El 28 de julio de 1821, el prócer José de San Martín proclamó en Lima la independencia peruana del Reino de España. Este año, el día en que se cumplirá el bicentenario de dicho episodio histórico, el actual presidente peruano, Francisco Sagasti, le pasará el mando a su sucesor, Pedro Castillo, quien de acuerdo al Órgano Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue el candidato más votado en las elecciones celebradas el 6 de junio, en las que su adversaria fue Keiko Fujimori.
Claro está que antes de que eso se concrete muchas cosas pasarán en Perú, que desde hace semanas vive una situación de creciente inestabilidad debido a la incertidumbre del recuento de los votos de las elecciones, que culminó el martes de tarde.
Castillo superó a Fujimori por poco más de 44.000 votos, pero la cuestión no terminó ahí. Ahora el tema está en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano que está revisando las actas impugnadas y que es, en definitiva, el que declarará al ganador de los comicios. La mayor parte de las impugnaciones fueron presentadas por los representantes legales de Fujimori, quien ha denunciado la existencia de un fraude en las elecciones e intentado por todos los medios deslegitimar el triunfo de su oponente.
Mientras algunos legisladores piden la anulación de la segunda vuelta, argumentando la falta de cristalinidad del proceso de conteo de los votos, el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, expresó este miércoles que la participación de las autoridades electorales fue “idónea y sacrificada”, y además pidió a todos los actores involucrados tener paciencia y bajar las tensiones. “Es necesario que la polarización y la división, las fake news y la desinformación no sigan siendo parte de nuestra agenda diaria. Como país tenemos que pensar en el futuro”, dijo el presidente del JNE en declaraciones recogidas por el diario limeño La República. Vale aclarar que la determinación del JNE sobre quién ganó las elecciones, que puede demorar varios días más, será inapelable.
En la tarde de este miércoles alrededor de un millar de militantes campesinos llegados desde diversos puntos del país se concentraron en la plaza San Martín de Lima y frente al edificio donde tiene su sede el JNE. El presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P), Santos Saavedra, sostuvo que esta movilización es la inicial y remarcó que en los próximos días llegarán a Lima más militantes, que no se irán hasta que Castillo sea proclamado presidente. “Ya llegaron 15 delegaciones, mañana llega otro grupo y en los próximos días seguirán llegando más ronderos de todas las regiones para defender en las calles la voluntad popular expresada en los votos. No nos iremos hasta que el JNE se pronuncie e instalemos al presidente de la República”, declaró Saavedra.
En medio de un clima tenso –también se registraron manifestaciones de militantes fujimoristas frente a los domicilios de algunos de los integrantes del JNE–, los equipos legales de ambas partes actúan a la espera de la decisión final.
Aníbal Torres, abogado que representa a Perú Libre, el partido de Castillo, dijo este miércoles que desde Fuerza Popular “lo único que se está haciendo es dilatar este proceso para justificar supuestas o pretendidas acciones posteriores, como realizar un golpe de Estado o pedir la nulidad de todas las elecciones; esto quiere decir, exactamente, dar un golpe de Estado a un presidente elegido y todavía no proclamado”. En declaraciones radiales, Torres reiteró que el horario establecido para presentar los recursos de nulidad fue hasta las 20.00 del día miércoles 9 de junio, por lo que el partido fujimorista no tendría opción de presentar nuevas solicitudes.
Si bien Fuerza Popular presentó 940 pedidos de nulidad de actas, sólo 134 fueron notificadas dentro del límite vigente. Además, de acuerdo a lo que informó el portal Ojo Público, de estas 134 solicitudes, 94 ya fueron rechazadas por las entidades electorales y restan únicamente por resolverse 43 pedidos.
“[Fuerza Popular] conoce el reglamento y está actuando de mala fe, nada más que eso. [...] Lo que presenten con posterioridad a las ocho de la noche no tiene ninguna trascendencia, ya no se puede volver sobre lo mismo”, explicó Torres. El tema de la limitación horaria para la presentación de impugnaciones es uno de los aspectos legales sobre los que se apoya la frágil estrategia del partido de Fujimori, quien teme que, al no ser electa presidenta, pueda volver a ser encarcelada por los hechos de corrupción que se le atribuyen, por los que ya estuvo en la cárcel 16 meses.