La próxima sesión de la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Senadores, prevista en principio para el 6 de abril, tiene en su orden del día el tratamiento de dos proyectos de ley que pretenden modificar la legislación en torno a la tenencia de los hijos. Se trata de los proyectos de ley titulados “Corresponsabilidad en la crianza” y “Tenencia compartida responsable”, elaborados en setiembre de 2020 por los senadores Sergio Abreu -ahora secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración-, Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, del Partido Nacional (PN), y Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, de Cabildo Abierto (CA), respectivamente.

Ambas iniciativas buscan promover la tenencia compartida de forma preceptiva en casos de separación de los padres, y por sus similitudes se tratarán en conjunto. Los dos proyectos modifican el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente establece que cuando los padres estén separados, se determinará “de común acuerdo” cómo se ejercerá la tenencia, y que de no existir acuerdo entre ellos, lo resolverá el juez de Familia.

La iniciativa del Partido Nacional (PN) da una nueva redacción a este artículo, estableciendo que “la responsabilidad en la crianza corresponde a ambos padres” y que la separación de estos “no influye en la titularidad, ni en el ejercicio de la patria potestad atribuida a cada uno de ellos”. Asimismo, agrega que “cuando los padres estén separados o no vivan de consuno, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la guarda material o tenencia o custodia, manteniendo ambos en todo momento la corresponsabilidad en la crianza”.

En tanto, en la iniciativa de CA, el artículo sustitutivo sostiene que “cuando los padres estén separados, la tenencia será siempre compartida, tratando en la medida de lo posible que el niño/a pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres”, y que “de deducir oposiciones o mediar alguna situación de duda, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento”.

Estos proyectos también incluyen parámetros o lineamientos que deberán seguir los jueces de Familia a la hora de dirimir conflictos sobre la tenencia. El proyecto del PN señala que “el juez fijará como primera alternativa el régimen de cuidado compartido o la tenencia alternada del menor con la modalidad indistinta, salvo imposibilidad o perjuicio para el menor”, y que procurará “que los niños y adolescentes compartan tiempos equivalentes de convivencia con cada uno de sus padres y evitando la separación de los hermanos”. Asimismo, establece que “cualquiera de los padres está legitimado para promover la aplicación del principio de corresponsabilidad en la crianza y la tenencia alternada ante el Juzgado de Familia competente”.

“En cumplimiento del interés superior del menor, la tenencia alternada deberá ser reconocida y decretada sin perjuicio de la oposición a la misma por parte de uno de los padres, o de las malas relaciones entre ambos”, añade el documento, en el que también se hace referencia a posibles situaciones en que medien denuncias entre las partes. El proyecto establece que la “mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado por parte del Tribunal competente”, y que en caso de decretarse medidas cautelares previo al dictado de la sentencia, “deberán estas respetar el derecho del denunciado a las visitas, en las modalidades que garanticen el interés superior del menor”. La iniciativa nacionalista señala que el juez “siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente, en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva”.

En la misma línea, el documento redactado por Manini Ríos, Domenech y Lozano establece una serie de “recomendaciones” en las que deberá guiarse el juez en caso de no haber acuerdo entre los padres, entre ellas, que el hijo “deberá permanecer con el padre o madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca” y que en caso de denuncias “o presencia de derechos vulnerados (y/o de otra índole)”, se dispondrá “la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas a ambos padres para evaluar cuál de los dos se halla en mejores condiciones para ejercer la tenencia”. Este proyecto también crea un “régimen provisorio de visitas para evitar el cercenamiento del vínculo paterno filial” para progenitores que tengan denuncias amparadas en la Ley 19.580.

“Una buena solución”

El proyecto presentado por los legisladores nacionalistas toma como base el que presentó en 2016 el entonces senador y actual presidente de la República Luis Lacalle Pou, titulado “Tenencia compartida”, e incluso adopta varios fragmentos textuales de aquella iniciativa, que procuraba una tenencia “preceptivamente compartida” de los hijos ante una ruptura del núcleo familiar. En la exposición de motivos del proyecto, que finalmente fue archivado, Lacalle Pou señalaba que se trataba de una propuesta elaborada por la organización Todo por Nuestros Hijos.

En la sesión del 13 de octubre de la Comisión de Constitución, Asiaín y Domenech hicieron una breve presentación de sus proyectos. La senadora basó su argumentación en la defensa de la corresponsabilidad en los cuidados, como forma de promover una distribución “justa” de las “responsabilidades, derechos y deberes inherentes a la patria potestad”, y combatir la desigualdad de género en el ámbito de los cuidados. Asiaín afirmó que en cuanto a la “inquietud” que planteaban “algunos padres, en este caso varones, de que a veces eran víctimas de denuncias infundadas, la solución jamás puede ser desacreditarlas, sino que lo que se establece es que la mera denuncia no suspenderá el ejercicio del régimen de tenencia alternada, hasta tanto no exista una sentencia firme”.

