consecuencia de los golpes. Tenía 39 años y era padre de tres hijos.
Josué Maureira Ramírez fue detenido mientras incumplía el toque de queda al estar en la calle a las dos de la madrugada. Lo trasladaron en un móvil de Carabineros en el que lo insultaron haciendo referencia a que es homosexual, le bajaron los pantalones e hicieron comentarios sobre el tamaño de su pene. Una vez en la unidad policial, lo obligaron a agacharse y a bajarse los pantalones, otra vez. Le introdujeron un bastón retráctil en el ano mientras le preguntaban si le gustaba lo que le estaban haciendo. Fue liberado después de que el Servicio Médico Legal confirmara lesiones compatibles con su relato. Tiene 24 años y estudia Medicina en la Universidad Católica de Chile.
Gustavo Gatica Villarroel estaba cerca de la Plaza Italia, en el centro de Santiago, cuando las Fuerzas Especiales empezaron a reprimir al grupo de manifestantes que él integraba. Recibió balines de metal y goma que impactaron de forma directa en sus dos ojos. Un equipo de salud organizado por los propios manifestantes quiso atenderlo en el momento, pero lo impidió la abundancia de gases lacrimógenos. Horas después llegó a un centro de salud. Estuvo 17 días internado, lo operaron dos veces, pero aun así perdió la vista en ambos ojos. Tiene 21 años; era estudiante de Psicología y aficionado a la fotografía.
Estas son solo tres de las historias que Amnistía Internacional (AI) incluye en su informe “Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”. Allí la organización analiza la estrategia del uso de la fuerza por parte de Carabineros entre el 18 de octubre de 2019, día que estallaron las protestas en Chile, y el 30 de noviembre.
Un caso más reciente
El 4 de octubre de 2020 la Justicia ordenó la prisión preventiva de un integrante de Carabineros acusado de intentar asesinar a un adolescente que se estaba manifestando en contra del gobierno. Según la investigación de la Fiscalía, el funcionario lo tomó de los brazos y lo lanzó por encima de la baranda de un puente instalado sobre un río de muy poco caudal. El joven, de 16 años, cayó de cabeza contra el cemento y sufrió múltiples traumatismos, pese a lo cual no fue atendido por las fuerzas de seguridad presentes en el lugar.
El gobierno de Sebastián Piñera volvió a respaldar la actuación de Carabineros, por lo cual recibió críticas desde las Naciones Unidas.
Los niveles de violencia estatal en ese período “no tuvieron precedentes en tiempos de democracia”, indica AI, y recuerda que el uso de la fuerza letal o potencialmente letal debe ser un último recurso, y que se considera un uso desproporcionado recurrir a ella “para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad física de terceros”.
En referencia al uso de armas, AI se refiere específicamente a los balines de goma y metal, altamente dañinos y potencialmente letales, que no cumplían “con el estándar internacional sobre uso de la fuerza”, pese a lo cual fueron disparados “de manera prácticamente descontrolada e indiscriminada” durante la represión de las movilizaciones. También menciona que se identificó a agentes que dispararon “hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax, lo cual, sumado al hecho de que se trataba de una munición notoriamente indiscriminada, produjo que cientos de personas sufrieran lesiones oculares”. En la misma línea, hay “múltiples ocasiones” en las que las latas de gas lacrimógeno fueron lanzadas “contra el cuerpo de las personas para causar daño y no como una herramienta para dispersar”.
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Los funcionarios de Carabineros no sólo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que además “habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo”, con el fin de disuadirlos de seguir participando en manifestaciones. Así, se consumó por parte de Carabineros “una práctica premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a las personas manifestantes”, de la cual los mandos medios y altos de la institución también son responsables. “Para restablecer el orden público se asumió como coste necesario el daño a la integridad de las personas”, añade la organización.
La responsabilidad de las autoridades
La violación del derecho a la integridad de las personas “no podría haber tenido el carácter de generalizada si los jefes y los superiores, sean estos pertenecientes a Carabineros o a otras áreas del gobierno, hubieran ejercido un correcto control sobre sus subordinados”, indica AI.
La “desproporción de lesionados”, la “evidencia casuística” y las imágenes difundidas, incluso en medios de comunicación y redes sociales, mostraron el “uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada” por parte de Carabineros. La falta de reacción de sus autoridades “sugiere que se pudo haber tratado de una política” de la institución “y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente”.
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AI señala que, además de que la información estaba disponible públicamente, había información interna al respecto, tal como han mostrado algunas investigaciones de la Fiscalía. Agrega que Carabineros continuó disparando balines aunque había reiteradas denuncias de que su composición no era la adecuada. Pese a todo ello, las autoridades vinculadas a la fuerza de seguridad nunca modificaron las directivas, ni las del gobierno nacional retiraron su apoyo.
En este sentido, AI considera que Carabineros decidió “asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del 'orden público'”. Hay delitos cometidos contra personas que “se podrían haber evitado” si las autoridades hubieran reaccionado de otra manera ante las denuncias, indica, haciendo referencia tanto a los mandos vinculados a la fuerza de seguridad como a los civiles responsables del gobierno nacional.
Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre:
- Más de 12.500 personas requirieron atención de urgencia en hospitales públicos
- Al menos 347 personas sufrieron lesiones oculares
- 5.558 personas fueron víctimas de violencia institucional, según la fiscalía
- De ellas, 1.938 fueron lesionadas por armas de fuego y 246 fueron las víctimas de violencia sexual
- 834 niños o adolescentes fueron víctimas de violencia institucional
- Se abrieron 4.158 investigaciones por apremios ilegítimos y 134 por tortura
- 2.300 carabineros fueron lesionados
- Se registraron 1.946 delitos de amenazas y maltratos contra carabineros
“La cadena de omisiones de los mandos estratégicos [...] lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada”, señala AI, que pide a la Fiscalía Nacional que continúe con las investigaciones y preste “especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos” de Carabineros, quienes “habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos”.
Refiriéndose específicamente al gobierno de Sebastián Piñera, AI considera que “la falta de control” sobre Carabineros “exige que sean también deslindadas todas las responsabilidades políticas” de quienes “conocían o debieron conocer” las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, especialmente si “tenían la capacidad de evitarlas y no lo hicieron”.