A lo largo de 23 días de movilizaciones masivas contra el gobierno de Iván Duque, dos reformas impulsadas por el oficialismo y rechazadas por los manifestantes fueron descartadas sin que llegaran a aplicarse. Primero, el gobierno colombiano retiró la reforma fiscal, iniciativa que originó las protestas y que casi no tenía respaldo en ámbitos políticos. Ahora fue el turno de la reforma de la salud, que naufragó en el Congreso el miércoles.
“La salud no puede seguir siendo un negocio”, y con esta reforma “lo seguía siendo”, dijo el diputado de Alianza Verde Fabián Díaz, en declaraciones consignadas por la cadena Telesur. “Como fue planteado”, este proyecto “no resuelve los problemas estructurales”, opinó Jairo Cala, diputado de Comunes.
Para los manifestantes, esta iniciativa presentada por el derechista partido Cambio Radical implicaba aumentar la privatización del sistema de salud con nuevos mecanismos de pago y facturación. En cambio, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que “de ninguna manera” el proyecto avanzaba en las privatizaciones y que establecía “un sistema de salud más justo”.
El archivo de este proyecto fue “otra victoria ciudadana fruto de la movilización pública y pacífica que se ha adelantado en toda Colombia”, dijo el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Alexander López, al anunciar el rechazo del Congreso a la iniciativa. “Sólo la presión ciudadana obligó a partidos tradicionales y congresistas a retirar su respaldo a ese atentado”, concluyó. La noticia fue celebrada por los manifestantes reunidos en el centro de Bogotá, en la plaza Bolívar.
Otra de las demandas, la de que se desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), responsable de sucesivos casos de violencia policial, aún no ha sido escuchada por las autoridades. Desde el primer día de protestas, el 28 de abril, murieron de forma violenta 51 personas y en 43 de esos casos se presume que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, según la plataforma Temblores, que se convirtió en un referente en el seguimiento de estas situaciones. De esas 43 personas, cuatro tenían menos de 18 años; 15 tenían entre 18 y 24 años; otras 11 tenían de 25 a 39, dos eran mayores de 70 y de otras 11 se desconoce el dato.
La oposición tiene previsto pedirle al gobierno explicaciones por los abusos cometidos por el Esmad y la Policía Nacional. Según informó el diario colombiano El Espectador, se conformó el grupo llamado Madres de la Primera Línea, que marchan al frente de las movilizaciones para proteger a sus hijos. Pero también ellas han sufrido la violencia policial.
El total acumulado de casos de violencia policial registrados por Temblores era ayer 2.387 y las detenciones arbitrarias superaban las 800. Hubo además 18 casos de violencia sexual por parte de policías o militares, y 33 personas fueron heridas en los ojos.
El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que precedió a Duque en el cargo y ganó el Nobel de la Paz por promover un acuerdo con los principales grupos armados de su país, le pidió al actual gobernante que reconozca “con humildad” los abusos de las fuerzas de seguridad. “Ese solo gesto generaría ya una reacción muy favorable de la contraparte en este conflicto”, dijo. “Necesitamos más gestos. Necesitamos que de las diferentes partes salga más empatía y más humildad, que el Estado reconozca ‘mire, hemos cometido abusos’”, dijo Santos durante una entrevista con W Radio.
Otro punto sin resolver en los diálogos que han mantenido el Comité de Paro y el gobierno de Duque es el de la pobreza, que afecta al país desde hace años y que se agravó con la pandemia. “En este momento no estamos discutiendo ningún problema estructural. Llegará el momento para que lo hagamos. ¿Los TLC [tratados de libre comercio] han servido al país? ¿Las reformas tributarias les han servido a los pobres? Eso lo discutiremos después. Hoy estamos concentrados en lo pragmático y es que 17 millones de personas están aguantando hambre, 21 millones están en un grado de pobreza”, dijo a RCN Radio Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajo, una de las organizaciones que convocaron al paro. Para Maltés, es necesario que “el gobierno entienda que la gente tiene hambre, que 17 millones de personas se acuestan con hambre”.
Una de las soluciones que propone el Comité de Paro es una renta básica que les asegure una seguridad alimentaria mínima a esas personas.