El cuadro de situación en Nicaragua durante, al menos, los últimos tres años está descripto por informes concluyentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y diversas entidades internacionales: asesinato de decenas de manifestantes por parte de fuerzas estatales o paraestatales, represión indiscriminada contra la protesta social, arrestos masivos (incluidos adolescentes), miles de heridos y detención de opositores al gobierno de Daniel Ortega.
Ante una nueva oleada de arrestos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, el gobierno argentino eludió sumarse a la condena en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y prefirió emitir pronunciamientos en sintonía con su par de México que, si bien incluyeron críticas, mostraron una retórica contenida. La postura de la cancillería argentina que dirige Felipe Solá despertó la reacción de la derecha, pero también de referentes progresistas que consideran inadmisible quedarse a mitad de camino ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Ejecutivo de Nicaragua.
El chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de Human Rights Watch (HRW) y una de las voces más influyentes en cuanto a derechos humanos en el continente, confrontó pública y reiteradamente sobre Nicaragua con el gobierno argentino y con Solá en particular. La posición de HRW es relevante porque, en contraste con otras ONG, muestra menor sesgo a la hora de cuestionar políticas públicas según la orientación política del gobernante en cuestión.
En una entrevista respondida por escrito, Vivanco profundizó sus críticas al Ejecutivo de Alberto Fernández, contestó sobre la evidente parcialidad del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y explicó su aval a un proyecto para sancionar a Ortega que enarbolan halcones del Senado estadounidense.
El gobierno argentino alega que, al haber objetado por escrito el arresto de opositores y el “deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua, y al haber convocado a su embajador en Managua, mantiene una postura coherente en la materia. ¿Por qué usted entiende lo contrario?
Me parece que la posición de Argentina ha sido zigzagueante. En el Consejo de Derechos de la ONU, en Ginebra, la posición del gobierno argentino ha sido siempre la de condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y eso lo valoro mucho. En cambio, en la OEA, la posición ha sido la contraria. Argentina se abstuvo de apoyar una resolución sobre Nicaragua que fue aprobada por una mayoría abrumadora de 26 votos a favor, cinco abstenciones y tres votos en contra. Para colmo, el gobierno sacó un comunicado junto con México invocando el principio de no intervención y sugiriendo que en Nicaragua aún existen instituciones y procesos democráticos. Esta es una posición muy lamentable. El principio de no intervención no se aplica para cuestiones de derechos humanos; el propósito mismo del derecho internacional de los derechos humanos es consagrar la idea de que hay derechos fundamentales que conciernen a todos y no sólo al país en cuestión. Y así lo han entendido de forma prácticamente ininterrumpida todos los gobiernos argentinos desde la vuelta de la democracia. Me parece muy bien que el gobierno argentino le haya enviado, al parecer, una carta al régimen de Nicaragua criticando las violaciones de derechos humanos. Pero, si aquí estuviera en juego el principio de no intervención, entonces ¿cómo justifican esa carta? La postura ante la OEA es imposible de comprender e incoherente con la valiosa posición de defensa de los derechos humanos que el gobierno argentino ha adoptado en otros ámbitos, en especial en la ONU.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostiene una retórica muy agresiva hacia gobiernos y oposiciones de determinados países, y muy amistosa hacia otros. La actuación de la OEA fue muy cuestionable en Bolivia en 2019. ¿Una conducción tan parcial no aleja la posibilidad alcanzar consensos?
