El presidente israelí, Reuven Rivlin, encargó formalmente este martes al actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, la formación de un nuevo gobierno, si bien se mostró bastante pesimista respecto del tema porque considera que “ningún candidato tiene posibilidades reales” de hacerlo y romper el bloqueo político en el que se encuentra el país. En una declaración tras hacerle el encargo a Netanyahu, que fue consignada por la agencia de noticias Efe, Rivlin manifestó que su decisión “no fue fácil ni ética ni moralmente” debido al juicio por corrupción que afronta actualmente el jefe del Ejecutivo.
Ahora Netanyahu tiene 28 días –más 14 adicionales que tiene derecho a pedir– para recoger el apoyo de al menos 61 de los 120 diputados que forman el Parlamento unicameral israelí, la Knéset, cuyos integrantes elegidos en las últimas elecciones del 23 de marzo asumieron sus cargos este martes. A pesar de no querer hacerlo, Rivlin le encomendó a Netanyahu el mandato de formar gobierno porque es el líder partidario que cuenta con más apoyos, de 52 legisladores. Si bien esa cifra no le basta para ser reelecto, es superior a la que consigue el segundo postulante más votado en los comicios, Yair Lapid, líder del partido centrista Yesh Atid, que consiguió 45 escaños.
La realidad política de Israel y el bloqueo de que es objeto son consecuencia directa de la figura de Netanyahu, defendido férreamente por un sector y rechazado abiertamente por otros. Además de su partido, el Likud –el más votado en las últimas elecciones–, el actual primer ministro, de 71 años de edad, cuenta con el apoyo de los dos partidos que representan a las comunidades ultraortodoxas: el Shas –que nuclea a los sefaradíes– y Judaísmo Unido de la Torá –integrado por los jaredíes ashkenazis–, además de los ultraderechistas del Partido Religioso Sionista, sector heredero del Kach, una formación que hace más de 25 años fue declarada ilegal y es considerada terrorista tanto en Israel como en Estados Unidos y la Unión Europea.
En la vereda de enfrente de Netanyahu se sitúan el ya mencionado Yesh Atid, el histórico Partido Laborista, el izquierdista Meretz, el centrista Azul y Blanco, el derechista Nueva Esperanza, el ultranacionalista Israel es Nuestra Casa y los árabes de Lista Conjunta.
Otros 11 diputados, cuatro del sector islamista árabe Raam y siete del ultranacionalista Yamina, no están en ninguno de los dos bloques, pero el líder de este último partido, Naftali Bennett –antiguo aliado de Netanyahu– aseguró que luchará por constituir un gobierno “estable de derecha”. Su apoyo, de todos modos, no le bastaría a Netanyahu para lograr su principal objetivo, que es seguir siendo el jefe del Ejecutivo para garantizar su inmunidad ante la Justicia.
Por otra parte, no parece viable que Netanyahu logre pactar con los legisladores de Raam, debido a que esto generaría un agrietamiento en su base de apoyo, a quienes no se les pasa por la cabeza conformar un gobierno junto a ciudadanos árabes.
En cuanto a la situación judicial de Netanyahu, este martes tuvo lugar la segunda audiencia de la fase probatoria del juicio, que comenzó el lunes en un tribunal de Jerusalén. Al contrario de lo que pasó en la sesión inaugural, el primer ministro no debió comparecer en forma presencial a la instancia judicial, pero sí tendrá que hacerlo nuevamente en los próximos días.
Es evidente que el juicio, al que tilda de “caza de brujas”, perjudica notoriamente la imagen de Netanyahu, pero los testimonios que se están sumando en la Justicia en algunos casos son netamente desfavorables para el actual primer ministro. De acuerdo a lo que informaron medios israelíes y agencias internacionales de noticias, uno de los primeros testigos brindó detalles sobre cómo recibió presiones para mejorar la imagen mediática de Netanyahu en detrimento de sus oponentes políticos.
Durante las audiencias, la Fiscalía acusó con dureza a Netanyahu y anticipó que tiene abundantes evidencias en los tres casos de corrupción, en los que el mandatario es acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza, delitos que podrían llevarlo a la cárcel en caso de ser declarado culpable.