En el Frente Amplio (FA) conviven diferentes posiciones sobre la situación política de Nicaragua, que ameritó una declaración de la cancillería uruguaya esta semana solicitando la liberación de los candidatos detenidos por el gobierno de Daniel Ortega, a cinco meses de la celebración de elecciones. Si bien en el marco de la discusión parlamentaria los legisladores de la oposición llegaron a un consenso, la tarea de alcanzar un acuerdo y emitir una declaración a nivel partidario no está siendo sencilla, ya que a nivel de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA (Carifa) hay diferencias “conceptuales” sobre el conflicto político.
Este miércoles, la Cámara de Diputados, a propuesta del oficialismo, iba a tomar postura sobre la situación del país centroamericano, pero la bancada de la coalición no logró cuórum, por lo que se levantó la sesión.
En los proyectos de resolución de los senadores y diputados frenteamplistas se manifestó un rechazo al asesinato de líderes políticos y sociales en Colombia y a la persecución y el encarcelamiento de dirigentes y periodistas en Nicaragua. El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Nicolás Viera, que integra la Comisión de Asuntos Internacionales, explicó que la declaración abarca todos “los procesos” del continente, no solamente a Nicaragua. “Hay problemas en Colombia, Chile y El Salvador”, dijo, y agregó que se trata de “una serie de dificultades que merecen ser abordadas de igual manera”.
“La declaración intenta poner foco sobre la situación compleja que está viviendo el continente desde el punto de vista de la persecución política, los procesos electorales. Pensando en resguardar los derechos humanos de todos los pueblos y el principio de la no injerencia y la no intervención en asuntos de terceros estados es que pretendemos ir por ese camino”, señaló.
En tanto, el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista del Uruguay (PCU), dijo que este sector aportó a la construcción del acuerdo en Diputados y remarcó que, a su entender, en un análisis de izquierda “en profundidad” no puede faltar el papel del “imperialismo y fundamentalmente de gobiernos, como el de Estados Unidos, que tienen un objetivo desestabilizador para toda la región, no solamente para Nicaragua”.
“Una cosa que hay que hacer es condenar aquellas situaciones que implican violaciones a los derechos humanos, persecución a las luchas del pueblo, pero al mismo tiempo hay que condenar el papel injerencista de Estados Unidos no solamente en Nicaragua, sino en muchos otros proyectos latinoamericanos”, apuntó. Por otro lado, puntualizó que es “llamativo” que el gobierno tenga “empecinamientos con determinados países, como Nicaragua, y poco y nada se diga de lo que ha pasado en Colombia o Chile”.
Para Sebastián Hagobian, integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA, lo que hace la bancada del FA, a diferencia de la coalición gobernante, es poner arriba de la mesa “diferentes lugares donde se están violando también los derechos humanos”. A su juicio, es “mucho más profundo” y posiciona a Uruguay como un país serio, que “cuestiona sea cual sea el gobierno”. “El gobierno lo que está haciendo es cuestionar únicamente a determinados gobiernos que le sirven a su tribuna electoral y no con la globalidad que debe tener la política exterior uruguaya”, apuntó.
Pero a nivel de la Carifa, la comisión más grande del FA, las diferencias entre los representantes de los distintos sectores –más de 20– son profundas: según dijo a la diaria una fuente de la comisión, mientras que hay sectores que defienden el “proceso revolucionario” en Nicaragua, hay quienes definen al gobierno de Ortega como una “dictadura”, lo que hace que “no estén dadas las condiciones para llegar a una declaración” conjunta, porque directamente “no hay puntos de contacto”. “Puede ser una declaración muy lavada que no va a satisfacer a nadie. Cuando son tan fuertes las diferencias es muy difícil intentar lograr un acuerdo”, apuntó la fuente.
En una declaración emitida el miércoles, el Partido Socialista condenó las violaciones de los derechos humanos y la persecución a dirigentes opositores por parte del gobierno de Ortega. Consultado por El País, el diputado Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, señaló que desde 2008 “hay una concentración de poder por parte de Ortega que ha llegado a una situación inaceptable”. Consideró que se generó nepotismo “con niveles de corrupción muy altos” y “trabas para la participación de la oposición que lo desacreditan como democracia”. Indicó que se debe reclamar elecciones libres y sin candidatos presos.
En tanto, el secretario general del PCU, Juan Castillo, manifestó su desacuerdo con las declaraciones del Partido Socialista y de Olmos. “Tenemos matices y diferencias, porque cuando nos sirve usamos el principio de autodeterminación de los pueblos y cuando no nos sirve, no”, afirmó a El País. Además, señaló que “cuesta” hacer declaraciones cuando se “marca la agenda” desde lugares como la Organización de los Estados Americanos —conducida por el uruguayo Luis Almagro— y Estados Unidos.