“Nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente por 1.500 millones de dólares en Terminal Cuenca del Plata [TCP], y tras un arduo trabajo del gobierno se cerró un acuerdo con Katoen Natie, que no sólo desiste del juicio, sino que se compromete a invertir en el puerto 460 millones de dólares”, dijo el 2 de marzo ante la Asamblea General el presidente Luis Lacalle Pou. Con ese anuncio, el gobierno dio por finalizada una negociación con la firma de servicios portuarios de origen belga, que comenzó a pocos días de asumir y tuvo como motivo la notificación de un juicio internacional en el final de la administración anterior.
TCP es la única terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, que pertenece a Katoen Natie y en parte minoritaria (20%) al Estado uruguayo. Fue concesionada en 2001 por 30 años y, como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades, se extenderá el contrato hasta 2081, lo que ha generado distintas reacciones: críticas del Frente Amplio (FA), la advertencia de un posible juicio de la firma Montecon –competidora de Katoen Natie, que opera en los muelles públicos– y un pedido de información por parte del Partido Colorado (PC).
De declaraciones hechas a principios de marzo por Luis Alberto Heber y de lo dicho por el presidente previamente se desprende que el motivo por el que se empezó la negociación con Katoen Natie –que a la postre significó la extensión hasta 2081 de la concesión– fue la posibilidad de un juicio internacional.
Si bien los diferendos entre Katoen Natie y las autoridades de gobierno del FA venían desde hace años, el inicio de esta historia se sitúa en 2019, pocos días antes de la elección nacional. Con fecha 15 de octubre, llegó una nota al Ejecutivo en que se planteaba que había existido una violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Bélgica y Uruguay, por lo que Katoen Natie conminaba a las autoridades a entablar una negociación.
Pasaron las elecciones, llegó el año 2020 y no hubo respuesta del gobierno. Ante esto, el 14 de febrero desde Amberes –ciudad de Bélgica y principal puerto del país europeo– llegó otra nota al entonces presidente, Tabaré Vázquez, en que se informaba la decisión de comenzar un juicio por 1.500 millones de dólares. Según consignó El País, la carta también fue enviada a Lacalle Pou, que se encontraba a días de asumir.
Esas notas de la firma belga hasta el momento no habían sido divulgadas y días atrás el portal especializado Boletín Informativo Marítimo publicó un fragmento. ¿Cuál es el motivo del reclamo? La interpretación de Katoen Natie es que distintas disposiciones que tomó la Administración Nacional de Puertos favorecieron en los hechos a su competidora Montecon, y esto redujo la actividad de TCP.
El papel del Ciadi y los “problemas” de la negociación
El ámbito para los reclamos de esta índole es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial en que se canalizan los problemas entre los estados y las multinacionales, de acuerdo con lo establecido en los tratados de inversiones.
La politóloga Natalia Carrau, investigadora de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay especializada en acuerdos de comercio e inversiones, que monitorea los casos en el Ciadi que involucran al país, confirmó a la diaria que en el tribunal internacional no hay registro de ninguna demanda iniciada por Katoen Natie contra Uruguay.
Con base en la información disponible, explicó que “la primera notificación” de la empresa, en octubre de 2019, “activó un período de consultas de seis meses antes de hacer efectiva la demanda”, y la segunda nota anuncia que pasados “cuatro meses Uruguay no ha hecho nada para resolver lo que entienden son violaciones al tratado de protección de inversiones”. Sin embargo, la demanda no termina siendo registrada “porque antes de vencerse el plazo, iniciaron la negociación con el nuevo gobierno”.
Según sostuvo Carrau, los pasos que siguió Katoen Natie van en línea con lo estipulado en los acuerdos internacionales. Más allá de esto, la especialista recordó que la firma belga desde hace tiempo “ha amenazado con ir a juicio por diferentes cuestiones que tienen que ver con la concesión y la forma de administrar el puerto y TCP”.
Tanto para este caso y otros similares, como la demanda contra Uruguay de la tabacalera Phillips Morris, Carrau indicó que el colectivo que integra tiene cuestionamientos sobre los mecanismos de negociación porque dejan a los estados en condición de inferioridad.
“El uso que las empresas transnacionales hacen de este instrumento es sumamente abusivo y cuestiona su legitimidad, por el sometimiento que hacen al Estado. No se critica el instrumento, sino [lo que significa] en materia de la toma de decisiones de políticas públicas por parte de gobiernos elegidos democráticamente”, manifestó.
Agregó que “el problema en términos de democracia y transparencia es que las condiciones en que se llevan adelante las negociaciones no son públicas, no hay ningún contralor ni se saben los costos o beneficios de la negociación que se abre”. Sobre la resolución del tema con Katoen Natie, evaluó: “Es claro que si la empresa aceptó retirar la demanda, es porque el acuerdo es beneficioso para sus intereses”.