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Docentes protestan para reclamar que se suspendan las clases presenciales por el avance del covid-19, en Buenos Aires (Argentina).

Foto: Juan Ignacio Roncoroni, EFE

Justicia de la ciudad de Buenos Aires ordenó la presencialidad de las clases, pero gremios docentes decidieron un paro

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El panorama jurídico y político argentino se vio sacudido en la noche del domingo por una serie de hechos vinculados a las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández para contener el avance del coronavirus.

Ante un recurso presentado en contra del decreto del gobierno nacional por entender que vulneraba la autonomía porteña, la Cámara de Apelaciones determinó que las clases deben continuar de manera presencial hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el tema. Poco tiempo después de conocerse la noticia, gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires anunciaron un paro en reclamo de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “acate lo resuelto por el Poder Ejecutivo nacional”.

Paralelamente, el presidente Alberto Fernández expresó que la resolución de la Cámara de Apelaciones “es un estrago jurídico”. En declaraciones a la radio El Destape consignadas por Télam, el mandatario dijo que “están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

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