Este es un punto importante. Creo que efectivamente el secretario general de la OEA ha demostrado un doble estándar en cuestiones de derechos humanos. Ha sido muy firme, y está muy bien que lo sea, con Venezuela, Cuba y con Nicaragua. Pero ha adoptado posiciones débiles y ambiguas con otros gobiernos, por ejemplo, con Nayib Bukele en El Salvador. En Bolivia, por ejemplo, Almagro criticó las detenciones de [Jeanine] Áñez y sus ministros con cargos de “terrorismo”. Eso está muy bien porque se trata, como nosotros lo hemos denunciado, de detenciones arbitrarias basadas en un tipo penal abierto que se presta para abusos. Sin embargo, Almagro no dijo nada cuando se aplicó el mismo tipo penal para perseguir, sin ninguna prueba, a Evo Morales. Como nosotros demostramos en su momento, el proceso penal contra Morales fue violatorio de estándares básicos de derechos humanos. Ahora, el propio canciller Felipe Solá ha dicho que el motivo por el cual Argentina se abstuvo de apoyar la resolución sobre Nicaragua no tenía que ver con Almagro, sino con razones de “tipo jurídico”. Me alegra que así sea, porque creo que sería un error que Argentina desaproveche el ámbito de la OEA, que es el más importante a nivel regional, por sus desacuerdos, muchos de ellos legítimos, con el secretario general Almagro.
¿Cuál es hoy la herramienta más efectiva para frenar los abusos de Ortega sin someter a su población a más penurias?
Lo que estamos presenciando en Nicaragua es una crisis de la mayor gravedad. Es una de las situaciones más difíciles que yo haya visto en más de 30 años siguiendo la situación de derechos humanos en toda la región. Jamás había visto que un gobierno se permitiera detener a cinco candidatos a presidente de la oposición en unas pocas semanas, y los sometiera a procesos penales arbitrarios y abusivos. Esta es una crisis que, además, tendrá repercusiones a nivel regional en América Central. Frenar esta arremetida de Ortega y lograr una transición a la democracia no va a ser nada fácil y requiere de un esfuerzo realizado de forma multilateral y concertada por parte de gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos.
Aquí de lo que se trata no es de someter a la población a más penurias. Esa es una fórmula que, en otros países, por ejemplo, en Cuba, no ha funcionado y que puede traer un enorme sufrimiento al pueblo. Por ello, nosotros llevamos años abogando por el levantamiento del embargo a Cuba. En Nicaragua, lo que hay que hacer es aumentar la presión internacional contra el régimen de Ortega, no contra el país. Para ello, nosotros hemos propuesto distintas medidas que, en conjunto, pueden ayudar a frenar los abusos. En primer lugar, creemos que es crucial que el secretario general de la ONU, António Guterres, invoque el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para llevar la situación en Nicaragua a la atención del Consejo de Seguridad. La crisis que se vive en Nicaragua es de tal magnitud que nosotros creemos que debe ser discutida en ese ámbito, al igual que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En segundo lugar, proponemos que los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos presionen al gobierno de Ortega, de forma concertada, para que permita la presencia de observadores internacionales de la CIDH y de la ONU, así como que establezcan sanciones individuales y específicas; es decir, cancelación de visas y congelamientos de cuentas bancarias en el exterior para los funcionarios que estén involucrados en graves abusos. Estas no son sanciones a Nicaragua, sino medidas puntuales para los violadores de derechos humanos. En tercer lugar, creemos que a nivel global los países deben iniciar investigaciones penales, sobre la base del principio de jurisdicción universal, para procesar a los responsables de hechos de tortura ocurridos en Nicaragua. En definitiva, no hay una única medida que pueda ayudar a solucionar esta crisis. De lo que se trata es de desplegar una batería de medidas que aumenten el costo a los jerarcas del régimen si siguen en el camino de cometer violaciones de derechos humanos y transformar a Nicaragua en una dictadura pura y dura.
Halcones en acción
El agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua encendió los motores de los halcones estadounidenses. Hace pocos días, el senador Robert Menéndez (demócrata, de New Jersey) y Marco Rubio (republicano, de Florida) impulsaron la aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores de la denominada ley Renacer, que supone una serie de sanciones políticas, financieras y legales contra Ortega y sus funcionarios. Su primer punto pone la lupa en “los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios”. Además de que llevan la voz cantante contra todo lo que merezca la etiqueta de “chavismo” en América Latina y de haber avalado el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019, Menéndez y Rubio tienen en común haber sido los principales receptores de financiamiento por parte de Paul Singer. Sus objetivos son inequívocos.
