El proceso electoral de 2021 será recordado por una anomalía: en la segunda vuelta terminaron participando tres candidatos, en lugar de los dos oficialmente proclamados por la autoridad electoral.
En efecto, las denuncias de fraude presentadas por el candidato del Movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, lo colocaron en la práctica como un tercer contendiente en el balotaje. Y no porque con su decisión haya podido inclinar la balanza en favor de uno de los dos finalistas, sino porque con su propuesta de votar nulo les disputó a ambos la votación. Con casi 97% escrutado, Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), se imponía con 52,52% de los votos frente a 47,48% del correísta Andrés Arauz, y el voto nulo rondaba el 17% (ya incluso en la primera vuelta había sido elevado).
Aunque formalmente fue imposible demostrar el fraude denunciado en la primera vuelta electoral, hay indicios que abonarían los cuestionamientos. Basta señalar los más relevantes para entender la magnitud del hecho: en la noche del 7 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció en cadena nacional que Pérez había pasado a segunda vuelta detrás del joven Arauz, exfuncionario de Rafael Correa; hasta el día siguiente, la votación confirmaba una tendencia irreversible en favor del candidato de Pachakutik; no obstante, esta diferencia fue revertida gracias a la inclusión de última hora de miles de urnas en la ciudad de Guayaquil, un bastión de la derecha con pésimos antecedentes respecto de la transparencia electoral. A pesar del acuerdo pactado el 12 de febrero frente a la autoridad electoral y a delegaciones internacionales, Lasso se negó a abrir las urnas en las que se habían detectado irregularidades; es más, luego de la evidencia de los 612 votos adicionales en favor de Pérez encontrados en tan sólo 28 urnas revisadas, el CNE no dio paso a la apertura de las 20.000 actas impugnadas. ¿Acaso un empate técnico como ese, entre Pérez y Lasso, no exigía una confirmación más minuciosa de los resultados?
Durante las tres semanas siguientes a la primera vuelta electoral, las acciones legales interpuestas por Pachakutik forzaron varias definiciones de parte de los grupos de poder económico, de los partidos tradicionales, de los grandes medios de comunicación y de la autoridad electoral. Es decir, de lo que podría calificarse como el sistema político. El éxito electoral del movimiento indígena desarmaba todas las previsiones y cálculos. No sólo eso: amenazaba a la dinámica del poder. Aunque Yaku Pérez, en estricto rigor, no puede ser calificado de outsider, sí representa un proyecto con alternativas cruciales: tanto la restricción al modelo extractivista como la autonomía territorial ligada a la plurinacionalidad implican un serio cuestionamiento a la lógica de dominación capitalista.
Lo más llamativo fue el alineamiento del candidato y la jerarquía correísta con la tesis de Lasso. El propio expresidente Rafael Correa se manifestó abiertamente, desde Bélgica, en contra de las denuncias de fraude y ratificó la decisión final del CNE. A primera vista, la explicación para esta postura es simple: en las simulaciones electorales para la segunda vuelta, Pérez derrotaba ampliamente a Arauz, mientras que este tenía mejores opciones frente a un banquero conservador como Lasso. No obstante, existen elementos de mayor complejidad que sirven para explicar este acuerdo tácito entre la derecha y el correísmo.
El éxito electoral de Pachakutik en la primera vuelta (el partido tendrá el segundo mayor bloque en la Asamblea Nacional) y las sombras de irregularidades establecieron una clara línea de demarcación con la política convencional. Si Lasso apareció como expresión de la vieja política oligárquica, Arauz lo hizo como manifestación de una política en franca descomposición. En ningún momento pudo poner distancia con la imagen de corrupción adosada al correísmo. Es más, durante la campaña se develaron hechos turbios que involucraban directamente al candidato en actos irregulares. Por ejemplo, la denuncia de firma con sobreprecio para un festival de las artes en la ciudad de Loja o de contratos petroleros con China perjudiciales para Ecuador.
En esas condiciones, fue inevitable que Pérez se invistiera como el candidato antisistema, el catalizador del hartazgo y la decepción de una buena parte de la ciudadanía, la condensación de varias agendas sociales. Efectivamente, la candidatura de Pachakutik superó ampliamente lo que podría considerarse un voto orgánico de las organizaciones sociales de izquierda y un voto con identidad étnica. Su penetración en zonas históricamente vedadas para una candidatura indígena, como algunas provincias de la costa ecuatoriana, refleja un cambio drástico en la conducta electoral de varios sectores sociales.
