Este lunes los integrantes del gobierno interino de la región de Tigray, situada en el extremo norte de Etiopía, abandonaron sus oficinas y fueron evacuados mientras los rebeldes avanzaban hacia la capital, Mekele. “La capital de Tigray, Mekele, está bajo nuestro control”, dijo a la agencia de noticias Reuters, en una conversación telefónica, Getachew Reda, portavoz del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), organización que desde hace ocho meses mantiene un enfrentamiento bélico con el Ejército federal etíope.
Casi paralelamente, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, comunicó en un mensaje emitido por la televisión local que su gobierno decretó un cese del fuego unilateral en la región.
Desde el Ejecutivo, que en todo momento se refirió al TPLF como una organización terrorista, se argumentó que la detención de las hostilidades “permitirá a los agricultores cultivar sus tierras, ayudará a los grupos de cooperación internacional a operar sin ningún movimiento militar y se involucrará con los remanentes [del antiguo partido gobernante de Tigray] que buscan la paz”. En su comunicado, Ahmed dijo que el alto el fuego duraría hasta el final de la crucial temporada de siembra en Tigray, que es setiembre, según consignó el diario inglés The Guardian. El gobierno además ordenó a todas las autoridades federales y regionales respetar el alto el fuego.
Sin embargo, la decisión de la detención de la guerra en la región más bien pareció deberse a un notorio avance de los rebeldes. El gobierno interino nombrado desde Adis Abeba, la capital etíope, abandonó la ciudad porque los combatientes rebeldes “se acercaban por todos lados”, dijo una fuente a la agencia de noticias AFP.
Según informaron agencias internacionales, los rebeldes de las Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF, por sus siglas en inglés), brazo armado del TPLF, lanzaron una ofensiva la semana pasada, coincidiendo con las elecciones nacionales anticipadas. Una fuente diplomática que quiso permanecer en el anonimato aseguró a Efe que durante los últimos días el Ejecutivo etíope había entablado un diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido para pedirles que gestionaran una negociación secreta con el TPLF.
El conflicto entre el gobierno central y los rebeldes de la etnia tigray se desató cuando el gobierno de Ahmed decidió retrasar las elecciones generales, programadas para agosto de 2020, por la pandemia de coronavirus. El TPLF, una organización política y militar de etnia tigray, que había dominado la coalición gobernante de Etiopía durante décadas hasta que en 2018 llegó al gobierno Ahmed –perteneciente a la etnia oromo–, celebró unilateralmente sus propias elecciones en la región, insistiendo en que Ahmed era un líder ilegítimo. Como respuesta, el gobierno federal se negó a reconocer los resultados de dichas elecciones y el Ministerio de Finanzas dejó de enviar fondos al gobierno regional de Tigray.
A su vez, el TPLF reaccionó a esto atacando una base militar de tropas federales, en una operación denominada por ellos como de “autodefensa preventiva”. Dicha acción dio pie al enfrentamiento bélico. El 4 de noviembre del año pasado, Ahmed ordenó la intervención militar en Tigray, a la que definió como una “operación de cumplimiento de la ley”, pero lo que en principio pareció una rápida acción de las tropas federales devino en un durísimo enfrentamiento bélico.
El hecho no dejó de ser sorprendente, ya que el primer ministro etíope había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019 por haber logrado establecer la paz entre su país y la vecina Eritrea. Menos de un año después, Ahmed impulsó una guerra que conllevó una tremenda crisis humanitaria, que desde hace meses concita la atención de la comunidad internacional.
De acuerdo a lo que informaron agencias internacionales que tienen corresponsales en el país, además de las miles de personas que murieron en estos ocho meses, cerca de dos millones debieron abandonar sus hogares, más de 75.000 se refugiaron en Sudán, 350.000 quedaron al borde de la inanición, y más de cuatro millones (70% de la población total de Tigray) necesitan asistencia alimentaria urgente, en lo que configura la peor crisis alimentaria en la zona desde la gran hambruna que padeció Somalia en 2011.
Además, se registraron numerosas violaciones, asesinatos masivos y otras acciones delictivas, que llevaron a que el enviado de la Unión Europea a la zona, el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, calificara la situación como una “limpieza étnica”, acusación que fue rotundamente rechazada por el gobierno que dirige Ahmed.