Usted apoya el plan enarbolado por los senadores Rubio y Menéndez. ¿No resulta contraproducente embarcarse en un proyecto que parece asociado a los halcones de la política estadounidense?
A mí me parece que lo importante no es quién presenta un proyecto de ley, sino cuál es el contenido de este. El proyecto de ley Renacer, que impulsan varios senadores de los dos partidos estadounidenses, presenta un plan de acción acertado para intentar frenar los abusos de Daniel Ortega. El proyecto de ninguna manera supone la interrupción de ayudas humanitarias. Por el contrario, el proyecto reafirma explícitamente que se deben adoptar todas las medidas posibles para evitar que se afecten negativamente las necesidades básicas del pueblo nicaragüense. Lo que busca el proyecto es fiscalizar y aplicar sanciones individuales, como cancelación de visas y congelamiento de cuentas bancarias, contra funcionarios involucrados en hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y lo que busca el proyecto es que esas iniciativas no se hagan de forma unilateral, sino de manera coordinada con la Unión Europea, Canadá y América Latina. Además, lo que persigue el proyecto es aumentar los controles no para frenar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a Nicaragua, sino para garantizar que los fondos que prestan al país se utilicen para los propósitos que han sido acordados con estos organismos. Como sabes, esa es una exigencia de los organismos multilaterales en cualquier país del mundo, y me parece acertado, y hasta de sentido común, que se aumenten los controles en un país donde no existen entidades nacionales independientes, ya sea jueces, fiscales o contralores, que puedan frenar la corrupción de la familia presidencial.
La situación de los derechos humanos y de respeto a la institucionalidad democrática es muy grave en Nicaragua, pero también lo es en Honduras. Se habla mucho sobre la ausencia de libertades y la represión en Venezuela, que son reales, y bastante menos de las matanzas colectivas en Colombia a manos de paramilitares o de bandas con algún amparo estatal, de lo que hay registros judiciales. La represión reciente de las protestas en Colombia evidenció abusos graves, como denunció HRW. ¿Las organizaciones de la sociedad civil y el sistema interamericano juzgan con la misma vara las situaciones en los distintos países?
Ya te di mi opinión sobre el secretario general de la OEA. Por otra parte, creo que en la Comisión Interamericana de DDHH se hacen grandes esfuerzos por mantener una posición siempre profesional y objetiva. De hecho, tú mencionas a Colombia y es importante mencionar que la CIDH envió recientemente una delegación al país para documentar los gravísimos abusos de la Policía Nacional en contra de manifestantes. Muy pronto van a dar a conocer sus hallazgos, que probablemente incluyan denuncias muy serias de brutalidad policial, tal y como lo hemos denunciado en HRW. La Comisión también ha seguido muy de cerca las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, que constituyen un hecho gravísimo. Colombia probablemente es el país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años, cuestión que nosotros también hemos denunciado. La Comisión también ha criticado, y con mucha razón, la situación en Honduras, donde el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien está siendo investigado en Estados Unidos por narcotráfico, ataca constantemente el Estado de derecho y ha logrado apoderarse de la Corte Suprema y del Congreso.
En cuanto a lo que llamas “organizaciones de la sociedad civil”, no se trata de un ente único, monolítico. Hay organizaciones de todo tipo y, como en todo ámbito, hay grupos más serios que otros. Y algunos pueden tener sesgos ideológicos de derecha, como sugieres, y otros podrán tenerlos de izquierda. A mí no me corresponde juzgar su trabajo. Sólo puedo decir que hay un gran número de organizaciones de derechos humanos que hacen un trabajo muy profesional y fundamental para la vigencia de los derechos fundamentales en la región. Yo siempre he creído que en materia de derechos humanos el énfasis debe estar en evitar el doble estándar y evaluar a los gobiernos sus prácticas y políticas de forma objetiva, sin sesgo ideológico, con una misma vara y sin prejuicios de ningún tipo.
Entrevista publicada originalmente por elDiarioAR.com