En el decimosegundo día de protestas en Colombia, el domingo se produjo una situación peculiar en Cali. “El Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC] y otras organizaciones indígenas y afros del Valle del Cauca manifiestan su rechazo a los sucesos ocurridos hoy en la tarde [por ayer] en Cali, cuando sujetos armados atacaron a los mingueros que se desplazaban por Jamundí, provocando al menos 8 heridos”, denunció el CRIC a través de Facebook. Una movilización de la Minga, organización indígena de la región, fue atacada por civiles armados y la Policía cuando intentaba ingresar a Cali por el sur, por el barrio Ciudad Jardín, donde viven familias de alto poder adquisitivo. “La respuesta del gobierno nacional a la gente que está marchando y está reclamando sus derechos no puede ser la represión militar”, dijo una vocera de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca en un acto público de denuncia en la Universidad del Valle, donde están sesionando las organizaciones indígenas y afro.
Hasta el 5 de mayo, las organizaciones de derechos humanos habían denunciado que como consecuencia de la represión, se habían registrado 1.780 casos de violencia policial, 1.130 detenciones arbitrarias, 38 asesinatos vinculados al accionar policial, más de 400 heridos, 42 desaparecidos, 31 personas con lesiones oculares, 15 agresiones sexuales cometidas por miembros de la Policía, diez allanamientos sin autorización judicial y 52 defensores de derechos humanos agredidos.
Julián González, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, en Cali, dijo a la diaria que en los últimos dos años, y en particular como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, en Colombia aumentó la cantidad de personas en situación de pobreza. En un país con 50 millones de habitantes, 21 millones son pobres, dentro de las cuales siete millones son indigentes. Pero, además, hay cuatro millones de desempleados y 12 millones de trabajadores en la informalidad. “Han quebrado debido a la crisis por la pandemia 500.000 medianas y pequeñas empresas, y hay 17 millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, es decir que no alcanzan a tener tres comidas diarias. La base de las protestas urbanas que se han desarrollado está sustentada en este deterioro de las condiciones de vida de las mayorías”, explicó González.
Según el académico, el Comité del Paro Nacional, conformado básicamente por organizaciones sindicales, le está exigiendo al gobierno del presidente Iván Duque retomar los puntos que se venían negociando el año pasado, luego del 21N (21 de noviembre de 2019, cuando se produjo la primera gran movilización social de protesta). La negociación entablada fue dilatada por el gobierno y el advenimiento de la pandemia terminó por congelarla. “En la actualidad se están pidiendo seis cosas básicas: una renta básica, un salario mínimo para diez millones de personas por un año, apoyo al pago de salarios de pequeñas y medianas empresas por seis meses, matrícula cero para estudiantes universitarios en las universidades públicas, cese de las formas de discriminación contra los pueblos indígenas y otras minorías, la no privatización de los activos públicos, y acelerar los procesos de vacunación masiva y fortalecer el sistema de salud”, dijo.
Para González, el proceso de paz iniciado entre el gobierno y la guerrilla permitió que se dejara de gobernar a partir de “estados de excepción”, que generaban que “toda protesta pública fuera tratada como un problema de orden público y se relacionara con la guerrilla o actividades subversivas”. Si bien este relato aún es utilizado por el gobierno, las protestas de los últimos días están lejos de estar vinculadas a la guerrilla o el narcotráfico, y además también tienen autonomía del Comité del Paro Nacional y de los partidos políticos de izquierda. Según González, esto hace difícil encontrar interlocutores válidos con los que negociar.
“El gobierno de Duque tiene mucha fragilidad política, tiene el respaldo de un sector del Partido Centro Democrático, del Partido Conservador, de Acción Ciudadana y de algunos partidos asociados a iglesias cristianas, pero el Partido Liberal y Cambio Radical se han desmarcado del gobierno, y los partidos de oposición, por supuesto, no están apoyando al gobierno. A esto hay que añadir los informes de Human Rights Watch, de la ONU y del Parlamento Europeo, y hasta la vigilancia que viene haciendo el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación, un país que otorga una ayuda militar de 200 millones de dólares anuales a Colombia”, explicó González. Por otro lado, también hay contradicciones entre una parte de la clase dominante, vinculada a la producción agropecuaria (ganaderos, agricultores, bananeros y palmeros), que apoya al expresidente Álvaro Uribe, y por lo tanto a Duque, y otra, vinculada a la producción industrial, que apoya al expresidente Juan Manuel Santos.
En cuanto a la actuación de la Policía, González afirmó que Colombia es uno de los países con la mayor proporción de policías del mundo en relación con su población, y que se trata de una Policía militarizada a tal grado que tiene una fuerza aérea y naval propia. Pero, además, el Comité del Paro Nacional “le está exigiendo a Duque no acudir al estado de excepción, que les daría potestades a los militares para actuar sin ningún control. Si ahora, con ciertas garantías jurídicas, está ocurriendo esto, no podemos imaginarnos qué pasaría si se declarara el estado de excepción”, concluyó González.