Cuando se inscribieron las listas de candidatos a integrar la convención constitucional chilena, la incapacidad de la centroizquierda de aunarse en una lista única hizo pensar que el triunfo de la derecha estaba matemáticamente asegurado. Pero en el último mes, la administración del presidente Sebastián Piñera enfrentó una histórica derrota ante el Tribunal Constitucional y el golpe, adelantan los analistas, podría cambiar los pronósticos para el órgano que redactará la nueva constitución.
La mañana del sábado 10 de abril, las urnas no estaban abiertas y los electores no hacían filas en los locales de votación. En cambio, 67% de las comunas de Chile estaba en cuarentena total. Acechaba, además, un temor reciente: en la jornada anterior, el Ministerio de Salud había informado sobre un preocupante récord de contagios de covid-19, que alcanzaba los 9.171 casos en 24 horas, la cifra más alta registrada en todo el curso de la pandemia. Esa misma semana, apenas cuatro días antes de la fecha programada para las elecciones –que ya habían sido postergadas desde octubre de 2020 a abril de 2021–, el Congreso Nacional resolvió aplazarlas para el 15 y 16 de mayo. El avance del virus hacía imposible pensar en cualquier proceso electoral para ese fin de semana, incluso si se trataba de la elección de miembros de la futura convención constitucional, la emblemática salida institucional a la crisis política y social que estalló en el país en octubre de 2019. Esa salida, además, fue aprobada por 78% de los votantes un año después.
Se tratará, quizás, del proceso electoral más impredecible que se haya vivido en la historia moderna de Chile. Aunque el sistema electoral será proporcional y estará basado en el método D’Hondt, similar al que se aprobó en 2015 para diputados y senadores –que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos obtenidos–, en esta elección se suman algunos factores que nunca habían entrado en juego en comicios anteriores: una corrección por género que asegura que 50% de los miembros seleccionados serán mujeres, una modificación que permite que los candidatos independientes se agrupen en listas, y un total de 17 escaños reservados para los diez pueblos originarios reconocidos por el Estado. Por la suma de todas esas variables, pocos se atrevían a adelantar ese fin de semana cómo se vería la convención una vez que todos los votos fueran contabilizados.
A pesar de la incertidumbre, había una idea que tenía muchos adeptos ese 10 de abril: era probable que la centroderecha obtuviera escaños de forma más eficiente que la centroizquierda. Varios, incluso, se atrevieron a afirmar que el oficialismo podría alcanzar a elegir por sí solo un tercio de los representantes, lo que le podría otorgar poder de veto en el órgano constitucional, que debe aprobar las normas con un quórum de dos tercios de los integrantes. La razón era principalmente matemática: la centroderecha se presenta a las elecciones con una única lista que va desde Evópoli –un partido joven y de corte liberal– por el centro hasta el Partido Republicano –dirigido por el excandidato presidencial José Antonio Kast y que no forma parte de la coalición de gobierno– por la extrema derecha.
“La derecha tiene un nivel de diversidad ideológica cada vez más grande, pero fueron profundamente pragmáticos en lo electoral. Para mí, eso tiene que ver con un aprendizaje que ha tenido la derecha en estos años, particularmente en los que ha estado en el gobierno: aprendieron la importancia de la unidad electoral a la hora de plantearse en estos procesos”, explica Javier Sajuria, analista y profesor de Ciencia Política de la Queen Mary University of London.
En cambio, la centroizquierda no logró acuerdo para llegar en una única lista a las votaciones y se dividió principalmente en dos: la Lista del Apruebo –conformada mayoritariamente por los partidos que en los 90 gobernaron unidos bajo la forma de la Concertación de Partidos por la Democracia– y la lista Apruebo Dignidad –en la que figuran el Partido Comunista (PC) y varios de los partidos del Frente Amplio (FA)–. Adicionalmente, se inscribieron decenas de listas de independientes o de partidos más pequeños con ideas de centroizquierda. Debido al sistema electoral, la lista única de la centroderecha hacía más probable que pudieran transformar sus votos en una mejor cantidad de escaños, a pesar de que obtuvieran en números absolutos un apoyo menor.
