La modificación de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue marcada como una prioridad por el gobierno, que de hecho envió un proyecto al Parlamento al mes de asumir. Sin embargo, el tema causó distintas diferencias a la interna de los socios de la coalición y se postergó para este año, tras no lograrse un acuerdo para votarlo en 2020. Desde hace semanas se mantienen negociaciones y según las fuentes consultadas, este lunes se acordó una fórmula para avanzar y votar la iniciativa en junio.

Según comentaron a la diaria participantes del encuentro y fuentes oficiales, en una reunión entre el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, y legisladores de los partidos de la coalición multicolor –diputados y senadores, ya que se buscó un acuerdo para que el proyecto avance a nivel legislativo–, lo acordado a grandes rasgos fue eliminar los artículos 40 y 48 del proyecto, que tenían cuestionamientos por parte del Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA).

Todos coincidieron en que hubo “un acuerdo” para votar la nueva ley de medios, aunque no hay aún un texto definitivo, ya que se pactó que en función de lo hablado sea el MIEM el que se encargue de la redacción final de los artículos que se modificarán. La pretensión es que los cambios lleguen al Parlamento jueves o viernes, para enviárselos al Frente Amplio y disponer luego la votación en la Comisión de Industria de Diputados.

El coordinador de bancada del Partido Nacional, el diputado Rodrigo Goñi, dijo a la diaria que hubo un compromiso con la oposición de dar al menos una semana para estudiar el proyecto definitivo. En virtud de esos plazos, la idea es realizar la votación en comisión avanzado mayo y que pase al plenario sobre finales de mes o principios de junio. Habiendo acuerdo dentro de la coalición, que tiene mayoría en ambas cámaras, se estima que el mes próximo quedaría culminado el trámite legislativo en Diputados y el Senado.

Obligación de Antel de alquilar redes a privados quedó fuera

Desde que en marzo se retomaron las conversaciones entre los socios de la coalición y el MIEM para aprobar el proyecto, hubo sobre la mesa distintas propuestas para modificar la redacción del artículo 48. Se trata de una norma que, por un lado, habilitaba a los cableoperadores a brindar servicios de internet y, por otro, establecía en su redacción inicial que Antel debía arrendar su infraestructura de banda ancha a los privados –una segunda versión obligaba a hacerlo a todas las empresas de telecomunicaciones–.

“A propuesta de CA se sacó el artículo 48”, dijo a la diaria el diputado cabildante Sebastián Cal. “Entendemos que la ley de medios debe ser específica para resolver el tema que venimos arrastrando de la Ley 19.307 [la ley de medios aprobada en 2014]. Proponemos que la coalición se ponga a trabajar una ley específica de internet, para no mezclar las aguas”, explicó. Una fuente oficial comentó a la diaria que más allá de no incluir el artículo, con la nueva ley caerá la disposición anterior que prohíbe a los cableoperadores brindar servicios de internet, y podrán hacerlo siempre que tengan un acuerdo individual con Antel o utilicen su propia infraestructura.

Una disposición similar a la que quedó ahora por el camino había sido incluida dentro de la ley de urgente consideración (LUC) que el gobierno elevó al Parlamento, y en mayo de 2020 los legisladores de la coalición acordaron dejarla por fuera. Paganini había informado en esa oportunidad que dos artículos de la LUC serían desglosados para una “discusión más general” dentro del proyecto de ley de medios: el 268 permitía a las empresas de telecomunicaciones establecer acuerdos para “el uso compartido de sus infraestructuras”, y el siguiente promovía que las entidades estatales presten “servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes” a los privados interesados.

En aquel momento, el FA rechazó estos artículos. “El gobierno pretendió por medio de la LUC forzar a Antel a brindar su infraestructura a privados”, había dicho la entonces senadora Carolina Cosse.

A su vez, el artículo que integraba el proyecto de ley de medios había sido cuestionado por el Sindicato de Antel (Sutel). “Con la ley de medios van a hacer competir a Antel con los canales 4, 10 y 12, más sus operadores de cable, con la fibra de Antel. Es una privatización encubierta”, dijo el presidente del gremio, Gabriel Molina.

Retransmisión de señales locales y licencias

Otro punto de disenso en la coalición era el artículo 40, que también quedará por el camino. Refiere al llamado “must carry”, que es la retransmisión de los canales de aire en los cables del interior. La ley de medios de 2014 estableció que los canales debían brindar su señal sin costo a los cableoperadores, pero el artículo en cuestión fue declarado inconstitucional y hoy día esto se rige según los acuerdos de mercado.

El diputado colorado Martín Melazzi insistió, durante la discusión el año pasado del proyecto, con que debe existir una “garantía” para que los contenidos de la televisión abierta lleguen a la grilla de los cables de todo el país. Al acudir a la comisión en diciembre, una delegación de Canal 12 se manifestó en contra de la regulación y también rechazó el sustitutivo que establecía que en caso de que no hubiera acuerdo entre los canales y los cables del interior fuera la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) la que zanjara un precio por el servicio. Ante la falta de consenso, el artículo no integrará el proyecto y se mantendrá la negociación libre, como solicitaban los canales.

La tercera disposición sobre la que no había consenso en el oficialismo era el artículo 14, que habilita la transferencia de licencias de cable a empresas extranjeras. Este sí formará parte del proyecto y se aguarda la redacción final del MIEM, que Cal adelantó que incluirá, a pedido de CA, “la figura del grupo económico, para evitar concentraciones”.

En lo que refiere al límite de licencias de radio y televisión, la coalición ratificó el acuerdo alcanzado previamente, que habilita hasta cuatro licencias en la capital y hasta seis en el interior por persona física o empresa. La ley vigente estableció el límite en tres frecuencias –aunque hay casos de concentración por encima de ese número– y el proyecto original del actual gobierno lo extendía a ocho.