“No hacer lugar a la petición formulada por los señores Lucía Topolansky, Sandra Lazo, Eduardo Bonomi, Alejandro Sánchez y Charles Carrera, al amparo del artículo 318 de la Constitución de la República, haciéndoles entrega de una copia de la Resolución del Consejo de Ministros de 24 de setiembre de 2018”. Así respondió Presidencia de la República a una solicitud de información que realizó el Frente Amplio (FA) para acceder a las actuaciones en torno al juicio entre Uruguay y la firma minera Aratirí.
En agosto de 2020, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya rechazó los reclamos presentados por los empresarios detrás del frustrado proyecto de Aratirí, liderado por la empresa india Zamin Ferrous, que preveía instalarse en Durazno y Florida para extraer minerales. El fallo favorable a Uruguay culminó un litigio iniciado en 2017 y obligó a los demandantes a pagar los costos ocasionados.
Días después de conocerse el resultado, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo al diario El País que el gobierno pediría al tribunal arbitral que haga pública la resolución del caso, llamada laudo. Explicó que si bien cuando pierde una multinacional no suele difundirse el documento para no afectar su imagen, “nosotros vamos a pedir su publicación”. Hasta el momento no hubo novedades sobre este punto.
El caso de Aratirí tuvo diversas derivaciones políticas; la última fue el rol en el juicio del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. En diciembre de 2019, ya estando designado, el jerarca declaró en el juicio en Washington y se generó un debate entre gobierno y oposición sobre si su actuación fue de carácter técnico o como asesor de los demandantes.
Así fue que en marzo cinco senadores del MPP —Eduardo Bonomi, Sandra Lazo, Lucía Topolansky, Charles Carrera y Alejandro Sánchez— pidieron a Presidencia “acceder a la totalidad de las actuaciones arbitrales”, en busca de saber más sobre el rol de Alfie en el litigio. La respuesta llegó el 2 de junio, en una resolución que deniega la solicitud y recuerda lo dispuesto previamente por el gobierno del FA.
En 2018, ante el reclamo de acceso al expediente del juicio que realizó, entre otros, el abogado Gustavo Salle, y que tuvo un fallo favorable en primera instancia, el gobierno encabezado por Tabaré Vázquez consultó al respecto al tribunal internacional. El órgano ratificó la confidencialidad de lo actuado y así lo recuerda Presidencia en la reciente resolución. Además, cita la resolución de setiembre de 2018 del Consejo de Ministros que “clasificó como confidencial toda la información intercambiada o presentada en el referido procedimiento arbitral, incluyendo, específicamente, la demanda y sus anexos”.
Presidencia agrega que cualquier decisión “que altere el orden del proceso o afecte la integridad del arbitraje, torna a nuestro país responsable internacionalmente por violación de los tratados internacionales de que el Estado es parte y ha ratificado e incorporado a su legislación nacional”.