Por su parte, Domenech manifestó la “preocupación” de su bancada ante “la evolución que va teniendo el tema de la tenencia de menores”, y afirmó que hay que “reconocer que lo tradicional era que la tenencia de los menores fuera ejercida por la madre”, pero que “poco a poco se ha ido abriendo camino a esta solución de la tenencia compartida”, que consideró “una buena solución en cuanto a que los niños tienen padre y madre, y es bueno para su formación tener una imagen masculina y femenina principalmente o, por lo menos, de su madre y de su padre; en las familias modernas, diría, por lo menos, de sus progenitores o de quienes han asumido la responsabilidad de la vida de los menores”.

“Adultocéntricos y machistas”

La abogada Ivana Manzolido, integrante de la Red de Abogadas Feministas y asistente técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, calificó ambos proyectos de “completamente innecesarios” y consideró que “están pensados con una óptica adultocéntrica y machista”. “Si los proyectos se analizan a la luz de las obligaciones internacionales del Estado uruguayo, muestran una clara regresividad. Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a vivir libre de violencia: el Estado tiene que adoptar medidas para que la efectividad de esos derechos esté garantizada y no al revés, como pasaría con estos proyectos”, advirtió en diálogo con la diaria.

Manzolido opinó que las propuestas que contienen dichas iniciativas “no parten de una investigación ni nada sostenido ni fundamentado”: “Sacan de la galera dos proyectos que son una bomba atómica, que desconocen un montón de normativas y derechos adquiridos”, manifestó. La abogada señaló que en muchos casos, si los padres no tienen visitas “es porque hay una situación grave detrás”, por ejemplo, “porque están siendo investigados penalmente por situaciones de abuso o violencia”, e indicó que “es muy difícil dar garantías en las visitas cuando hay padres violentos”.

Por otra parte, destacó que las iniciativas tienen definiciones “que no son disparatadas, por ejemplo, la corresponsabilidad en la crianza”, pero apuntó que “la corresponsabilidad en la crianza no comienza en el momento de la separación, y la tenencia compartida, además, ya existe”. Por el contrario, cuestionó duramente las disposiciones que hacen estos proyectos ante presuntos casos de violencia: “Dicen que si no hay una sentencia de condena el niño debe seguir en tenencia compartida. Eso es una locura, porque desconoce las medidas de protección del Código de la Niñez y la Adolescencia, las medidas previstas por la Ley 19.580 y la Convención de los Derechos del Niño”, apuntó, y agregó que se desconoce “un montón de dificultades que tenemos las mujeres para denunciar situaciones de abuso o de violencia y para acceder a la Justicia”.

FA se inclina a no acompañar las iniciativas

Si bien la próxima sesión de la comisión está prevista para el martes 6 de abril, hay sobre la mesa una propuesta de suspensión de las actividades del Parlamento hasta el 12 de abril inclusive, por lo que es probable que se postergue su tratamiento. No obstante, cuando se retome la actividad estas iniciativas van a estar en el orden del día, dijo a la diaria la senadora frenteamplista Liliam Kechichián, integrante de la comisión.

Kechichián señaló que si bien la oposición va a adoptar una posición definitiva en una reunión de bancada que aún no tiene fecha, adelantó que “en principio, la filosofía y la exposición de motivos que los avalan” no son compartidos por su fuerza política, “porque, en algunos casos, van contra la agenda de derechos que se ha ido conquistando”. Es decir que, al día de hoy, “no hay una opinión favorable para acompañarla” en el Frente Amplio.

“Especialmente en el de CA es indudable que hay un grupo de organizaciones de hombres, de padres, que han hecho un lobby muy importante, y que tienen muy en forma secundaria las necesidades de los niños”, consideró la senadora de Fuerza Renovadora, y agregó que lo más reprochable de estos proyectos “es que el niño no está en el centro de las preocupaciones de ninguno de los dos proyectos”.

La comisión tiene previsto convocar a asociaciones civiles e instituciones que trabajan en la materia, como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, para conocer su opinión sobre estos proyectos. “Siempre que se tratan proyectos, más allá de la primera mirada, que en este caso es de no acompañarlo, nos gusta escuchar a la sociedad civil; hay una lista de instituciones y organizaciones de la sociedad civil a las que se va a convocar”, dijo Kechichián.