Tras cuatro días de protestas masivas en las principales ciudades, el presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó el domingo al Congreso de la República el retiro del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Hacienda el 15 de abril que establecía una reforma tributaria para “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”.
En conferencia de prensa y rodeado de sus ministros, excepto el de Hacienda, Duque dijo que el propósito de la reforma es brindar estabilidad fiscal, mantener los programas sociales y generar condiciones de crecimiento económico, y anunció su disposición a trabajar en una nueva iniciativa “a partir de los consensos”, según consigna El Espectador de Colombia. “La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, agregó Duque. El mandatario en ningún momento se refirió a las masivas movilizaciones contra el proyecto de reforma que comenzaron el miércoles y se extendieron hasta el sábado, día en que se declaró un paro nacional.
Según el gobierno, el proyecto de ley “de solidaridad sostenible” fue presentado para enfrentar la profunda crisis económica, social y sanitaria que vive el país por la pandemia de covid-19, creando herramientas para ampliar la base de recaudación de impuestos, evitar que la deuda del país genere más pérdida de puntos en las calificaciones de riegos, institucionalizar la renta básica y establecer un fondo para la conservación ambiental. El impuesto se proponía recaudar unos 6.300 millones de dólares. El problema es que la iniciativa creaba nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes, lo que afecta a sectores como la clase media y los trabajadores, con lo que se pretendía recaudar 73% del total. El resto correspondería a gravámenes nuevos sobre las empresas. Por ejemplo, establecía un impuesto mensual a los sueldos mayores a 663 dólares y extendía el cobro de IVA a servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas.
Represión policial habría causado seis muertos
El sábado, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, las protestas más importantes se dieron en Bogotá y Cali. En la capital colombiana, una multitud intentó llegar al complejo donde vive el presidente Duque, pero fue dispersada con tanquetas y gases lacrimógenos, según Efe. La agencia reporta que el defensor del pueblo, Carlos Camargo, informó que tres personas murieron en Cali en los últimos días en situaciones vinculadas con las protestas y que otras tres muertes están en investigación. También se informó de un fallecimiento en Neiva, capital del departamento del Huila, y en Soacha, cerca de Bogotá, fue asesinado a puñaladas el capitán de la Policía Jesús Alberto Solano.
Como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, los manifestantes no portan símbolos partidarios, sino la bandera del país.
Durante las protestas en Pasto, en el departamento de Nariño, una multitud derribó la estatua del prócer Antonio Nariño, considerado el precursor de la independencia de Colombia, mientras que en Cali, indígenas misak tiraron la estatua del fundador de la ciudad, el conquistador español Sebastián de Belalcázar.
El sábado, Duque había anunciado que se apoyaría en las Fuerzas Armadas para controlar las protestas, y que esa “asistencia militar” se mantendría hasta que cesaran “los hechos de grave alteración del orden público”. “La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá”, dijo el mandatario. Además de los atentados contra monumentos, se registraron, según las autoridades, roturas de fachadas de empresas y bancos, y hubo un saqueo a un supermercado de la cadena Casino en el barrio Country de Bogotá.