“En el caso de la centroizquierda pasa todo lo contrario”, continúa Sajuria. “Hay menos diferencias programáticas –sobre todo si se trata de temas constitucionales, porque las posturas están dentro de márgenes muy similares–, pero electoralmente han optado por proyectos identitarios. Eso, creo yo, tiene que ver con un proceso de desgaste de las relaciones en el sector y también está influenciado por el estallido social: hay una crítica muy dura desde un sector de la izquierda, particularmente el FA y el PC, al rol que tuvieron los partidos de la Concertación en la construcción y perpetuación del modelo. Hay un tema de desconfianza”.
El revés de Piñera
Pero esos primeros cálculos podrían haber cambiado drásticamente durante el mes que transcurrió entre ese 10 de abril y el 15 de mayo que se aproxima. De la mano del recrudecimiento de la pandemia, empeoró también la crisis económica. Una de las condiciones puestas por el Congreso para aprobar el aplazamiento de los comicios fue la de entregar a la ciudadanía los apoyos monetarios necesarios para enfrentar las nuevas cuarentenas. La idea del gobierno fue entregar una nueva versión del Ingreso Familiar de Emergencia para las familias más vulnerables, un Bono Clase Media para quienes pudieran demostrar una caída de ingresos debido a la emergencia sanitaria, y un “préstamo solidario”. Todo el paquete de medidas implicaba un gasto fiscal de 6.000 millones de dólares adicionales. Para la oposición y parte del oficialismo, era todavía poco para enfrentar la magnitud de la crisis. El Ejecutivo presentó mejoras, pero los cuestionamientos siguieron.
Sus iniciativas no obtuvieron el apoyo necesario, principalmente porque había otra alternativa que tomaba cada vez más fuerza en las cámaras del Parlamento: un tercer retiro de 10% de los fondos de pensiones ahorrados por los trabajadores, una medida que se planteó en 2020 como excepcional pero que demostró su efectividad para llegar de forma rápida a la mayor parte de los ciudadanos que la necesitaban. El nuevo retiro fue aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de abril, y cinco días después el gobierno confirmó que llevaría la iniciativa hasta el Tribunal Constitucional. Ese órgano encargado de revisar que las leyes y reformas aprobadas por el legislativo no contravengan la Constitución es uno de los más cuestionados por la ciudadanía por haber bloqueado históricamente la aprobación de leyes apoyadas por amplias mayorías. Uno de los argumentos citados por La Moneda fue que una iniciativa así, relacionada con la seguridad social, era de “exclusiva legislativa presidencial”.
¿Por qué la decisión del gobierno influiría en el escenario electoral de la constituyente? Primero porque la actual Constitución está “desvalorizada en el imaginario colectivo”, explica la subdirectora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, Valeria Palanza. “La decisión del gobierno de acudir a esa misma Constitución, que pronto ya no existirá como tal, para dar solución a problemas graves de coyuntura parece por lo menos desacertada”, dice. Pese al requerimiento ante el tribunal, la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en el Senado, incluyendo a parlamentarios de los partidos oficialistas. El golpe final vino el martes 27 de abril, cuando el Tribunal Constitucional resolvió no acoger el requerimiento y obligó a Piñera a promulgar la iniciativa. Se trató, aseguraron diversos analistas, del punto más alto de la crisis política e institucional que se arrastra desde 2019.
“Hasta ahora, todo apuntaba a que en la elección de constituyentes de mayo la derecha iba a obtener más de un tercio de los escaños y a que en la elección presidencial de noviembre contaría con la primera posibilidad de ganar. Desde hoy, nada de eso es cierto”, decía el doctor en Ciencia Política Kenneth Bunker, a las pocas horas. “El fuerte cambio en el balance de poder desde el Ejecutivo al Legislativo y de la alianza de derecha a la oposición dividida necesariamente tendrá un efecto negativo para el sector del gobierno. La magnitud de ese efecto es imposible de medir a esta altura, pero es seguro decir que ya no se puede garantizar que la derecha podrá bloquear a la oposición en la Convención Constitucional”, añade.
La noción de que la cancha está más abierta que nunca también la tiene Sajuria. “Mi impresión es que, si bien hace tres meses yo pensaba que esto iba a ser una boleta de la derecha y que iban a llegar casi a la mitad de los escaños simplemente por estrategia electoral, no me queda tan claro ahora, principalmente dada la baja popularidad que tiene el gobierno”, dice. “Eso, creo, puede afectar absolutamente todos los pronósticos”.
Consuelo Ferrer, desde Santiago.