Al final, la denuncia de fraude pasó de ser una reivindicación de derechos y de transparencia electoral a convertirse en un posicionamiento estratégico, en un cuestionamiento a un sistema político excluyente y antidemocrático. El voto nulo, decidido por la mayoría de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue la conclusión obvia y coherente de este cuestionamiento, porque apuntó a la ilegitimidad de las otras dos candidaturas. Es decir, a la ilegitimidad del sistema en su conjunto. No es casual, por lo mismo, que todas las voces del establishment, al unísono, hayan condenado esta decisión. Es más, tanto los voceros de Lasso como los de Arauz coincidieron en sus argumentos para rechazar el voto nulo, porque supuestamente favorecía al rival. Así, la dimensión del voto nulo terminó convirtiendo a Pérez en el tercero excluido de la segunda vuelta electoral.
Lasso revirtió la tendencia
En este marco, y a la luz de los resultados del 11 de abril, se puede sacar una primera conclusión: quien hizo bien los cálculos fue la derecha, no el populismo correísta. El empecinamiento de Lasso en pasar a la segunda vuelta, incluso violando su palabra, tiene una justificación: sabía que, pese a la amplia diferencia conseguida en la primera vuelta (32,7% a 19,7%), Arauz era un candidato vencible. No sólo por su pobreza discursiva, por su docilidad y por el desprestigio del correísmo, sino porque los estrategas de campaña de Lasso, con Jaime Durán Barba a la cabeza, tenían algunos ases bajo la manga. Veamos.
El punto de inflexión en la carrera presidencial se produjo con el debate entre los dos candidatos finalistas. Desde la candidatura de Lasso sabían de las insuperables limitaciones de Arauz en ese terreno. Su flojo desempeño en el primer debate obligatorio, antes de la primera vuelta, anticipaba una situación desventajosa para el candidato del correísmo. Adicionalmente, Arauz se negó a participar en otro debate convocado por los medios de comunicación, con lo cual evidenciaba su escasa capacidad para la lid mediática. A pesar de ser un mal candidato, Lasso pudo inclinar los resultados a su favor. Además, utilizó una artimaña retórica que se volvió demoledora. La frase “Andrés, no mientas otra vez”, con la que martilló el debate, inundó en pocas horas tanto las redes sociales como el ambiente político.
La idea de un candidato que no decía la verdad quedó hábilmente posicionada. La revelación de una relación laboral de Arauz con el gobierno de Lenín Moreno como funcionario del Banco Central, que él pretendió desmentir con argumentos engañosos, fue utilizada como punta de lanza de la campaña sucia de Lasso. Como complemento de esa revelación, se utilizó el cobro de una jugosa indemnización por su renuncia a ese cargo, justo en medio de la pandemia y después de haber estado durante varios años de licencia sin goce de sueldo. La imagen de “pipón” (parásito burocrático, en la jerga popular) fue demoledora. El resbalón final lo provocó el frustrado acuerdo con la Conaie, difundido entre bombos y platillos tras el apoyo del dirigente Jaime Vargas a Arauz, pero rápidamente desmentido por la mayoría de la confederación indígena.
El recurso de la campaña sucia fue manejado con mayor efectividad por la candidatura de Lasso, a partir de una constatación muy simple: al candidato de la derecha era muy difícil sacarle unos trapos al sol que el país conoce desde su primera contienda electoral. Que es banquero, que es millonario, que tiene propiedades, que es neoliberal, que es ultraconservador, que colaboró con distintos gobiernos, que aprobó políticas proempresariales… nada nuevo sobre lo cual generar una visión negativa adicional. Incluso, algunos productos comunicacionales para atacarlo provocaron un efecto inverso y tuvieron que ser retirados.
