La Comisión de Constitución y Legislación del Senado continúa trabajando en los proyectos de ley presentados por el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) sobre tenencia compartida, los cuales, aunque con algunas diferencias, comparten el mismo espíritu: promover la tenencia en común de los hijos de forma preceptiva ante la separación de los padres y la judicialización del conflicto. Las iniciativas han sido ampliamente criticadas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de infancia y no contará con los votos del Frente Amplio (FA) para su aprobación, pero tampoco están asegurados los del Partido Colorado (PC).
Según supo la diaria, es poco probable que el PC acompañe con sus votos si los proyectos se mantienen como están, y sin el respaldo del senador Pablo Lanz (Ciudadanos) en la comisión no se alcanzaría el apoyo necesario para su pase a la cámara alta. De los nueve integrantes de la comisión, cuatro son del FA, que ya anunció que no dará sus votos, por lo que el voto colorado es definitivo.
Por iniciativa de la Secretaría de Género del PC se creó un grupo de mujeres del partido, que integran cargos ejecutivos y legislativos, para estudiar los proyectos. Según señalaron fuentes del partido a la diaria, en el grupo las iniciativas no cosechan simpatía. Si bien aclaró que el partido no tomó formalmente una posición aún, la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo a la diaria que se ve “con mucha preocupación” los dos proyectos. Personalmente, dijo que los textos “tienen aristas” que le “generan preocupación”; por ejemplo, sostuvo que le “llamó la atención” que en el proyecto del PN “en la exposición de motivos se hablara de penalización de maternidad, en un proyecto en el que se busca el interés superior del niño”.
Por otro lado, Sanguinetti se refirió al mantenimiento de los regímenes de visitas, incluso en el marco de una denuncia por violencia, establecido en ambos proyectos: “Eso me parece que es preocupante, hay que ser cuidadosos”, opinó, y agregó que tampoco ve con buenos ojos “el tema de que el niño esté yendo de un lado al otro”. “Hoy en día no hay ninguna norma que prohíba la tenencia compartida”, alegó, y consideró que se debe “seguir profundizando” en la vinculación de este tipo de tenencia con la posible intención de saltarse el pago de la pensión alimenticia, un tema sobre el que ya se han advertido algunas organizaciones sociales.
Por su parte, la diputada María Eugenia Roselló aseguró que “preocupa que se saque del centro lo que tiene que ver con los niños y con las niñas”, ya que “todos los especialistas” que se han consultado “han dicho que los niños, ante estas discusiones de tenencia, tienen que ser el centro de todo juez”. “Estos proyectos los sacan del centro y no sería muy beneficioso”, dijo a la diaria. Aunque aclaró que el tema va a ser estudiado por las bancadas coloradas, afirmó que las mujeres del partido van a “velar por los derechos de los más vulnerables, que en estos casos son los hijos y las hijas de los papás que están en esta situación”.
En tanto, los promotores de ambos proyectos –Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano por CA y Carmen Asiaín y Graciela Bianchi por el PN– analizan la posibilidad de crear un solo proyecto a partir de ambas iniciativas, y el senador Lozano manifestó que la idea es que se elabore “cuanto antes” y que salga de la comisión, si se aprueba, como un solo texto. “Ambas partes entendemos que hay un problema y hay que atenderlo. En ese sentido, si se puede consolidar un solo proyecto sería mejor”, afirmó el legislador.
Por otra parte, consultado sobre los reparos de representantes del PC, Lozano dijo que “hay que escuchar qué es lo que dicen, sin cambiar el espíritu de los proyectos o el proyecto, que lo que pretende es poner el centro en el niño o adolescente y que la tenencia sea equitativa, igualitaria entre el padre y la madre”. El senador agregó que “el problema hay que atenderlo, no mirar para el costado, y buscar una solución. Si hay soluciones mejores, bueno, se verán las mejores”.
Siguen los cuestionamientos desde la sociedad civil
A la última sesión de la Comisión de Constitución, como viene sucediendo desde hace varios meses, asistieron representantes de varias organizaciones sociales vinculadas a temáticas de infancia y género, que, en línea con lo manifestado anteriormente por la mayoría de las delegaciones, manifestaron su desacuerdo con los proyectos e hicieron algunas advertencias sobre las consecuencias de introducir estas modificaciones a la legislación vigente.
