A lo largo de diez días de protesta en Colombia murieron 37 personas, se registraron 934 detenciones arbitrarias de manifestantes y la policía disparó sus armas en 98 ocasiones. Aunque sea difícil llevar la cuenta, esos son los números del último reporte que difundió la ONG Temblores, que se convirtió en un referente por su trabajo de registro. Su listado incluye también 234 manifestantes que fueron víctimas de agresiones físicas, 26 ataques directos a los ojos y 11 casos de violencia sexual.
El viernes, cerca de Bogotá, en el municipio de Sibaté, el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, que los manifestantes piden que se desmantele, disparó perdigones contra tres periodistas que cubrían una movilización y dos de ellos fueron heridos, según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa.
La violencia desplegada desde que comenzaron las protestas, el 28 de abril, llevó a que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia, una entidad estatal creada por el conflicto armado, decidiera intervenir. Su directora, Luz Marina Monzón, informó que entre las competencias de esa unidad está la de “buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado, pero también debe procurar la no repetición de hechos”. Por eso convocó “a la Defensoría y a la Fiscalía General de la Nación a una reunión a fin de articular los esfuerzos del Estado que dé con la mayor celeridad una respuesta a las familias que están buscando a sus seres queridos”.
De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, esa unidad recibió denuncias sobre 379 manifestantes que no regresaron a sus casas. Ese periódico logró contactar a 15 de las personas que estuvieron desaparecidas pero sí regresaron. La mayoría todavía tenía miedo, y no quisieron dar su testimonio ni siquiera de manera anónima. Otras sí lo hicieron, y contaron que fueron detenidas, incomunicadas, golpeadas de un modo brutal ‒en la cabeza, las costillas, los pechos‒, tratadas con violencia verbal y amenazadas.
Sin embargo, hasta ahora el presidente, Iván Duque, se manifestó preocupado por los ataques contra la propiedad privada y la infraestructura estatal, así como el impacto económico que pueden causar las protestas, y no por la seguridad de los manifestantes. Del mismo modo, su gobierno convocó a un diálogo social, pero comenzó por reunirse con patronales que también lamentaron el impacto económico que esta crisis puede causar en la industria petrolera o el turismo. Recién para el lunes están convocados representantes del Comité del Paro, que convocó a las protestas. Tanto el discurso de Duque como las condiciones en que comenzó el diálogo fueron cuestionados por dirigentes políticos de izquierda, de centro y de derecha.
“La retórica del presidente Duque, y de su partido Centro Democrático, ha sido tradicionalmente la de estigmatizar a la oposición y la protesta asociándola con los esporádicos actos de vandalismo”, dijo a la diaria Juan Carlos Rodríguez Raga, profesor del Departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Señaló que por eso “no sorprende que haya cerrado filas con la Policía y las fuerzas militares, ignorando los desmanes y violaciones a los derechos humanos ‒ampliamente documentados‒ que algunos de sus miembros han cometido en contra de los manifestantes”. En esa misma retórica, “anclada en el tema de la seguridad nacional, se enmarcan los señalamientos, sin evidencia visible, de infiltraciones de las protestas por parte de grupos armados como las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]”, explicó.
Una de las consecuencias de este alineamiento del Ejecutivo es la dificultad para que los datos oficiales permitan conocer los efectos de la represión en Colombia, donde además policías vestidos de civil han atacado a manifestantes. A esto se agrega que “durante los últimos años el gobierno ha logrado cooptar los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, lo que implica que estas instituciones que deben velar por el rule of law y la protección de los derechos humanos, no estén cumpliendo sus funciones”, dijo Rodríguez Raga.
“En estas circunstancias, la protección de la población civil es precaria y depende en gran medida de los medios de comunicación ‒que en muchos casos se alinean con el discurso gubernamental‒, de plataformas alternativas de veeduría ciudadana (como Temblores, Cero Setenta y otras) y la comunidad internacional”, señaló el politólogo. Agrego que “la actitud del gobierno al enfrentar la crisis ha sido en general negacionista y ensimismada”.
Por otra parte, “el carácter descentralizado y poco organizado de la movilización, que hace difícil la identificación de interlocutores, de alguna manera le da la excusa al gobierno para ser selectivo a la hora de elegir con quién sentarse a dialogar y con quién no”, señaló, y consideró que esa actitud “sólo patea el problema hacia adelante”. Y no se trata de un problema nuevo. Las protestas actuales contra las políticas económicas, sanitarias y sociales, tienen “muchas continuidades” con movilizaciones anteriores, en particular las del 21N, aquellas que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, poco después de las movilizaciones en Chile y Ecuador.
“Como en protestas anteriores, el Comité de Paro ‒compuesto por centrales sindicales y de gremios del agro y del transporte‒ ha tenido un rol importante de coordinación en las convocatorias, pero difícilmente abarca o representa a todos los actores y movimientos que se han sumado a las marchas”, explicó Rodríguez Raga. Organizaciones estudiantiles, indígenas y muchas otras están movilizadas.
Desde 2019, “las condiciones objetivas de precariedad que subyacen a las protestas ‒en el mejor de los casos‒ permanecen, aunque en general no han hecho más que agudizarse con la situación de pandemia”, señaló el politólogo. También se agregan otros elementos. Uno es la “debilidad política del gobierno”, que impulsó una reforma tributaria que ni siquiera contaba con el respaldo de la totalidad del oficialismo. “Este proyecto, si bien constituía en mi opinión un paso en la dirección correcta para corregir inequidades y buscarles financiación a los programas de alivio a poblaciones vulnerables afectadas por la pandemia, se quedaba muy corto en su progresividad”, consideró.
Consultado acerca de lo que ocurre en Cali, una ciudad que recibe desplazados por la violencia, en particular de poblaciones indígenas y afrodescendientes, y que fue una de las más movilizadas, Rodríguez Raga dijo que esas poblaciones “engrosan los cinturones de precariedad que ya existían” y se agrega “un componente étnico de discriminación y segregación residencial agudos y una gestión muy deficiente de los gobiernos locales recientes”. Agregó que, en esas condiciones, “no sorprende” que allí las protestas sean más intensas.
Desde varios países, partidos políticos y organizaciones sociales reclaman al gobierno colombiano que ponga freno a la violencia, y lo mismo hicieron manifestantes frente a las embajadas de Colombia en el mundo. Ayer la Organización de las Naciones Unidas insistió en pedirle a Duque que se respete el derecho a protestar y unas 650 organizaciones sociales le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visite Colombia.