Legisladoras del Frente Amplio (FA) denunciaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) el accionar del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por divulgar información sobre el “recorrido por los servicios de atención” a víctimas de violencia de género de Andrea Panini, la mujer de 43 años que fue reportada como desaparecida el 10 de junio y fue encontrada el viernes en Córdoba, Argentina.
Hicimos la denuncia correspondiente a la @INDDHH_Uy sobre la publicación y el uso del historial de atención de una víctima de violencia basada en género por parte del Inmujeres.
— Mica Melgar (@MicaMelgar) June 21, 2021
Tras la aparición con vida de Panini, Inmujeres publicó en Twitter un comunicado que brindaba detalles del “nombre de la usuaria, las fechas donde fue atendida y las locaciones donde se le brindó asistencia”. El comunicado, según informó el instituto, fue difundido en respuesta a “comentarios públicos” que cuestionaron la actuación de Inmujeres. Las legisladoras entienden que, de esa forma, el instituto atenta contra el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, previsto en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Asimismo, señalan que el organismo viola el Protocolo de Actuación de la Red de Servicios de Atención a la Violencia Basada en Género y la Ley de Protección de Datos Personales.
En la denuncia, las legisladoras recuerdan que la Ley 19.580 define la “violencia institucional” como “toda acción u omisión de cualquier autoridad, funcionario o personal del ámbito público o de instituciones privadas, que discrimine a las mujeres o tenga como fin menoscabar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mismas, así como la que obstaculice el acceso de las mujeres a las políticas y servicios destinados a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones de violencia”. En esa línea, aseguran que Inmujeres ejerció violencia institucional contra Panini, ya que atentó contra sus derechos y “erosionó la legitimidad de la institución frente a otras posibles víctimas que vean su confidencialidad en riesgo”. Además, consideran que ejerció la “revictimización o victimización secundaria, que es lo que emerge de la relación con los servicios de atención, por ejemplo cuando la víctima tiene que someterse a situaciones que agravan su daño causado por la exposición”.
El documento fue firmado por 12 legisladoras: Ana Olivera, Camila Pérez, Cecilia Bottino, Dayana Pérez, Inés Cortés, Laura Caffaro, Lilián Galán, Margarita Libschitz, Margarita Casás, Micaela Melgar, Verónica Mato y Graciela Villar.
Las legisladoras solicitaron a la INDDHH que “tome cartas en el asunto” e inicie una investigación sobre lo ocurrido. A su vez, pidieron que “se haga una revisión de los protocolos de atención a las víctimas de violencia basada en género y el tratamiento de los datos, así como de los protocolos de comunicación y uso de redes sociales del instituto”.