El Consejo de Ministros de España aprobó el martes un indulto para nueve dirigentes que cumplían penas de hasta 13 años de prisión por su participación en el proceso independentista de 2017 en Cataluña. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que con esta decisión busca cerrar una etapa de enfrentamiento y abrir una de diálogo.
“Los indultos afectan a nueve personas, pero el gobierno piensa en los cientos de miles de personas que se sienten solidarios con los que están presos y en aquellos que no respaldan sus actos, pero que creen que ya han cumplido castigo”, dijo Sánchez. El mandatario socialista aclaró también que su Ejecutivo no espera que los indultados “cambien sus ideas”, y advirtió que “no están encarcelados por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”.
La Justicia de España había declarado ilegal el referéndum de 2017, promovido por el gobierno regional de Cataluña, la Generalitat, encabezada entonces por Carles Puigdemont. Sin embargo, las autoridades catalanas decidieron seguir adelante con esa acción política, que esperaban que condujera a independizar a esa comunidad autónoma de España, y fueron condenadas por delitos vinculados con ese proceso. Algunos fueron declarados culpables de rebelión y otros, además, de malversar fondos públicos al destinarlos a esa consulta.
Los indultos aprobados el martes son parciales, de tal modo que los nueve dirigentes podrán salir de prisión, pero siguen inhabilitados para ejercer cargos públicos. En el caso de Oriol Junqueras, que fue vicepresidente de la Generalitat y lidera el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el indulto supone su libertad inmediata, pero condicionada a que no cometa ningún “delito grave” por seis años. Para otros, ese plazo es de tres años.
En el documento en el que dispone los indultos, el Consejo de Ministros manifiesta su expectativa de que esta decisión contribuya a “restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes” y a “dar una oportunidad para restaurar las relaciones entre Catalunya y el resto de España”, según citó el diario barcelonés La Vanguardia. En el texto, además, se señala que era necesario dar una respuesta “a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España”.
El Consejo de Ministros también especificó que con su decisión no trata de corregir las decisiones de Tribunal Supremo ni de quitarles importancia a los hechos que motivaron las condenas, y considera que “el mantenimiento en prisión de los líderes de las principales formaciones independentistas no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente”.
El documento también alude a la actitud que tuvo en 2017 el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y señala: “La renuncia al diálogo político trae graves consecuencias para la convivencia y la paz social en nuestro país. Es un camino que ya se ha probado y no queremos repetir”.
Otros cinco dirigentes independentistas catalanes que dejaron el país para evitar ir a la cárcel, y que desde entonces residen algunos en Bélgica y otros en Suiza, no se beneficiarán del indulto. Quedan excluidos, así, el propio expresidente Puigdemont, sus exministros Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, porque, al no haber sido condenados, tampoco se los puede indultar.
Para todos ellos hay órdenes de detención en España, pero han mantenido una lucha legal desde el exterior, y a tres de ellos –Puigdemont, Comín y Ponsatí– la Justicia de la Unión Europea les reconoció fueros en su calidad de integrantes del parlamento del bloque, al menos mientras tramita recursos contra esa decisión.
Después de que el gobierno aprobara los indultos, el presidente catalán, Pere Aragonès, celebró la noticia y dijo que esta decisión implica un avance que “ayuda a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto”, pero reiteró su reclamo de una amnistía para todos los delitos vinculados con el proceso independentista de 2017. Desde entonces se abrieron muchas causas judiciales, además de las que involucran a los nueve dirigentes indultados. Según datos de la organización catalana Òmnium Cultural citados por el diario Público, hay 44 exfuncionarios condenados y otros 56 investigados, al igual que 712 alcaldes. A ellos se suman decenas de personas que militaban desde distintos ámbitos por el referéndum independentista y cientos de manifestantes acusados de delitos vinculados con las protestas que siguieron a la consulta.
Aragonès pidió también un referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado en acuerdo con el gobierno de España y dijo que debe terminar “toda represión” contra el independentismo. En respuesta, la portavoz de Ejecutivo de Sánchez, María Jesús Montero, advirtió que el gobierno “no va a convocar un referéndum en Cataluña para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia”.