Una delegación de la Comisión de Industrias del Uruguay (CIU) expuso en el Parlamento una propuesta para elevar de 8% a 20% el régimen de preferencia de las firmas locales en las compras y las licitaciones que realice el Estado. Explicó que esto apuntalará la industria local, que ya venía golpeada en los últimos años y esto se intensificó con la pandemia, y argumentó que todos los países de la región tienen niveles mayores a los vigentes en Uruguay para las compras estatales.
El proyecto fue enviado a los legisladores en noviembre de 2020 y días atrás la CIU acudió para explicarlo a la Comisión de Industria del Senado. El planteo fue bien recibido en general, y el senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio (FA), informó a la diaria que en la próxima sesión propondrá que ingrese a la comisión con la firma de todos los partidos. Esto es “para darle estado parlamentario, no quiere decir que se vote tal cual”, aclaró Sánchez.
En el oficialismo dejaron ver reparos al salto que se daría al pasar de 8% a 20%, señalaron que debe conversarse con el Poder Ejecutivo, y el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto (CA), expresó: “Les tengo que decir con absoluta sinceridad que comprendemos la desesperación de los industriales, pero no puedo negar que, en realidad, estamos emparchando para seguir en carrera, porque, en realidad, el verdadero problema de los industriales está en la tributación, en el costo de la energía”.
Igualmente, el cabildante sostuvo que debe mirarse “con mucha atención” la propuesta de la CIU: “No vamos a desechar este proyecto porque sea un mero parche. Los que somos aficionados al ciclismo sabemos que hay que emparchar para llegar al embalaje”.
La propuesta de los industriales estuvo sobre la mesa días atrás cuando el presidente de la gremial, Alfredo Antía, se reunió con la directora de Industria, Susana Pecoy. El líder empresarial recordó en diálogo con la diaria que la iniciativa “viene de varias puntas”, porque la impulsa la CIU pero es un planteo también del PIT-CNT y que el presidente Luis Lacalle Pou apoyó en su momento.
A raíz de esto último, se formó un grupo de trabajo a nivel del Ejecutivo y según comunicó Pecoy, se viene analizando el proyecto en paralelo con la concreción de preferencias excepcionales para sectores específicos de la industria en licitaciones públicas.
La directora de Industria informó a la diaria que en los últimos días “se cerró un acuerdo para la industria textil y otro para la del calzado, que da 30% de preferencia y 10% de reserva de mercado” en próximas licitaciones. Adelantó que se tomó la decisión en virtud de que “estaban por salir licitaciones de uniformes en grandes cantidades”, y se analizan “otras ramas” para aplicar estímulos similares.
“Puede ser un gran aliciente”
El expresidente de la CIU Washington Corallo, actualmente al frente de la Comisión de Comercio Interno de la gremial, explicó a los parlamentarios: “Uruguay dispone de herramientas creadas para promover su industria, y esas herramientas están expresadas, normalmente, en distintos regímenes de preferencia. En este momento tienen a estudio un borrador de proyecto de ley sobre la idea de promover la industria mejorando los regímenes de preferencia”.
“Reivindicamos la posibilidad y la oportunidad de la industria nacional de abastecer al Estado mediante aquellos mecanismos que pongan condiciones de competencia equiparables. El poder pasar a un margen de preferencia de 20% puede ser un gran aliciente para que más empresas del sector industrial puedan tener posibilidades”, subrayó Corallo.
El abogado Ricardo Olivera García, que integró la delegación como asesor de la CIU, complementó: “Esto, que parece un salto significativo [pasar de 8% a 20% de preferencia], en realidad pretende alinear el régimen de producción uruguayo con lo que está pasando en la región”. Paraguay recientemente “elevó” su margen de preferencia de 20% a 40%, Brasil tiene un régimen distinto, pero que otorga 15% para la industria local, y Argentina reserva 15% para pymes nacionales. “En el contexto regional y hasta el momento, Uruguay es el país que menos protege a su industria nacional con respecto a los vecinos”, añadió.
Ruben Donnángelo, directivo de la CIU, manifestó que por los costos internos hoy “la industria nacional no tiene las posibilidades de competir en igualdad de condiciones con productos importados”, y que “no es tarea fácil para ningún gobierno” incidir en esas variables para mejorar la rentabilidad del sector. Ante esto, sostuvo que “la aprobación de este proyecto de ley subsanaría en parte la productividad perdida” y detalló: “Tiene grandes ventajas desde el punto de vista práctico y de empleo. En las licitaciones públicas todos los días hay trabajo que es llenado, la mayoría de las veces, por productos extranjeros”.
Otro integrante de la delegación empresarial, Leonardo García, sostuvo que “hay rubros en los que el Estado compra 70% del volumen del mercado”, lo que provoca casos de “empresas que decidieron cerrar por perder una licitación, porque lo que les quedaba para vender en el mercado local no era suficiente como para mantenerla abierta”. Además, aclaró que la medida no implica “que el Estado pase a pagar 20% más; es una protección de 20% que en algunos casos se usará y en otros no”, porque, por ejemplo, de haber dos empresas locales, se definirá por precio.