El presidente colombiano, Iván Duque, lanzó un ámbito de diálogo con distintos sectores sociales al que llamó “Encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental”. Allí su gobierno recibió el apoyo de distintos sectores patronales: la organización Confecámaras, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, según informó el diario colombiano El País. Sin embargo, esta iniciativa fue muy criticada porque el diálogo no incluyó todavía a los sectores que están movilizados desde el 28 de abril en las principales ciudades colombianas, ni tampoco a representantes de la oposición. Recién el lunes está convocado a participar de ese encuentro el Comité Nacional de Paro, que impulsa las protestas.
“Se le abona al presidente Iván Duque su voluntad de diálogo, pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy a buscar acuerdos con el Comité del Paro, que espera diálogo serio desde 2019”, dijo el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, según la agencia Efe.
A su vez, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo a ese medio que “por los primeros anuncios” ese diálogo que impulsa el gobierno “podría ser una repetición de una malograda idea del pasado, que es una conversación que no lleva a ninguna parte”. Continuó: “En todo caso, un diálogo no puede ser entre el gobierno y sus amigos. Eso sería un monólogo que no lleva a ninguna parte. Con quien debe dialogar el gobierno es con el Comité Nacional de Paro, y tiene que ser un diálogo leal, honesto, transparente, en el que se busquen unos objetivos que tienen que expresarse en soluciones sobre puntos definidos”.
Mientras tanto, las manifestaciones callejeras continúan en decenas de ciudades y localidades del país, y Duque insiste en que los disturbios que se están registrando a diario se deben a “manos criminales” vinculadas con grupos armados y el narcotráfico, sin aludir en ningún momento a los manifestantes muertos y heridos por violencia policial.
El despliegue excesivo de fuerza por parte de la Policía colombiana fue repudiado por manifestantes, organizaciones sociales y partidos políticos en distintos países. También la Organización de las Naciones Unidas y diversos gobiernos manifestaron su preocupación por lo que ocurre en Colombia.
El fiscal general, Francisco Barbosa, emitió una declaración conjunta con el titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Camargo, en la que informó que serán imputados policías por los asesinatos de tres civiles. Sin embargo, esos casos no llegan a la décima parte de las muertes que denuncian organizaciones sociales como Temblores, que registra 37 muertes de civiles desde el comienzo de las manifestaciones. Incluso son pocos para los números de la Fiscalía, según la cual hubo “11 muertes violentas” en el marco de las protestas, se registraron siete más que “están en verificación” y otros “seis homicidios no tienen vínculo” con las movilizaciones.
La Defensoría y la Fiscalía informaron también que de las 89 personas reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas, 38 “ya fueron ubicadas”. Camargo explicó que su búsqueda abarca hospitales, comisarías y centros forenses.
En las calles los manifestantes pedían el jueves el fin de la violencia y también el desmantelamiento del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Las últimas protestas incluyeron bailes y actuación, pero también hubo casos de saqueos y enfrentamientos con la Policía, y las calles y rutas se mantienen cortadas en varios puntos del país.
En Barranquilla, un manifestante de 24 años fue internado en el CTI después de recibir el impacto de los chorros a presión de los camiones lanza-agua del Esmad, y en la capital del departamento de Risaralda, Pereira, tres jóvenes fueron heridos de bala. No se sabía el jueves quiénes fueron los agresores, que iban vestidos de civil.
La organización Temblores registró, además de 37 muertes por la violencia policial, otros 1.708 casos de violencia de parte de la Policía, diez víctimas de violencia sexual, 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias y 110 casos en que la Policía disparó sus armas de fuego en el marco de las manifestaciones.