La Organización de las Naciones Unidas manifestó al gobierno de Nicaragua que es su responsabilidad preservar la seguridad de Cristiana María Chamorro y de los demás líderes políticos. Chamorro, hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios, más conocida como Violeta Chamorro, pertenece a una de las familias más ricas de Nicaragua y es descendiente de otros dos expresidentes que tenían su mismo apellido. Por décadas condujo una fundación con el nombre de su madre y fue periodista y vicedirectora del diario de su familia, La Prensa.
En febrero decidió cerrar la fundación porque el gobierno de Daniel Ortega aprobó una ley por la cual las organizaciones que fueran financiadas desde el exterior debían registrarse como “agentes extranjeros”.
Con las elecciones del 7 de noviembre por delante, Chamorro anunció su voluntad de postularse a la presidencia en una lista opositora que compita con Ortega. El gobernante intentará conseguir una nueva elección para mantenerse en el cargo que ocupa desde 2007, con su popularidad debilitada después de las protestas de 2018, en las que la represión policial y de grupos armados oficialistas causó más de 300 muertos.
Según una encuesta de Gallup, Chamorro se colocó de inmediato a la cabeza de los votantes opositores. Pero el martes fue acusada por la fiscalía de varios delitos. Según el Ministerio del Interior, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro “incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador” y se encontraron en su administración “claros indicios de lavado de dinero”. La jueza Karen Chavarría accedió a las “medidas precautelares” que pidió la fiscalía, allanó la casa de Chamorro y la inhabilitó para competir por la presidencia. Desde entonces, Chamorro se encuentra en su casa, incomunicada y vigilada.