Contrariamente, el joven Arauz fue demasiado vulnerable en ese campo. Su principal dilema fue tratar de poner distancia con los lastres del gobierno de Correa sin romper con el correísmo. Ese anclaje en el pasado fue hábilmente aprovechado por su contendiente, a punto tal de quitarle la pátina de juventud y renovación con que quisieron posicionarlo en la campaña. Menos aún con la presencia de Pérez, quien apareció no sólo como una real alternativa, sino como una renovación del discurso y de la práctica política. Pachakutik copó con fuerza el espacio de la izquierda y relegó a Arauz al espacio de las fuerzas tradicionales. El candidato del correísmo terminó así identificado con el pasado. Este último punto tiene estrecha conexión con otro factor que fue imposible de manejar por parte de los estrategas de campaña de Arauz: la presencia del expresidente Correa en la campaña desde Bélgica. Este factor ya había sido advertido y analizado en campañas anteriores. Por ejemplo, luego de la derrota electoral de 2014, cuando Alianza País perdió las principales alcaldías del país, especialmente la de Quito. En las elecciones de 2021, la imagen de un candidato subyugado a la tutela omnímoda del líder, sumada a la significativa resistencia que genera Correa desde hace varios años, completó una fórmula corrosiva. La contradicción resultó insalvable: la base que le proporcionó a Arauz el voto duro del correísmo se convirtió a su vez en el techo que le impidió superar la barrera de 50% de los votos válidos.
La izquierda después del 11 de abril
Luego de 35 años de democracia formal, un representante orgánico del sector empresarial llega al gobierno de manera directa. A diferencia de León Febres Cordero, cuyo triunfo en 1984 reinauguró el vetusto régimen oligárquico ecuatoriano en pleno apogeo neoliberal, Lasso enfrenta una crisis múltiple de difícil resolución. Tan sólo la prolongación de la pandemia de covid-19 implica un bloqueo político permanente.
Las respuestas que eventualmente dará el próximo gobierno han sido anticipadas con suficiente transparencia: apertura a la inversión extranjera, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), potenciación del sector privado de la economía, priorización de la minería metálica, flexibilización laboral, profundización del modelo productivo basado en la extracción de recursos naturales… es decir, todo un compendio de estrategias y políticas neoliberales. No obstante, las condiciones del país no son favorables para la aplicación de este modelo en un país dolarizado. El levantamiento popular de octubre de 2019 evidenció la persistencia de profundos problemas estructurales imposibles de resolver desde el ámbito de la economía liberal. Las demandas del movimiento indígena (Estado plurinacional) y de los demás movimientos sociales (derechos diversos) aparecen en primera fila.
En esas circunstancias, el peso simbólico del voto nulo definirá los términos del conflicto político a futuro. Las sombras del fraude electoral y la escasa legitimidad del próximo gobierno convierten al movimiento indígena en un interlocutor político fundamental. Junto con el añejo socialcristianismo, Pachakutik es la única fuerza que no sólo ha logrado sobrevivir la debacle de los partidos, sino que ha acrecentado su representatividad. Además, puede combinar la presión parlamentaria con la movilización social. Por ahora, ha recuperado de manos del correísmo la bandera de la izquierda.
Esta condición le permite irrumpir con más fuerza en el próximo escenario político. Frente a la frágil hegemonía de la derecha, que no tendrá mayoría en el Parlamento, y al progresivo deterioro del correísmo, Pachakutik y los movimientos sociales pueden hacer realidad la insinuación de una tercera vía entre ambos bloques. Existe un programa de gobierno (la Minka por la vida) y una agenda con líneas estratégicas (la plurinacionalidad, la defensa de la naturaleza, los derechos de las mujeres) que sitúan a este sector en la orilla opuesta de un sistema político anquilosado.
La autonomía territorial de los pueblos y nacionalidades indígenas, las restricciones a la depredación de la naturaleza y la despenalización del aborto, por citar los más urgentes, marcaron desde un inicio un campo de confrontación con la derecha y con el populismo correísta. Los resultados de la segunda vuelta permiten una consolidación de esa opción.
Existe, sin embargo, un escenario complejo. El correísmo no cederá en su intento de convertirse en la oposición al gobierno de Lasso y reestructurar su alicaída imagen progresista. Es su única oportunidad para no dispersarse y desaparecer en los próximos cuatro años. De haber anunciado su triunfo en primera vuelta a terminar perdiendo las elecciones hay un abismo insondable.
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