La Asamblea General de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) emitió un comunicado este viernes en el que manifiesta su “profundo rechazo a la precarización de las políticas sociales” y asegura que el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ha optado como “casi única respuesta” ante la crisis generada por la covid-19 por “el reparto de alimentos”.
“La situación sanitaria ha generado diversos cambios en la vida de los y las uruguayas. La inacción del Estado y su retiro del territorio ha provocado un deterioro en las condiciones de vida y en la posibilidad de alimentación adecuada y suficiente de muchas familias”, comienza el texto.
Si bien el sindicato considera que el reparto de alimentos es urgente, dice que “el Estado tiene la obligación de abordar la problemática en términos de derecho a la alimentación, promoviendo la autonomía y la seguridad alimentaria de las personas a mediano plazo”, por lo que la política propuesta desde el gobierno “carga en los individuos la responsabilidad de su propia subsistencia, sin tener en cuenta los medios materiales y simbólicos que las personas tienen a su disposición para hacer frente a esta coyuntura”.
Utmides considera “lamentable” el manejo de la política de entrega de alimentos a ollas populares y merenderos, canalizada a través de una compra directa a la organización Uruguay Adelante por 65 millones de pesos, entre otras cosas porque apunta que el ministerio tiene una unidad ejecutora dedicada a la compra de alimentos: “Nos preguntamos qué motiva a la administración a tercerizar una tarea en una fundación sin ninguna trayectoria de trabajo en políticas sociales”.
Para el sindicato, esta tercerización no sólo impide el control técnico sobre los alimentos y los criterios de asignación a las ollas, sino también encarece “la tarea sin ningún tipo de beneficio” para la política pública, y se pregunta: “¿Qué beneficios privados reportará esta decisión?”.
Además de esta situación, Utmides denuncia un “repliegue de los programas del Mides en el territorio y un progresivo desmantelamiento de los servicios sociales”, y pone como ejemplo Jóvenes en Red, Socat, Tránsito Educativo y los Centros Promotores de Derechos, entre otros programas, además de “la imposibilidad de ingresar a los programas del Sistema Nacional de Cuidados, Tarjeta Uruguay Social o Asistencia a la Vejez”.