Fatou Bensouda, la jefa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pidió el lunes que se abra una investigación contra el gobierno filipino que encabeza Rodrigo Duterte por sospechas de que cometió crímenes de lesa humanidad en el marco de su agresiva política contra el tráfico, la comercialización y el consumo de drogas en el país. “La información disponible indica que miembros de la Policía Nacional de Filipinas, y otros que actúan en connivencia con ellos, mataron entre miles y decenas de miles de civiles”, manifestó Bensouda en un comunicado citado por las agencias de noticias Efe y AFP. En el texto firmado por la jurista nacida en Gambia se establece además que las “ejecuciones extrajudiciales” parecen “haberse cometido de conformidad con una política estatal oficial del gobierno filipino”.
En octubre del año pasado, durante un discurso emitido por la televisión filipina, Duterte afirmó que no tenía problema en asumir la responsabilidad por los asesinatos producidos en la guerra contra las drogas, aunque rechazó que se trate de crímenes de lesa humanidad. “Si hay asesinatos, digo que soy yo. Puedes responsabilizarme de cualquier muerte de la guerra contra las drogas”, manifestó Duterte. “Llévenme a la corte para que me encarcelen. No tengo ningún problema. Si sirvo a mi país yendo a la cárcel, lo haré con mucho gusto”, expresó el mandatario. Sin embargo, contradiciendo este discurso, dos años antes, en 2018, cuando comenzaba a perfilarse esta investigación, Duterte había dicho que no cooperaría con esa corte internacional y que su país abandonaría el Estatuto de Roma. “La CPI jamás podrá tener la competencia para juzgarme”, había declarado en ese momento.
El 17 de marzo de 2019 Filipinas dejo de ser uno de los estados parte de ese estatuto, y por lo tanto de la corte. Debido a la salida de Filipinas de la CPI, el tribunal, que tiene su sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, determinó que la investigación de los presuntos crímenes se limitaría a los hechos que ocurrieron desde el 1º de julio de 2016, el día siguiente de la llegada de Duterte al poder, hasta el 16 de marzo de 2019, un día antes de que el país dejara este ámbito de justicia internacional.
Las cifras oficiales de la Policía estimaban por entonces en casi 5.200 las personas muertas en la política de “guerra contra las drogas” de Duterte, que hizo de tal combate su principal promesa durante la campaña electoral que lo llevó al poder. Pero los números de organizaciones sociales triplicaban el número de muertes.
En el comunicado hecho público el lunes, Bensouda señaló también que es necesario que la investigación comprenda los delitos de tortura y otros cometidos contra la población civil desde 2011. Para que esta investigación avance es necesaria la aprobación del tribunal. Si cuenta con esta, la Fiscalía podrá citar testigos y, si lo considera necesario, pedir detenciones internacionales.
El presidente filipino en numerosas ocasiones expresó abiertamente que está a favor de matar “criminales”, y aunque no reconoce de forma específica que su gobierno haya promovido la actuación de escuadrones de la muerte, hay testigos, como el expolicía Arturo Lascañas, que afirman que Duterte comenzó con esas prácticas cuando era alcalde de la ciudad de Davao, cargo que ocupó en forma intermitente durante 22 años, entre 1988 y 2016. También organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman en un millar las ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes durante su gestión como alcalde de Davao, la tercera ciudad más grande del archipiélago filipino, sólo superada en población por Ciudad Quezón y por Manila, la capital del país.