Los cuestionamientos se repiten: que las iniciativas se centran en el interés de los adultos y no de los niños y adolescentes; que dejan en una situación de riesgo a las víctimas de abuso o violencia por limitar el alcance de las medidas cautelares; que pueden utilizarse como excusa para el no pago de la pensión alimenticia; que, de aprobarse, conducirán a juicios exprés en los que no se tendrá en cuenta las particularidades de cada caso.
Natalia Fernández, abogada especializada en derechos de la infancia y políticas públicas e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, sostuvo en la sesión del martes 25 que “la perspectiva de los derechos de la infancia está ausente” en estos proyectos, que fueron pensados, en su opinión, “desde una perspectiva adultocéntrica”. Asimismo, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, señaló que “muchas de las estrategias jurídicas para solicitar estas tenencias” tienen como objetivo “evitar el pago de las pensiones alimenticias, porque quizás de forma errónea se entiende que hay una compensación al haber un tiempo equitativo de las tenencias compartidas”.
En la misma línea, Andrea Tuana, también integrante de esta red, advirtió que cuando se “impone” la tenencia compartida “a toda situación, sin mirar los casos particulares, podemos estar generando vulneraciones en los derechos de los niños y, además, no estamos respetando que sean oídos frente a esas situaciones que les competen”. “No podemos proponer que un niño viva bajo un régimen de tenencia compartida con dos progenitores que no puedan ni siquiera dirigirse la palabra y que no tengan la flexibilidad necesaria para poner las necesidades de los niños en el centro”, reflexionó.
Por otra parte, Tuana resaltó que estos proyectos les “quitan” protección a los niños y adolescentes ante situaciones de violencia, porque buscan que el régimen de tenencia compartida se mantenga y también las visitas. “Esto puede constituir una situación de enorme tortura para esos niños; me refiero a someterlos a las visitas o a la convivencia con el progenitor al que ha denunciado mientras dura ese proceso”, alertó.
En ese sentido, Cecilia Anandez, representante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), aseguró que “esta redacción expone a los niños, niñas y adolescentes al riesgo de ser obligados a convivir con su progenitor –o progenitora– denunciado por ser violento o abusador –o abusadora–, por un plazo que puede ser largo, hasta que se dicte la sentencia, o que no se dicte, porque todos sabemos que hay veces en que las pruebas no son suficientes en materia penal, aunque los hechos sí existen”. Esto puede significar “exponerlos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que sería responsabilidad del Estado”, afirmó.
¿Quiénes son esos varones?
“Es inocultable –porque está en la exposición de motivos– que los legisladores y las legisladoras han partido de una realidad que les han transmitido o les han hecho llegar, pero que no tiene respaldo de ningún tipo”, afirmó Ana Lima, también en representación de Cladem. Lima se refirió a la vinculación de estos proyectos –de forma explícita en el caso del de Asiaín y Bianchi– con organizaciones de varones como Todo por Nuestros Hijos, redactora de la propuesta original –que adoptó en 2016 el entonces senador Luis Lacalle Pou y no prosperó, y ahora retomaron sus correligionarias–.
“¿Quiénes son esos varones?”, se preguntó Lima, y continuó: “Hablan, sin mucho eufemismo, de la alienación de los hijos por las madres. Es decir, hijo huérfano de padres vivos. En otras palabras, son seguidores de Richard Gardner y del síndrome de alienación parental [SAP]”, aseveró. Gardner fue un psiquiatra estadounidense, creador del SAP, un “síndrome” que no está aceptado por la Organización Mundial de la Salud y que es frecuentemente mencionado por los colectivos de padres que promueven estos cambios normativos. Asimismo, Lima señaló que se invocan “falsas acusaciones” de abuso sexual, “de las cuales tampoco hay cifras ni evidencias”. “Esa asociación surge claramente de estos proyectos en cuestión porque, efectivamente, allí se quiere incorporar la condena a los presuntos agresores como condición exclusiva de la suspensión del vínculo”, explicó.
Por su parte, Lucía Maschi, de la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, que nuclea a 50 organizaciones sin fines de lucro en todo el país, trasladó la “preocupación” del conjunto de organizaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes en el sentido de que los proyectos “son regresivos” y “debilitan la protección” de esta población, en pos de “contemplar los intereses de los adultos”.
En tanto, Joselen Langelotti, de la Asociación de Trabajadores y Asistentes Sociales del Uruguay, consideró que “el recorte de las medidas cautelares impacta en los procesos de reparación del daño ante el trauma generado”, dado que “la revinculación con el agresor revictimiza a los gurises” y “pone en riesgo su salud física y emocional si no pueden realizar el tratamiento adecuado”.