La situación de conmoción social sigue incambiada en Colombia, donde las negociaciones entre el Ejecutivo que lidera el presidente Iván Duque y los representantes del Comité Nacional de Paro prosiguen, aunque con nulos avances.
El martes medios colombianos informaron que el Comité ordenó la remoción de varios piquetes situados a lo largo de todo el territorio colombiano, como muestra de buena voluntad hacia el gobierno.
Nelson Alarcón, integrante del Comité de Paro, aseguró, previo al inicio de una nueva jornada de reuniones con el gobierno nacional, que se ordenó desbloquear varias carreteras, una situación que, a su entender, ya no podría ser usada como excusa por Duque para dilatar la instalación de la mesa de negociación. “Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros los hemos llamado; el gobierno los llama bloqueos, los mal llamados bloqueos”, sostuvo Alarcón, según consignó la revista Semana.
El domingo, el consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, quien representa al Ejecutivo en las negociaciones con los movilizados, había dicho: “Los bloqueos no son admisibles, ojalá ellos [refiriéndose al Comité de Paro] ejerzan una influencia para que se levanten los bloqueos, aquí no les estamos pidiendo ningún imposible”.
Mientras las posturas siguen sin acercarse, para el miércoles están previstas movilizaciones masivas en varias ciudades colombianas. En la convocatoria, la Central Unitaria de Trabajadores posteó en su cuenta de Twitter: “Seguiremos reclamando: ¡¡¡Duque pare la masacre!!! El Paro Nacional continúa: convocamos para este miércoles 2 de junio a grandísimas movilizaciones pacíficas en todo el país”.
Desde que comenzó el paro ‒el 28 de abril‒, el mandatario colombiano mantiene una postura inflexible, y su actitud se reflejó en la violencia que viene asolando diversas zonas del país, donde las muertes, desapariciones y otros tipos de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado vienen siendo denunciadas tanto por entidades colombianas como internacionales.
Si bien las cifras varían, los muertos desde que comenzaron las movilizaciones se cuentan por decenas, pero el gobierno está poniendo el foco en que la violencia es generada por los propios manifestantes y por otros agentes, como exguerrilleros, que aprovechan esta situación para intentar desestabilizar.
Ante esta situación, Duque siguió con su línea de acción, y el viernes dio un paso audaz al ordenar la militarización de varios departamentos y ciudades del país. La medida fue reprobada por algunos jerarcas de los distritos abarcados por la medida. La principal referente de este rechazo es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dirigente ecologista y feminista, quien descartó de forma rotunda la aplicación en la capital colombiana del Decreto 575, que ordena a los gobernadores de ocho departamentos y los alcaldes de 13 ciudades coordinar con el Ejército y la Policía el desbloqueo de rutas y autopistas.
“De ninguna manera es una opción. Mientras yo sea alcaldesa no habrá militarización en Bogotá. Hacerlo es echarle leña al fuego. Gracias a los esfuerzos de la ciudadanía y de la Policía Metropolitana, aquí no ha habido la masacre que ha habido en otros sitios”, afirmó López en declaraciones consignadas por el diario bogotano El Nuevo Siglo.
Debido a los numerosos hechos de violencia denunciados, un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Colombia entre el 8 y el 11 de junio para ver de cerca la situación. Si bien la presencia de representantes del organismo internacional puede ser vista como positiva, la ONG Temblores, que sigue de cerca la situación de los derechos humanos en el país, planteó su preocupación, porque en la carta que la ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, envió a la CIDH para coordinar detalles de la visita, en ningún momento hizo referencia a las víctimas de la violencia por parte de agentes del Estado.
“Negar la responsabilidad del Estado en esta crisis de derechos humanos es sumamente grave”, afirman desde Temblores, haciendo alusión a la misiva enviada por la jerarca del gobierno de Duque, en la que, entre otros puntos, se recomienda al equipo de la CIDH reunirse con “víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo” y con “miembros de la Fuerza Pública y las familias de los fallecidos”.