Este martes, el presidente de España, Pedro Sánchez, presentará ante su Consejo de Ministros un indulto para los nueve políticos catalanes que en 2019 fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación por su participación en el fallido proceso de independencia de Cataluña. El anuncio de la medida fue comunicado este lunes por el mandatario español durante una visita a Barcelona, donde ofreció un discurso apelando a la reconciliación en el Gran Teatro del Liceu.
En línea con sus palabras en la capital catalana, Sánchez afirmó en una publicación en su cuenta de Twitter que “la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca un reencuentro que es necesario y es urgente”, y dijo que optó por la opción del indulto porque “ni cuestiona ni revoca una sentencia”, sino que “se autoriza por motivos de equidad, justicia o utilidad pública”, y en este caso el indulto se hará por “beneficio para la convivencia”. “Mi propuesta es dar paso a un nuevo proyecto de país. Que el reencuentro de la sociedad catalana consigo misma y con el resto de la sociedad española se produzca en un contexto de profunda renovación”, sostuvo el líder del Partido Socialista Obrero Español. “Mañana podemos cambiar la vida de nueve personas, y espero que mejoremos también la historia de todas/os. Catalunya, catalans i catalanes, us estimem [los queremos]”, concluyó el mandatario español.
Los indultos, que implican la excarcelación de los presos políticos, serán presentados por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mediante una propuesta de decreto real. Estos serán firmados por el rey Felipe VI y publicados en el Boletín Oficial del Estado. Luego, el Tribunal Supremo de España, que fue el que determinó la sentencia, deberá acordar las resoluciones para el indulto.
Sin embargo, la salida de algunos de los nueve políticos no será inmediata. Si se indulta el total de la pena para cada uno, saldrán sin problemas. Si, en cambio, se los indulta sólo por el de sedición, hay cuatro políticos que deberán esperar a que se determine cuánto tiempo de condena les queda por el delito de malversación, según informó El País de Madrid.
Las críticas a la propuesta de Sánchez no se hicieron esperar. Tras el anuncio, durante la mañana del lunes, el derechista Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox presentaron proyectos para reformar la ley de indultos y de esta forma prohibir que el delito de sedición sea incluido en ella. El PP ya había presentado su proyecto en setiembre de 2020, pero decidió llevar el debate a la próxima reunión del Congreso.
Por su parte, los ultraderechistas, que cuentan con 52 diputados, sumarán a su proyecto una propuesta de reforma del Código Penal para castigar con tres a cinco años de cárcel la convocatoria de referéndums no autorizados, según informó El Periódico. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó de “traidor” al presidente Sánchez en un tuit en el que afirmó que “el espíritu de la Constitución es su fundamento, es decir la ‘indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles’”, y que “debilitar esa unidad indultando a los golpistas es pisotear la Constitución y, aún más grave, traicionar a España”.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, dijo que “Sánchez está entregando España a los nacionalistas, y nosotros poniéndola de nuevo en manos de los españoles”. “Sánchez no puede hablar en nombre del consenso cuando excluye a medio país y se esconde en la supuesta sociedad civil que nadie ha votado”, aseguró.
Procés, votación y después
En 2017, luego de un largo proceso soberanista que había comenzado en 2012, el parlamento catalán aprobó una ley de referéndum por la independencia que fue suspendida por el Tribunal Constitucional a pedido del entonces presidente Mariano Rajoy.
De todos modos, el gobierno catalán de aquel momento, encabezado por Carles Puigdemont, decidió convocar igualmente el referéndum. La votación se llevó a cabo el 1° de octubre de ese año en medio de una fuerte represión de la Policía española y la Guardia Civil. Esto llevó a una serie de denuncias penales contra varios líderes independentistas que participaron en ese proceso.
El juicio concluyó en 2019 con las condenas de prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell, el líder de la organización Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el de la organización Ómnium Cultural Jordi Cuixart.
Además de la prisión, todos los condenados fueron inhabilitados permanentemente para ejercer cargos públicos, algo que también se pondrá en discusión en el indulto que presentará el gobierno de Sánchez.