La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) manifestó mediante un comunicado que está “monitoreando” en forma permanente las audiencias de la investigación judicial sobre el asesinato de la dirigente indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres.
El organismo llamó a las autoridades hondureñas a que garanticen que el juicio oral que está en curso y “la decisión del tribunal continúen en el marco de la independencia judicial”. Acnudh alude al juicio que se está desarrollando contra Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), acusado de ser autor intelectual del asesinato de Cáceres, baleada el 2 de marzo de 2016 en su casa, en la ciudad La Esperanza, ubicada en el oeste del territorio hondureño. La dirigente contaba entonces con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había dispuesto medidas cautelares para protegerla de las amenazas de que era objeto, pero no recibió esa protección del Estado hondureño.
Acnudh pidió que las instancias judiciales “se desarrollen bajo los principios del debido proceso”, con garantías judiciales y “permitiendo la plena y efectiva participación de los peritos y testigos y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.
Cáceres, que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca, un proyecto que llevaba adelante DESA en tierras de la comunidad indígena lenca, a la que ella pertenecía. La activista luchó denodadamente contra esa iniciativa por considerar que causaría daños al medioambiente.
En una entrevista que le realizaron en mayo, la hija de Cáceres, Berta Zúñiga, también integrante del Copinh, dijo al diario madrileño El País que el Estado protege a otros involucrados en el asesinato, entre ellos integrantes de la familia dueña de la empresa DESA. “Durante todo este tiempo ha quedado claro que hay una estructura criminal que incluye a personas que son protegidas por el Estado”, afirmó. También cuestionó que la fiscalía desconoció el derecho de los denunciantes a “conocer las líneas de la investigación”. A su vez, el Copinh cuestionó que la defensa de Castillo hizo maniobras dilatorias que retrasaron este proceso por más de 100 días.
Por el asesinato de la dirigente fueron condenadas en 2019 nueve personas, incluidos dos exmilitares y dos empleados de DESA: el gerente de comunicaciones, Sergio Rodríguez, y el jefe de seguridad, Henry Hernández. Tres de los condenados lo fueron por su papel como sicarios del crimen. Algunos recibieron penas de 34 años de prisión, otros de 30, y algunos sumaron otra condena a 16 años por intentar asesinar también a Gustavo Castro, un activista mexicano que se encontraba en la casa de Cáceres.
Además de Acnudh, también manifestó su preocupación por el juicio la Misión de Observación Calificada que sigue este proceso, integrada por organizaciones hondureñas e internacionales vinculadas a distintos actores judiciales y activistas contra la impunidad. De acuerdo con la agencia de noticias Efe, la misión señaló que las pruebas presentadas contra Castillo también mostraron “indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, el Copinh, y la comunidad de Río Blanco, y en la planificación y logística del asesinato”.
Los indicios surgen de “los chats y demás datos extraídos de los teléfonos del acusado” y de las personas ya condenadas por el asesinato, y muestran “acciones de dudosa legalidad por parte de funcionarios públicos y la coordinación de la presunta estructura ejecutora del asesinato con los dueños de la empresa Desarrollo Energético”, manifestó la misión. Advirtió además que es relevante que el caso se esclarezca para así “enviar una fuerte señal de que los crímenes contra quienes defienden los derechos humanos no serán tolerados”.