Este lunes continuaron las novedades en torno a Gas Sayago, la firma que se encargó del frustrado proyecto de la regasificadora, y creció el debate político sobre la relevancia del contenido del informe que UTE encargó a la consultora PwC, cuyas conclusiones serán elevadas a la Fiscalía. A raíz de una aclaración hecha por Raúl Sendic, exjerarca del Frente Amplio (FA), desde UTE se admitió que puede haber un gasto mal asignado, lo que acrecentó las críticas de la directora de la oposición al contenido. El oficialismo mantiene que del informe surgen hechos de apariencia delictiva.
El documento presentado por PwC al directorio de UTE sobre el proyecto de la regasificadora y Gas Sayago no es una auditoría, según aclara la firma en una de las primeras páginas del texto, al que accedió la diaria. Se indica que “los procedimientos llevados a cabo no constituyen un examen de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, ni podrán ser entendidos como tales”.
PwC consignó en la segunda página del texto que el trabajo realizado “fue efectuado siguiendo las instrucciones de nuestro cliente y para el beneficio y uso exclusivo del mismo”, en referencia a UTE. A su vez, la consultora aclaró que tuvo “algunas limitaciones” debido a que no recibió parte de la información solicitada. Entre la información faltante figura un “estudio de factibilidad económico-financiera integrado y completo del proyecto, en una visión de todas las entidades públicas involucradas”.
Una de las diferencias planteadas por la oposición en torno al informe surgió de la mención a una membresía. El informe indica que “se identificaron en la cuenta Cursos de Capacitación otras partidas por concepto de Emergencia y primeros auxilios, curso de manejo y gastos en libretas de conducir así como una membresía de piano”.
Concretamente, el informe detalla que Gas Sayago incurrió en gastos por 110 dólares, 2.998 pesos en aquel momento, en el rubro “membresía piano”. Esto hizo deducir que la empresa había incurrido en gastos para clases de piano, lo que este lunes fue desmentido por Sendic, expresidente de Ancap (2010-2013), quien dijo a Informativo Sarandí que la referencia es a la Pianc, la Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte Acuático.
Sendic dijo que la Pianc existe desde 1885 y que “seguramente Gas Sayago tenía que tener una membresía”, y cuestionó el trabajo de la auditoría, al que consideró “poco serio”.
Fuentes del FA consultadas por la diaria indicaron que Gas Sayago participó en un congreso de Pianc en Panamá en 2018, al que concurrió una funcionaria –Mariana Correa, jefa técnica y coordinadora del departamento técnico de Gas Sayago– que, al igual que tres integrantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, trabajó en un informe sobre “Diseño de la capa de protección contra la socavación de un rompeolas en un entorno estuarino”. Esa presentación está registrada en la página web del evento, con fecha 9 de mayo de 2018.
En torno a la diferencia entre la “membresía piano” y Pianc, el director de UTE Felipe Algorta (Partido Nacional) afirmó que “lo que generó en todo caso confusión es la propia contabilidad de Gas Sayago, no es que la auditoría se confundió”. “Se toma lo que dicen los registros contables de Gas Sayago”, añadió. Explicó que para el informe “se tomaron muestras documentales pero no se hizo un seguimiento de todo el respaldo que hay, porque ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de auditoría”.
“El registro contable dice ‘membresía de piano’, cuando entrás al sistema contable de Gas Sayago lo que dice ahí es ‘membresía de piano’. Claro, si querés confirmarlo tenés que ir y buscar esa boleta; eso PwC no lo hizo, pero no lo hizo porque confía en lo que le entrega la contabilidad de Gas Sayago, que además también había sido auditada”, apuntó el director del ente.
A su vez, Algorta afirmó que la discusión en torno a la membresía “lo que hace es desviar la gravedad del asunto, tratar de deslegitimar con una boleta todo el trabajo importante que se hizo”. “Es evidente que un gasto de 110 dólares en realidad no es el foco de este asunto”, opinó, y agregó que hay quienes buscan “desviar la atención” con esta diferencia para no referirse al “emprendimiento delirante” de la regasificadora.
La firma Gas Sayago fue creada en 2011 –es propiedad de UTE (79,35%) y Ancap (20,65%), pero funciona en el derecho privado– para encargarse de la construcción de una planta regasificadora en el oeste de Montevideo, proyecto del gobierno del FA que tenía como socio clave a Argentina. Dos consorcios internacionales ganaron la licitación para la operación de la planta y contrataron a la brasileña OAS para la obra civil, firma que luego quedó envuelta en el escándalo de corrupción de Odebrecht y terminó en la quiebra.
“Irresponsable” o prueba de delitos
La directora del FA en UTE, Fernanda Cardona, aseguró que el informe presentado por PwC es “inadmisible” y afirmó que los directores oficialistas sacaron conclusiones equivocadas del texto.
Consultada respecto de la “membresía piano”, dijo a la diaria que la presunta clase de piano “nunca existió”. Señaló que “lo que tendría que haber hecho PwC es ver de qué se trataba esa factura” en la que constaba la membresía antes de elaborar el informe. En este sentido, apuntó que el informe de la consultora es “magro” y cuestionó el gasto hecho por UTE.
“No sólo se pagaron 13 millones de pesos por una auditoría que no fue tal, sino que además indujo a absolutas equivocaciones y contradicciones”, expresó Cardona. Además, aseguró que los servicios del abogado Jorge Barrera, contratado como asesor por UTE para presentar la denuncia ante la Fiscalía y ejercer la defensa de la empresa, costará 15.000 dólares más IVA.
“Fueron directo a él [por Barrera] a preguntarle cuánto salía; podríamos haber pedido algún otro precio a otros penalistas, pero no, lo arreglaron con él”, dijo Cardona, quien recordó que UTE tiene su propio servicio jurídico. “A lo que se gastó en la eventual auditoría ahora estamos agregando un penalista. ¿Para qué? Me parece que es muy caro montar esta realidad”, acotó. La directora concluyó que el proceso en torno al informe de PwC “parece poco serio, irresponsable” y “muy caro”.
Por su parte, Algorta dijo que la idea de contratar a un abogado penalista ajeno a UTE surgió del propio director del área jurídica del ente, José Alem, ya que la materia penal “escapa a lo que habitualmente se realiza en UTE”. “Lo que no quiere este directorio es llenar al fiscal de papeles sin sentido, sino que le queremos dar el sentido que nosotros entendemos que corresponde y es que aquí evidentemente se actuó con arbitrariedad absoluta y se perjudicó al Estado”, dijo.
El director de UTE afirmó que, tras el informe de PwC, podría demostrarse la existencia de delitos durante el proceso de la regasificadora trunca. “Embarcar al país en un proyecto de esta magnitud sin respaldo técnico, al menos a nuestro juicio, es un acto absolutamente arbitrario que en los hechos perjudicó a la administración, por lo tanto allí hay un abuso del cargo de las autoridades del momento”.
Además, dijo que al informe de la consultora “nadie puede tildarlo de viciado, porque se trata de una empresa independiente de prestigio nacional e internacional que lo que hace es recabar toda la información disponible y hacer un análisis del proyecto”.
Consultado sobre el gasto para contratar a PwC y a Barrera, Algorta dijo que es obligación del actual directorio de UTE investigar el tema y denunciarlo ante la Fiscalía. “Más fácil hubiera sido no hacer nada”, señaló, pero se incumpliría la función que incluye “denunciar las acciones” que se entiendan que tienen “apariencia delictiva”.