“¿Se imaginan a un juez reunido con Alberto Fernández en la Casa Rosada antes de dictar un procesamiento contra [el expresidente Mauricio] Macri? Sería un escándalo, ¿no? Pero el juez Gustavo Hornos visitó a Macri antes de procesar a Cristina [Fernández de] Kirchner y nadie se enteró”, decía en febrero Martín Soria, actual ministro de Justicia de Argentina. Antes de asumir el cargo, Soria denunció la visita de jueces federales a Macri, un caso que ahora investigan el Congreso y la Justicia argentina.
Durante la presidencia de Macri, el juez Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, el principal tribunal penal, visitó seis veces la Casa Rosada y dos la residencia presidencial de Olivos. Otro juez de esa misma corte, Mariano Borinsky, visitó Olivos en 15 ocasiones, y explicó después que tenía un vínculo social con Macri y que se reunían para jugar al tenis. Esta respuesta no tranquilizó a quienes sospechan que en esos encuentros los participantes pudieron discutir sobre casos que involucraban directamente a los jueces y a los principales actores políticos del país, en particular a la expresidenta Cristina Fernández, líder de la oposición durante el mandato de Macri.
En la Cámara de Diputados se anunció la creación de una comisión destinada a indagar la llamada “mesa judicial” del gobierno de Macri, mientras que el fiscal Franco Picardi también investiga estas conexiones. A su vez, el Consejo de la Magistratura, que se encarga de designar y destituir jueces, recibió denuncias contra los dos magistrados.
Para el kirchnerismo, las visitas son una muestra clara de connivencia entre Macri y el Poder Judicial y de presiones del expresidente para perseguir a dirigentes opositores durante su gobierno. En este contexto, el fiscal de la Seguridad Social Gabriel de Vedia habló con varios medios sobre presiones del macrismo para que renunciara la jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que había sido designada durante la presidencia de Cristina Fernández. La voluntad del macrismo de que Gils Carbó dejara el cargo, porque era considerada fiel al gobierno anterior, era conocida públicamente.
De Vedia relató un supuesto diálogo que tuvo con un asesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón. “Yo le planteo el tema de la procuradora. Primero [Rodríguez Simón] negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté [sobre] lo que me interesaba, que era que se acabara la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la procuradora tenía que renunciar para no ir presa”, relató el fiscal, de acuerdo con Infobae.
“Éramos muchos quienes estábamos preocupados al ver cómo desde el Poder Ejecutivo, utilizando medios hegemónicos, llevaban a cabo una persecución contra fiscales”, dijo De Vedia a C5N, y agregó: “No se respetaba la división de poderes”. Según el fiscal, la amenaza contra la exprocuradora general también incluía acciones judiciales contra las hijas de la funcionaria.
Gils Carbó ocupó su cargo durante un año y diez meses del gobierno de Macri, fue procesada por supuestas irregularidades en la compra de un edificio de la procuraduría y finalmente, en octubre de 2017, presentó su renuncia.
A partir de las declaraciones de De Vedia, el diputado Rodolfo Tailhade, integrante del oficialista Frente de Todos, presentó un escrito, que fue respaldado en otro documento por 11 senadores y seis diputados. Allí Tailhade afirma que “resulta imperativo” que el fiscal Picardi “ordene de manera urgente” que testifiquen De Vedia y Gils Carbó en la investigación sobre la mesa judicial.
A su vez, los congresistas califican de “inusualmente grave en términos institucionales” los hechos que relató De Vedia. Consideran que muestran “el claro reconocimiento por parte de Rodríguez Simón de la existencia de ese ámbito clandestino e ilegal que era la denominada “mesa judicial M”, que conducía el propio presidente de la Nación Mauricio Macri y desde la cual se digitaba el curso de acción que debían seguir las causas judiciales que se habían iniciado contra dirigentes de la oposición pública”, citó la agencia de noticias Télam.
En cuanto a la exprocuradora general de la Nación, Tailhade dijo que “como parece obvio a esta altura, resulta indispensable” que también brinde su testimonio como “víctima principal de la maniobra”.
Según informó el diario Página 12, dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, que actualmente preside Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, plantearon en un escrito que esa corte atraviesa una “crisis de inédita y creciente magnitud” y pidieron una reunión de sus integrantes sin la presencia del presidente del tribunal.