El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dedicó la media hora previa en la sesión del Senado de este martes a exponer su opinión sobre el fallo de la Justicia en relación a las familias del asentamiento Nuevo Comienzo. Tras las últimas sentencias, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) está obligado a brindar una solución habitacional a esas familias en un corto plazo de tiempo.
Según el senador, “con fallos como estos vemos con preocupación una nueva forma de interferencia en las funciones que nuestra Constitución asigna a las distintas instituciones del Estado”. En este sentido, puntualizó que “es el MVOT la repartición del Estado que tiene como función desarrollar políticas de vivienda para atender las necesidades habitacionales de diferentes sectores de la población, privilegiando el acceso a la vivienda a los colectivos de menores ingresos”.
El senador señaló al comenzar su intervención que desde Cabildo Abierto son “de la idea de que en estos tiempos excepcionales de pandemia no deben realizarse desalojos y en ese sentido estamos trabajando en un proyecto de ley”. Recordó, por otra parte, las políticas que lleva adelante la ministra Irene Moreira, quien además de ser cabildante es su esposa.
El legislador recordó que para cumplir el fallo del 6 de abril impuesto por la Justicia el MVOT debió cancelar la entrega de una vivienda prevista para otra familia “que había cumplido con todos los requisitos en un proceso que duró varios meses. Esa familia que quedó sin acceder a una vivienda tal vez tuviera las mismas necesidades que la beneficiaria del fallo de la Justicia y seguramente tenía los mismos derechos”, puntualizó.
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Manini Ríos también opinó sobre la forma de proceder de las familias de Nuevo Comienzo, que han sido asesoradas por el consultorio legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, encabezado por el abogado Juan Ceretta. Sobre ellos comentó que “basan buena parte de su argumentación en disposiciones o dictámenes de organismos internacionales o juristas extranjeros”. A su entender, eso implica que “una vez más diversos actores que conforman nuestro sistema de Justicia accionan en base a lo que se decide fuera del país, sin la ratificación de la ciudadanía y ni siquiera de este Parlamento”.
“No queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras en este fallo, pero claramente esto es lo que ocurrirá con las instituciones del Estado, ya que se afecta a las políticas previstas por quienes fueron elegidos por el pueblo para implementarlas en beneficio de toda la sociedad”, subrayó Manini Ríos.
El senador agregó que “el Poder Judicial con este tipo de sentencias está asumiendo funciones que competen al gobierno en política de vivienda, y así lo podrá hacer también en política de seguridad, de trabajo, etcétera”. En esta línea ejemplificó que la Justicia podría exigir que no haya más asesinatos u obligar al Estado a darle trabajo al que no tiene.
“Una cosa es que exista el derecho constitucional y otra es que un magistrado se arrogue el derecho de cogobernar marcando prioridades a quienes fueron elegidos para desarrollar políticas para garantizar ese derecho, y menos amparando a quienes reclaman a partir de la comisión de un presunto delito de usurpación”, disparó.
“El sistema político no puede aceptar calladamente este tipo de interferencias. Tiene la obligación de hacer cumplir estrictamente nuestra Constitución y nuestro marco jurídico, es decir, la voluntad del pueblo uruguayo, asegurando que las instituciones del Estado puedan cumplir las funciones para las que fueron creadas”, finalizó.