La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar) llevó a cabo este lunes la primera instancia de un foro plural virtual llamado “El proyecto de la nueva Ley de Medios en debate”, que continuará mañana y apunta a generar un diálogo entre los diferentes actores vinculados a la iniciativa.
El lunes fue el turno de la academia. En el panel participaron el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, el docente e investigador de la FIC Gabriel Kaplún y la decana de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, María Simon.
El primero en hacer uso de la palabra fue Gómez, quien aclaró que su análisis referiría al proyecto de ley aprobado por el Poder Ejecutivo, dado que en paralelo la bancada de la coalición estaba haciendo cambios a la iniciativa. Se refirió en primer lugar a la “eliminación o flexibilización” de reglas y límites de la cantidad de licencias que una persona pueda acumular, así como se elimina el concepto de grupo económico, “lo cual nos retrotrae a la presencia del testaferro, que puede ser muy importante a los efectos de superar los altos límites que ahora la norma propone”. La coalición de gobierno habría llegado a un acuerdo para modificar este artículo y reducir el límite de acumulación, que aumentaba de tres a ocho licencias.
También señaló que con esta iniciativa se devuelven “ciertos privilegios” que los radiodifusores “habían ostentado durante años” y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había modificado. A modo de ejemplo, mencionó la eliminación del pago de un canon por el uso del espectro con finalidad de lucro, a los efectos de crear el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual.
Sobre este punto, Kaplún dijo que cuando se aprobó la creación del canon se hicieron cálculos sobre el impacto del fondo que determinaban que se podría “duplicar el dinero que hoy el Estado uruguayo tiene para fondos para estimular la producción nacional. Lamentablemente tampoco esto llegó prácticamente a aplicarse. Había empezado a cobrarse sobre el fin del período anterior y sobre finales del año pasado tuvimos la mala noticia de que ese dinero se lo iban a devolver a los medios. El motivo era que el negocio no ha sido bueno en este último año, producto de la pandemia y de la baja venta de publicidad, que puede ser, pero allí tenemos algo más grave y es que en este proyecto ni siquiera aparece este fondo ni la forma de proveerse, con lo cual tendemos a un sistema con cada vez menos producción, pluralismo y diversidad”, apuntó.
Kaplún sostuvo que esto genera problemas desde el punto de vista de los derechos humanos y la democracia. “Todos los estándares de los organismos internacionales coinciden en que los sistemas que tienden y favorecen la concentración son sistemas peligrosos para las democracias; cuanto más concentrado está un sistema mediático, menos pluralismo, menos diversidad y posibilidades democráticas”.
Asimismo, los académicos manifestaron su preocupación por el “fuerte retroceso” que habría en cuanto a los derechos de la audiencia. “Concretamente se eliminan gran parte de derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes. Se retrocede en materia de derechos a personas con discapacidad visual y auditiva. Se eliminan los derechos reconocidos a los periodistas, como la objeción de conciencia”, señaló Gómez.
Otro de los aspectos que estuvieron presentes en el debate es el referido a la transparencia. Gómez planteó que es “sorpresivo” que se hayan eliminado las palabras “transparencia” y “participación ciudadana” de la iniciativa. “Hay casi una obsesión por quitar estas palabras cuando son reconocidas como un derecho u obligación. Me llama mucho la atención en un gobierno que ha planteado la transparencia como un tema central elimine cualquier obligación de transparencia y garantía de participación ciudadana para fiscalizar tanto la política pública de un tema tan sensible como incluso la gestión de los medios públicos”, apuntó.
Kaplún valoró como positivos los mecanismos de transparencia y participación ciudadana incorporados en la LSCA, y advirtió que en la nueva ley “desaparecen todos”: se elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual y las audiencias públicas, que “han sido una experiencia súper interesante”.
Sin embargo, también señaló que la LSCA no llegó a aplicarse en su totalidad –por ejemplo, no se creó el CCA– y remarcó que eso también ha sido un problema. “Si este proyecto se aprueba como está, no vamos a estar con una ley poco aplicada, vamos a estar mucho peor porque vamos a tener reglas de juego que van directamente en la dirección inversa a la tradición uruguaya y los avances que se habían empezado a producir en materia regulatoria”, concluyó.
Tanto Kaplún como Simon plantearon que cuando se discutió la actual LSCA se habló de que era una ley “vieja o renga” porque no abordaba las temáticas referidas a internet. En ese sentido, Kaplún planteó que internet “aparece por el costado” y sólo en un artículo –el 48, el cual se resolvió quitar en la reunión de la bancada–, por lo que opinó que se continúa teniendo una ley “igualmente vieja y renga, si de eso se tratara, pero a su vez tiene una extraña pieza adentro que es esta posibilidad de ceder o incluso la obligación de Antel de alquilar a otro su infraestructura, esa que nos ha costado a los uruguayos”.
Simon, por su parte, consideró que la ley vigente “tal vez es demasiado detallista y debe ser mejorada en algunos aspectos”, y también reconoció como un problema que se haya aplicado poco. “Cuando uno quiere cambiar una ley en la exposición de motivos tiene que decir que es por algo”, dijo, y agregó que esos fundamentos no figuran en el proyecto, sino que se plantea una “denostación de la ley vigente”.